El caso de Antonia abre heridas. Millones de mujeres vemos pasar nuestra propia experiencia por delante. Desgraciadamente.
Ese dolor colectivo se transformó en rabia y lo que pudo ser una jornada de respiro para el régimen tras la votación del 10%, fue en realidad un nuevo fantasma de la revuelta, con las mujeres al frente.
Millones de voces femeninas se levantaron en redes sociales, en el cacerolazo, con barricadas a lo largo de todo Chile, en cada esquina. También con el apoyo de nuestros familiares y amigos varones que no violan, matan, golpean o maltratan.
Rompiendo la cuarentena y el toque de queda volvimos a salir a la calle. Exigiendo #JusticiaParaAntonia y denunciando la violencia hacia el pueblo mapuche y los miles de presos de la revuelta, en contraste con la impunidad de la que gozan agresores sexuales como Pradenas. Es que la justicia es patriarcal, racista y también de clase.
En una sola jornada las barreras de la cuarentena y el toque de queda que parecían infranqueables se rompieron. Pradenas fue sentenciado con el mismo régimen que hoy mantiene confinado a todo un país. Injusticia, fue el sentimiento de las millones de personas que siguieron en vivo el juicio.
En Chile la prisión preventiva, que no garantiza el derecho a defensa, se utiliza frecuentemente. Es en realidad una herramienta contra los pobres, contra las mujeres, contra el pueblo mapuche y los luchadores sociales de la revuelta como el profesor Roberto Campos, quien estuvo 3 meses en prisión preventiva sólo por el hecho de patear un torniquete.
El caso de Martín Pradenas reviste un carácter muy diferente: no sólo fue acusado de abuso sexual y violación, sino que además destruyó evidencias, es decir, obstaculizó la investigación. ¿Quién y cómo se garantiza que no lo seguirá haciendo? Y, la pregunta que nos hacemos todas y todos, después de tal cantidad de denuncias ¿por qué no se le considera un peligro para la sociedad? Sin embargo, como excepcionalidad de la aplicación a mansalva de la prisión preventiva como castigo anticipado (que es el carácter que le ha otorgado la propia justicia burguesa), él sí se encuentra en su hogar.
¿Es que la justicia chilena se contradice? En realidad no, devela en cambio su razón de ser, su más profundo sentido, su carácter patriarcal y capitalista.
Si bien tenemos que seguir luchando por #JusticiaParaAntonia, no podemos depositar nuestra confianza en las instituciones del Estado, porque esta justicia nunca hará justicia.
Como planteaba Andrea D’Atri, «la legítima búsqueda de justicia ante los crímenes de odio, como los femicidios, paradójicamente conduce a limitar la definición de violencia patriarcal a la estrechez de las figuras jurídicas estipuladas en el sistema penal. El Derecho nos devuelve impotente las limitaciones que tiene la búsqueda de la eliminación de la opresión con los mismos instrumentos con los que la misma es legitimada y reproducida.”
Porque lejos de ser una vía en la cual las mujeres podamos confiar, los jueces y todo el sistema penal no han hecho más que revictimizarnos.
Una respuesta podría encontrarse, en cambio, en las movilizaciones que se vivieron la jornada de este miércoles que recordaron al gobierno y al Estado de Chile la fuerza de la rebelión. Con las mujeres al frente nuestra fuerza puede ser imparable.
La continuidad de la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana es también una clave, lejos de la convención que nos impide, por ejemplo, elegir qué temas discutir.
¿Por qué no pelear por jueces que se escojan por sufragio universal y por jurados populares? ¿Por qué no exigir que en los casos de agresiones sexuales participen comisiones independientes de mujeres, con especialistas en violencia de género?
Queremos una asamblea constituyente donde esos senadores y diputados de los partidos del régimen no decidan por nosotras.
Hoy más que nunca es necesario fortalecer la organización desde la base de mujeres, trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche; fortalecer los comités de emergencia que se han levantado en pandemia y también las asambleas territoriales con el fin de retomar la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde nosotras decidamos y en la cual podamos proponer un curriculum nacional de educación sexual en las escuelas y también un plan de emergencia contra la violencia machista, con casas de acogida y centros controlados por las propias mujeres sin presencia policial.
Una asamblea constituyente que nos permita, en base a la movilización, cuestionar las bases de esta justicia capitalista y patriarcal peleando, junto con ello, por el establecimiento de un gobierno de las y los trabajadores y el pueblo en camino de acabar con el capitalismo, la explotación y la opresión.
Por Bárbara Brito, docente
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