Agencia Uno /La repartición de cajas de alimentos, que a muchos municipios dejó gusto amargo por la improvisación y la falta de cobertura prometida, tendrá su etapa 2.0 en los próximos días. Desde el inicio, sin embargo, algunos jefes comunales advirtieron sobre un aumento en el riesgo de contagio para repartidores y vecinos. Hasta ahora no hay datos sistematizados sobre cuantos funcionarios municipales se contagiaron. Ni asociaciones de municipalidades ni el Ministerio de Salud conocen el detalle. Pese a esto algunos municipios entregaron las cifras a El Desconcierto, pero advierten que podrían aumentar por los últimos test que aplicaron y que podrían responder a contagios provocados en la última etapa de la distribución. A esto se suma otro dilema: funcionarios contagiados han sido calificados por sus aseguradoras de seguros como “enfermedades comunes” y no laborales, negándoles su cobertura, aun cuando estuvieron expuestos a altas probabilidades de contagio dentro de sus jornadas laborales.
Pasaron dos semanas desde que se inició la repartición de cajas y, a principios de junio, Rodrigo Vásquez supo que era positivo de COVID-19. Él es funcionario de la municipalidad de Lo Prado y participó activamente del proceso. Aunque asegura que tomaron las precauciones de usar mascarillas y mantener la distancia, de todos modos, contrajo el virus que lo tuvo casi tres semanas con licencia en su casa.
Si es que mantuvo contacto estrecho con alguna familia diagnosticada con Covid, dice que posiblemente, pero, en realidad, como equipo desconocían completamente las condiciones exactas de salud de los vecinos que salían a recibir la mercadería. A menos que se lo dijeran directamente, también con la posibilidad de ser asintomáticos.
—El registro de los Covid, tu sabes, es súper secreto, entonces, no teníamos idea quiénes estaban contagiados. Hablábamos de (cifras) totales, pero no teníamos nada georreferenciado, ni nada. Nosotros manteníamos medidas de seguridad, pero la gente también estaba muy desesperada por recibirla y salía no más. Entonces, qué le ibas a estar diciendo ‘oiga vaya a ponerse la mascarilla, mantenga la distancia social’, no, la gente quería la caja ya—, cuenta.
Ahora que el gobierno anunció la etapa 2.0 de la entrega de cajas, Vásquez cierra toda posibilidad de volver a participar después de su primera experiencia.
—El miércoles supuestamente comienzan a llegar las cajas acá, obviamente yo y mi gente (departamento de medioambiente) no vamos a participar. Además, son menos cajas, va a ser menos tiempo y se va a ordenar desde el municipio. Ya no se va a esperar a que lleguen los lineamientos del nivel central ¿Imagínate si me pasa lo de Ossandón? No, yo no voy a participar para no exponer a la gente con la que trabajo ni contagiarme de nuevo—, expresa.
El domingo pasado se trasladaron cientos de cajas de alimentos hasta el Movistar Arena, donde el Ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, proyectó la entrega de 3 millones de ellas: la mitad para la Región Metropolitana y la otra para regiones. El anuncio de la nueva fase del plan “Alimentos Chile” fue recibido entre las críticas de parlamentarios y alcaldes por el nivel de improvisación y el gusto amargo que dejó en muchos municipios esta medida del gobierno para sortear los efectos de la pandemia.
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Desde un inicio, no solo los jefes comunales alertaron sobre las consecuencias que traería implementar esta medida, también lo hicieron los propios encargados municipales de la distribución de las cajas, quienes durante estos meses han estado en la “primera línea” de la ayuda. Al comienzo se reveló la falta de protección que muchos de ellos tuvieron que enfrentar y la descoordinación que hizo que llegaran cajas a hogares que realmente no los necesitaban.
Pero, en este despliegue territorial, ¿cuántos trabajadores municipales resultaron contagiados repartiendo cajas? Ad portas de enfrentar una segunda etapa, ¿las autoridades han hecho un catastro sobre el impacto laboral que generó implementar la medida?
Cajas para la segunda etapa en San Ramón
No hay registro de contagiados
“Ya comenzamos la entrega de cajas de alimentos en nuestra comuna. A partir de hoy y al menos durante seis semanas, funcionarios coordinados entregarán esta ayuda del gobierno a las familias más vulnerables de Conchalí”, este tweet fue publicado por el alcalde de esta comuna René de la Vega, el 24 de mayo pasado, para dar inicio a la primera fase de la distribución. En las fotos se veía una decena de funcionarios, con overoles y mascarillas, bajando cajas de camionetas y recorriendo los barrios.
Más abajo, en una de las respuestas a una publicación, se deslizaba la duda: “Habiendo foco de contagio entre funcionarios municipales, cómo aseguran la entrega de cajas, cuántos funcionarios hay contagiados en la municipalidad de Conchalí?”
Daniel Quezada, presidente de la Asociación de Funcionarios de Conchalí, reconoce que ha sido muy complejo determinar el número de contagiados. “La autoridad trata de bajarle el perfil, nosotros hemos ocupado algunas modalidades que han permito que nos vayan contando”, asegura. En total, dice en el municipio cuentan aproximado 50 funcionarios municipales contagiados en total, de ellos solo una estuvo involucrada directamente en la entrega de cajas.
Las cifras generales sobre los funcionarios contagiados en esta pasada no están. Son datos que maneja cada municipio y de los que ambas asociaciones de municipalidades no tienen claridad. Felipe Delpín, alcalde de La Granja y presidente de la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), dice que no hay registro sistemático de ellos, pero sí saben que, al andar en la calle, casa a casa, subiéndose en minibús y camioneta se ha producido un número no menor de funcionarios contagiados. “Equipos completos, inspectores, personal de la Dideco que generalmente son funcionarios que están en terreno y que en estas actividades asumen un rol mucho más protagónico han sufrido los contagios. Eso ha sido así, se ha visto y el gran temor de esta segunda entrega de alimentos es que aumente el número porque los funcionarios van casa a casa conversando con mucha gente y los vecinos no todos se cuidan, otros lamentablemente son asintomáticos y no lo saben”, dice.
En tanto, de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) tampoco cuentan con los antecedentes sistematizados. El Ministerio de Salud , las seremis de Salud y Trabajo, también fueron consultados, pero desconocían el número de casos.
En el caso de Independencia, Gonzalo Durán, alcalde de esa comuna, explica que fueron 80 trabajadores diarios los que salieron a entregar las cajas, de ellos, cerca de 40 se mantuvieron fijos en esta función. De ellos, cuentan seis como contagiados en el proceso de distribución. “No significa necesariamente que ahí se hayan contagiado, pero participaron de manera directa en dicho proceso. Los otros son personas de distintas direcciones que han tenido en algún momento contagio”, explica, haciendo la salvedad que en estos últimos días se realizó un testeo masivo a los trabajadores donde advierte que posiblemente se registren casos de contagiados durante la última etapa del proceso de repartición de cajas.
Lo mismo explica el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos: “Funcionarios permanentes debe haber habido entre 20 y 25 personas, no eran siempre los mismos, nos fuimos turnando por el tema de la cuarentena. Contratamos más camionetas, teníamos seis y llegamos a 10, y contratamos 10 más casi al final del proceso cuando ya nos quedaban cerca de 10 mil cajas (…) Contagiados en la entrega fueron cuatro”, detalla. Y agrega que en ese momento tenían cerca de 2 mil contagios en la comuna, hoy suman cerca del doble, entonces era un escenario de mucha exposición para los funcionarios.
Una de las comunas de la Región Metropolitana con mayor tasa de mortalidad por el virus es Cerro Navia. Si bien su alcalde Mauro Tamayo explica que no tienen registro de funcionarios que se contagiaran en este proceso, sí reconoce que era un riesgo para el que debieron invertir en elementos de protección personal adecuados. Asegura que la característica de la primera etapa fue la improvisación. “Fue una medida irreflexiva, no planificada, por tanto, se anuncia algo y no había información real, sin plazos. Además, un criterio absolutamente discrecional y poco transparente con la cantidad de cajas, todavía no pueden explicar por qué comunas ricas, como La Reina y Providencia recibieron cajas”, indica. En cuanto a las cifras, precisa que inicialmente el gobierno prometió 38 mil cajas y llegaron 35 mil en total a la comuna.
En otros municipios consultados, algunos encargados de la repartición de cajas dieron cuenta de casos que conocían. En San Ramón, por ejemplo, explicaron que cuatro funcionarios contrajeron el virus después de las salidas en terreno. Mientras que en Puente Alto y en El Bosque informaron que no tenían contagiados por estos motivos.
“Enfermedades comunes”
Una situación que preocupa a los funcionarios que han estado repartiendo cajas, de cara a esta segunda entrega, es que al resultar contagiados las mutuales están considerando que se trata de una “enfermedad común” y no laboral. Esto pese a exposición que enfrentaron durante días donde las probabilidades de contagio eran muy altas.
De esto, tres ejemplos que fueron conocidos por El Desconcierto: En sus declaraciones de accidentes profesionales que entregaron, un funcionario explica que previo a conocer el test PCR+ “durante toda la semana estuve trabajando en entrega de cajas a vecinos vulnerables con COVID+”. La última vez que se presentó a trabajar fue a durante la primera quincena de junio. Luego otro trabajador declaró haberse contagiado por haber mantenido contacto estrecho con su compañero que contrajo el virus estando en las mismas funciones. Un tercer funcionario señaló haberse contagiado “al realizar entrega de cajas comunitarias a personas vulnerables en un sector de la comuna”.
Para ellos la resolución de la ACHS fue la siguiente:
De hecho, el mismo alcalde de La Granja, Felipe Delpín, ha asegurado conocer casos en su comuna. “Las mutuales como la ACHS, que tiene contrato con la municipalidad de La Granja hace muy poco, han optado por no reconocer como enfermedad profesional el contagio del Covid. Nosotros como municipio hemos manifestado que deben asumir esa responsabilidad, ellos han actuado con una mirada absolutamente desde la salud empresarial y, por lo tanto, buscando ahorrar los recursos, no quieren pagar las licencias, no quieren hacerse cargo de los tratamientos de los funcionarios que se han contagiado”, reclama.
Como integrante del área de Salud de la AChM y de la Mesa Social Covid, Delpín asegura que ha sido un tema planteado tanto al Ministerio de Salud y del Interior. Por otro lado, agrega que las aseguradoras no pueden valerse solo del control de la enfermedad a través del uso de mascarilla, porque eso no asegura el no contagio: “Nosotros hemos dicho que no es así, que las personas no se contagian solamente por el no uso de mascarilla, sino que también se puede contagiar por el contacto de una superficie o bien como se ha dicho hoy día, el virus puede estar en el aire como lo ha dicho la OMS”.
Como municipio explica que han apelado a estas decisiones que finalmente termina por no cubrir el tratamiento de salud de los funcionarios. “Estaremos evaluando cuáles serán nuestras decisiones a futuro porque desde nuestra mirada no cumplen con lo que son sus obligaciones sanitarias”, acota. Este martes, de hecho, la última información entregada desde el municipio fue que luego de una apelación le cambiarían la calificación a dos de los trabajadores que en un comienzo no consideraron como enfermedad de origen laboral y les darían cobertura.
Desde marzo la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso) ha emitido una serie de dictámenes sobre el acceso a prestaciones en casos Covid. El primero, a inicios de ese mes, decía que se iba a presumir el origen laboral de los casos covid, significa que aplicaría el seguro de accidente del trabajo de enfermedades profesionales. Una vez en fase 4, envió nuevos pronunciamientos donde indica que el origen debe ser justificado y, luego, se indica que dará cobertura solo a profesionales del área de salud, excluyendo a otros rubros.
Consultada esta repartición enviaron un boletín normativo donde se establecen los criterios para acceder a las prestaciones [ver aquí]. Por ejemplo, se describen los requisitos para calificar como contactos estrechos: haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro o haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla, además de los casos sospechosos y probables.
De acuerdo a los dictámenes, los casos de contactos estrechos que determine la autoridad sanitaria como de causa laboral estarán cubiertas por la ley 16.744. En estos casos los trabajadores, una vez calificados, recibirán prestaciones económicas y médicas, de requerirlas. Solo se garantiza que sea enfermedad de origen laboral para los trabajadores de establecimientos de salud que tengan contacto estrecho, salvo que se demuestre lo contrario, indica el oficio de la Suceso. Y esto, aseguran, es la primera vez en la historia que la Suceso establece que una enfermedad infectocontagiosa puede ser considerada de origen laboral.
En Conchalí, el presidente de la Asociación de Funcionarios lamenta que no sean considerados con inmediata cobertura estos otros funcionarios, además de los repartidores de cajas, se refiere a los funcionarios del área de tránsito que han seguido extendiendo permisos de circulación o a los que atienen a personas por pagos de patentes y han resultado contagiados. La trazabilidad, es compleja, aclara, pero la exposición permanente es un factor de alto riesgo de contagio.
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