En esta semana se comienza a discutir en el Parlamento un proyecto de reforma constitucional encaminado a imponer, por una vez, un impuesto de 2.5 % a las grandes fortunas del país, el cual ayudaría a enfrentar los gastos que ocasiona la contención de la pandemia y los procesos relacionados de recuperación económica.
Es bueno recordar, para tener debidamente en cuenta el contexto en que se dará la discusión, que Chile es un país cruzado de arriba abajo por grandes desigualdades e injusticias en el plano económico y social.
En materia de distribución del ingreso, la Encuesta Casen – que contiene la información más completa, relevante y oficial sobre esta materia – muestra que, en 2017, el 10 % de la población que tenía los peores ingresos por concepto del trabajo, captaba un 0.9 % del ingreso total, mientras que el 10 % de mayores ingresos captaba un 36.2 % de los ingresos totales, es decir, una diferencia de 1 a 39 entre los de menos ingresos y los de más ingresos.
Si en vez de tomar como referencia los ingresos procedentes del trabajo tomamos los llamados ingresos autónomos – que incluyen, además de los ingresos  provenientes del trabajo,  los ingresos provenientes de la propiedad de activos y las transferencias tales como jubilaciones, pensiones y montepíos – el 10 % de más bajos ingresos captaba el 1.1 % del ingreso total, mientras que el 10 % de más altos ingresos captaba el 35.2 % de los ingresos totales,  lo cual hace una diferencia de 1 a 30 entre los ciudadanos de menores ingresos y los de mayores ingresos.
Otro indicador que muestra las desigualdades sociales y económicas existente en el país, es el nivel de pobreza, que es un indicador relacionado con el anterior, pero no es exactamente igual.  Si se mide la pobreza por el nivel de ingresos, se visualiza -nuevamente de acuerdo a la Encuesta Casen, del año2017 – un 8.6 % de pobreza. Si se usa el concepto de pobreza “multidimensional”- que no toma en cuenta solo el ingreso sino que varias otras variables – el nivel de pobreza en el país sube a 20.7 % de las personas.  Es decir, uno de cada 5 chilenos vive en condiciones de pobreza. Hay que tener en cuenta que después de varios años en que los índices de pobreza han venido decreciendo en el país, la pobreza que todavía se presentaba en el año 20’17 era una pobreza “dura”, que no se absorbía ni con el chorreo del crecimiento económico, ni con las políticas sociales focalizadas, sino que se trata de una pobreza estructural, que acompaña al sistema en las buenas y en las malas, y de generación en generación.
Un último indicador de las desigualdades nacionales: la estructura empresarial está compuesta, por poca más de un millón de empresas. De ellas, 964.741 son micro y pequeñas empresas -con ventas por bajo por bajo las 25 mil UF al año –  28.571 son empresas medianas -con ventas entre 25 mil y 100 mil UF al año – y el resto son empresas grandes – aproximadamente 12 mil, con ventas anuales entre 100 mil y  un millón de UF al año,  y las macro empresas, que son 2.150 y que tiene ventas anuales por arriba del millón de UF.
Estas desigualdades económicas que hemos mencionado generan, a su vez, diferencias en términos de escolaridad, salud, calidad del trabajo, años de vida, calidad de la vivienda y acceso, en general, a las comodidades básicas que son propias de la modernidad contemporánea. Desgraciadamente, genera también diferencias en cuanto a la posibilidad de contagiarse con el coronavirus. En este contexto, se ve como una política de plena justicia, que los muy ricos colaboren con una parte modesta de su patrimonio para ayudar a contener la pandemia y reactivar la economía.

Por Sergio Arancibia