La violencia de género ha crecido durante el confinamiento como una verdadera pandemia, aunque silenciosa. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género reveló que las llamadas de auxilio al número 1455 aumentaron en un 63% entre marzo y abril y, todo indica que los números seguirán subiendo. Frente a este dramático escenario, ya se han visto acciones –aunque insuficientes– que apuntan en la dirección correcta. El Senado aprobó un protocolo de actuación para Tribunales de Justicia y Ministerio Público, donde se señala que las denuncias por esta materia tendrán el carácter de urgente.
Lo anterior se traducirá en personal especializado a cargo de su tramitación y agendamiento prioritario de audiencias para solicitar medidas cautelares, sin la necesidad que las requiera un abogado. Sin embargo, este protocolo es solamente procedimental, ya que si bien es un avance no tiene relación en proteger a la víctima en riesgo y tampoco se le entrega un mecanismo eficiente de auxilio o de escape frente al agresor.
Como la mayoría sabe, la violencia de género es un acto unilateral, en que una persona crea frente a la otra una posición asimétrica de poder, subyugándola mediante agresiones físicas, psicológicas, sexuales y/o económicas. El objetivo del agresor no es dañar, sino poseer y ejercer poder frente a la víctima, el cual es creado mediante actos de control y aislamiento para lograr impunidad.
Según ONU Mujeres –que lanzó la campaña durante la pandemia #NoEstásSola– se estima que 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han experimentado violencia de sus parejas en los últimos 12 meses. Pero, a pesar de estas cifras, la partida presupuestaria en nuestro país es escasa para prevenir que mujeres sean agredidas, lesionadas, mutiladas y asesinadas.
El confinamiento al que muchos estamos sometidos producto de la pandemia provocada por el COVID-19, logra que esos elementos –aislamiento y control– se eleven, el sentimiento de poder del agresor se agudiza y la violencia se agrava. Evidentemente, por la situación de catástrofe, la balanza de la Justicia tiembla hacia un lado, favoreciendo la impunidad y dejando a la víctima en completa indefensión.
El Ejecutivo ha apostado como medida por la "Mascarilla 19": la mujer agredida debe ir a la farmacia y si se encuentra en situación de riesgo decir esa clave para que se llame a la autoridad correspondiente. Sin embargo, es impracticable para la mayoría de las víctimas, puesto que el agresor no les permite salir y, si así fuera, no todas las farmacias del país están adscritas al programa.
Podríamos ver qué se está haciendo (y que funcione) en otros países. Por ejemplo, el Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, diseñó un dispositivo inteligente llamado Bindi. Tiene forma de colgante o de pulsera, que se conecta por bluetooth entre sí y con el teléfono móvil de la usuaria mediante una aplicación. Es un sistema portable que no solo permite prevenir ataques sexuales o violentos contra las mujeres que lo lleven puesto, sino activarse cuando ella se enfrente a una situación de riesgo.
En paralelo, se debiera avanzar en fortalecer la institucionalidad para generar medidas de prevención eficientes e inmediatas. Deben existir brigadas especializadas en el procedimiento, incluyendo psicólogas de campo, que lideren posteriores terapias para lograr generar seguridad en la persona afectada, además de ayuda económica para reconstruir su historia. Asimismo, políticas públicas de mediano plazo, estudiando la organización social de cada comuna (considerando las particularidades de cada lugar en términos de tasas de adicción, precariedad laboral, o redes de apoyo vecinal, por ejemplo), para determinar un plan de acción que logre minimizar e intentar erradicar este tumor de la sociedad.
En situaciones de flagrancia se debería llevar a las víctimas a un hogar de acogida, en caso de estar saturadas, se podrían utilizar los hoteles o inmuebles vacíos por la pandemia como centros de acogida. Para ello se requiere urgente los recursos del Ejecutivo.
En situaciones de violencia, las medidas cautelares impuestas por el tribunal competente debiesen ser la salida del hogar común del agresor de forma inmediata, con auxilio y control de la fuerza pública y monitoreo de cumplimiento.
Según ONU Mujeres –que lanzó la campaña durante la pandemia #NoEstásSola– se estima que 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han experimentado violencia de sus parejas en los últimos 12 meses. Pero, a pesar de estas cifras, la partida presupuestaria en nuestro país es escasa para prevenir que mujeres sean agredidas, lesionadas, mutiladas y asesinadas.
Es urgente que las autoridades, en especial el Ejecutivo, comprendan que los indicadores reconocidos por su propio ministerio exigen recursos inmediatos, que permitan a las víctimas de violencia tener un futuro, y no convertir al Estado en cómplice pasivo de esta pandemia silenciosa.
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