por El Mostrador 18 julio, 2020
Foto: Agencia UNO
Han pasado nueve meses desde el 18 de octubre de 2019, el día que, según el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, la opinión pública global empezó a mirar a Chile "con otros ojos", impactada por las graves violaciones a los derechos cometidos en una democracia que era vista como ejemplar", dice Micco, para quien si se hace poco o nada por avanzar, en los dos próximos años, la posición internacional de Chile quedará muy dañada. "Esta vez, la justicia debe llegar sin tardanza", sentenció.
Sábado 18 de julio de 2020 y en entrevista con El Mercurio el jefe del INDH, Sergio Micco, lamentó el estado de las causas judiciales relacionadas con delitos cometidos por agentes del Estado durante las protestas del denominado 18-O. El director del ente que vela por los Derechos humanos en Chile dijo al matutino que, si bien la facultad de investigar e impartir justicia le corresponde al Ministerio Público y a los tribunales, el trabajo del INDH es indispensable, ya que es "una parte de un sistema penal y estatal que debe trabajar coordinadamente". Bajo esa mirada, Sergio Micco manifestó que "la lentitud del sistema se ha transformado en nuestro mayor obstáculo y es imperioso que el Estado priorice la investigación de las causas de derechos humanos".
El director del INDH advirtió que, si se mantiene la lentitud de las investigaciones, "no tendremos ni verdad ni justicia al final de este Gobierno". En paralelo, apuntó Sergio Micco, las medidas de reparación a las víctimas son imprescindibles y a la fecha han sido "insuficientes". Dijo que se necesitan medidas que aseguren "la no repetición de estos graves hechos".
El INDH ha presentado 2.066 querellas vinculadas a la crisis social, a favor de 2.400 víctimas. Y la mayoría, dijo Micco, se refieren a "tratos crueles, inhumanos y degradantes". De todas esas investigaciones, a nueve meses del estallido, solo hay 25 causas formalizadas, agregó. "Muchos de estos casos son por el uso indebido de la escopeta antidisturbios durante manifestaciones, donde no es fácil determinar responsables", explicó el titular del INDH que acusa la existencia de dificultades propias del sistema de justicia penal chileno, como "la lentitud de las investigaciones, la sobrecarga de trabajo de los fiscales y la ausencia de medidas de fortalecimiento de instituciones clave para la administración de justicia", señaló.
Pero ¿por qué no se están priorizando las causas? Sergio Micco dice que, por la gravedad de los delitos, el Ministerio Público debiera priorizarlos, sin embargo, "la Brigada de Derechos Humanos de la PDI hoy no tiene presencia regional; el Servicio Médico Legal, ante la pandemia, informó que suspendió la aplicación del Protocolo de Estambul, indispensable para que avancen las investigaciones por tortura; y el Estado no entrega los recursos suficientes para lograr la especialización de fiscales en derechos humanos", argumentó Micco.
"Si algo tenemos claro", concluyó el director del INDH, es que es casi imposible pronosticar lo que vendrá. "Esperamos no volver a ver violaciones de los derechos humanos y violencia en las calles, pero si ocurre, el INDH tiene claro su rol: observar las manifestaciones, comisarías y centros hospitalarios; acoger las denuncias ciudadanas y accionar judicialmente; llamar a que el derecho de reunión se ejerza pacíficamente, condenado la violencia y vigilando que la fuerza pública actúe con el más estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y protocolos que la rigen, además de recomendar a las autoridades medidas para prevenir vulneraciones", finalizó el director del INDH, Sergio Micco.
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