Con el plan “Paso a Paso” se ha iniciado un proceso de desconfinamiento dinámico y sectorial basado en datos de trazabilidad que, en palabras de la subsecretaria Paula Daza, son “poco rigurosos”. Se trata de una apuesta osada que reafirma que el cambio de mando en el Ministerio de Salud fue solo un reemplazo nominativo. No ha habido cambio de estrategia. El Gobierno insiste en que el contagio progresivo de la población es la mejor forma de hacer frente a la pandemia y ha optado por confiar en la respuesta del sistema sanitario en lugar de focalizar todos los esfuerzos en frenar la cadena de contagios.
Esta decisión de levantar cuarentenas en ciertos sectores del país se toma cuando el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) ha informado más de 13 mil personas fallecidas con PCR positivo y/o diagnóstico clínico de coronavirus. Esto seguramente tendrá consecuencias éticas relevantes: si la estrategia actual ha posicionado a Chile como uno de los países con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo, iniciar un desconfinamiento en este contexto es, en cierto modo, aceptar que la elevada mortalidad es un costo aceptable; es afirmar tácitamente que la táctica del Gobierno contempla que un segmento de la población debe morir en el camino y que esto no supone un problema moral.
Ahora bien, ¿es la muerte controlada moralmente aceptable? ¿Es correcto sacrificar a un grupo para salvar a otro? Para responder a estas interrogantes puede ser útil recurrir a las tres aproximaciones éticas más relevantes en los debates contemporáneos: Consecuencialismo, Deontología y Ética de la virtud.
Desde el enfoque consecuencialista, debemos comparar a los(as) más de 13 mil fallecidos(as) actuales, además de considerar a los(as) que vendrán, con los eventuales efectos positivos de la estrategia: inmunidad y reactivación económica. Sobre la base de este balance, diríamos que el plan del Gobierno es bueno si las consecuencias positivas son superiores a las consecuencias negativas. Por otro lado, la Deontología seguramente rechazaría la estrategia por violar la segunda formulación del imperativo categórico kantiano: dejar morir a un grupo de personas es concebirlas como un medio y esto es, independientemente de las consecuencias, moralmente inaceptable. Finalmente, la Ética de la virtud evaluaría la táctica sobre la base de su conformidad con la virtud y se preguntaría lo siguiente: ¿es prudente continuar con una estrategia cuya tasa de mortalidad es, a la luz de la evidencia internacional, considerablemente alta?
Sabemos que los dilemas bioéticos rara vez tienen una respuesta unívoca. Sin embargo, en este caso, parece posible lograr un cierto consenso: considerando que la inmunidad de grupo aún es lejana y que los efectos económicos de las cuarentenas dinámicas han sido devastadores en comparación con países que han decretado medidas más estrictas –paradigmático es el caso de Nueva Zelanda, cuyo riguroso plan de acción explica hoy su triunfo sobre el virus y su consecuente reapertura económica–, aparentemente los efectos negativos de la estrategia exceden los posibles beneficios, por lo que el consecuencialismo estaría del lado de la Deontología –aunque por distintos motivos– y rechazaría la estrategia.
Del mismo modo, las declaraciones de la subsecretaria en torno a la escasa solidez de los datos que sustentan al plan de desconfinamiento nos hacen sospechar que la respuesta desde la Ética de la Virtud sería, al igual que las otras doctrinas, negativa: no es prudente tomar decisiones poco rigurosas que pongan en riesgo la vida de las personas. Y si se ha actuado imprudentemente en el pasado, lo virtuoso sería enmendar el camino, aprender de los errores y superar la situación actuando guiados por la recta razón.
El futuro del plan de desconfinamiento es aún incierto –aunque la evidencia comparada arroja luces sobre el porvenir a partir de los rebrotes en Asia y Europa–, pero sus consecuencias bioéticas son evidentes: ante la lamentable cifra de más de 13 mil vidas humanas perdidas, el plan propuesto supone continuar por un camino de compleja justificación moral. Una vez superada la crisis, entonces, habremos de preguntarnos: ¿quién asumirá la responsabilidad de una tragedia que, como han insistido hasta el cansancio los(as) especialistas, pudo haberse evitado o, al menos, moderado? ¿Cuáles serán los efectos psicológicos y sociológicos de haber apostado por una estrategia que supone “normalizar” la muerte viral de un grupo de la población?
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