De pronto, comenzaron a aparecer algunos rayos de esperanza. Si fuera democratacristiano, yo estaría cantando “briiillaaa el soool”… el de aquellos tiempos. Por mucho tiempo había sostenido que en Chile hay una “inevitabilidad socialdemocrática”, pero en el fondo tenía cierto pesimismo sobre su posibilidad de materialización real. Veía a los extremos políticos apoderándose de la palestra, una polarización aguda en la que cualquier discurso de moderada sensatez centrista queda ahogado en rechiflas o, peor aún, despreciado.
Pero la misma crisis, lo profundo de la desazón, está trayendo vientos de cambio. Gracias, pandemia, por oportunidad concedida. Partidos de oposición llamando a unirse, la palabra “socialdemocracia” comienza a mencionarse en diversas columnas y declaraciones, algunos políticos de derecha andan haciendo propuestas que calzan nítidamente con el concepto e, incluso, algunos empresarios están diciendo que hay que “dar hasta que duela”. En suma, parece que la socialdemocracia sí era inevitable. El modelo capitalista al estilo Estados Unidos que se ha aplicado por 40 años en Chile –por oposición al capitalismo europeo– ya no da para más, a menos que futuros gobiernos quieran gobernar de estallido en estallido.
Para ordenar las conversaciones, es apropiado clarificar de qué estamos hablando. Nadie pretende tener la verdad absoluta, pero es imperativo plasmar algunas ideas en blanco y negro. Obviamente, este manifiesto tampoco podría pretender ser un detallado programa en todos los ámbitos de la vida nacional, sino el señalamiento de algunos de sus pilares básicos, aquellos que hacen la diferencia en el modelo de sociedad que queremos.
Aun así, hay algunos ámbitos definidos en la Constitución que sin duda requieren cambios, que no podremos detallar en el apretado espacio de este manifiesto, pero a lo menos requieren su enumeración: la transformación de un Estado hiperpresidencial a Gobierno parlamentario; los derechos de los pueblos originarios; la forma de elección del Tribunal Constitucional; un proceso de descentralización bien definido y profundo; así como un endurecimiento radical de los requisitos para formar y/o mantener partidos políticos, de modo de contener una creciente fragmentación que terminará imposibilitando la gobernabilidad para cualquier sector.
Comenzaremos por decir que NO es socialdemocracia. No es “gastar sin transar”, no es proponer políticas públicas que tengan patas cortas en cuanto a su sustentabilidad ni es legislar sin evaluar cuidadosamente los impactos y la factibilidad de implementación de las medidas propuestas. Tampoco es activar un ejército de operadores políticos de medio pelo y gran desprolijidad técnica, para los cuales, además, todo lo que huele a sector privado debe ser acorralado.
Si bien existen acepciones básicas del término “populismo” que son positivas, por cuanto se busca “escuchar la voz del pueblo”, en una socialdemocracia consistente no cabe el populismo mediocre, el de las propuestas falsas y de impacto dañino, cuyo único propósito es conseguir apoyo electoral o mediático para líderes políticos que solo buscan permanecer en el poder o ampliar sus esferas de influencia a como de lugar. Las payasas y payasos del Congreso estarían mejor en el circo.
Veamos entonces los principios básicos de este manifiesto para un modelo de capitalismo socialdemocrático en el Chile del siglo XXI:
Seis principios fundacionales
1. Bienestar ciudadano como objetivo básico del desarrollo. Esto significa que todas las políticas de desarrollo productivo, regulatorias, de infraestructura, tributación y gasto público se formulan en cuanto contribuyan como objetivo primario al bienestar de la ciudadanía en su definición más amplia: en armonía con el ambiente, en paz, sin segregaciones de ninguna naturaleza, con equidad de oportunidades educativas, cuidando la salud física y mental de las personas desde la gestación hasta la ancianidad.
Esta no es una mera declaración de intenciones, sino un concepto avanzado, que ha comenzado a aplicarse por ejemplo en Nueva Zelanda: abandonar el indicador principal de éxito como el mero crecimiento del PIB, y transformarlo en un conjunto de metas definidas colectiva y periódicamente. Estas pueden tener que ver con la distribución del ingreso o con la diferencia de longevidad entre los más pobres y los más ricos, o el número de casos de violencia intrafamiliar, o el consumo de drogas, con indicadores de salud mental y obesidad, así como el propio crecimiento económico; deben estar consensuadas políticamente y orientar así el accionar del Estado, su asignación de recursos, la cooperación público-privada, el desarrollo del mercado, la iniciativa privada y las actividades económicas en planes de largo plazo. El necesario crecimiento económico deja entonces de ser un fin en sí mismo y se transforma en un medio para un fin mucho más esencial: el del desarrollo humano.
2. Coexistencia y colaboración entre el Estado, las organizaciones sin fines de lucro, el mercado, las empresas y los trabajadores. En el modelo chileno de capitalismo socialdemocrático, la libertad de mercado y emprendimiento sigue siendo un pilar esencial en todos los sectores de la economía, la producción y el comercio. Se propenderá, sin embargo, a una transición hacia la provisión y gestión mayoritariamente pública de tres servicios básicos: la salud, la educación y la previsión, las demandas más sentidas por la ciudadanía.
Esto no es “estatismo”, sino aceptar que la experiencia internacional ha demostrado, incluso en los países avanzados, que la gestión de estos tres servicios en entidades con fines de lucro conduce inevitablemente a distorsiones y abusos, no controlables por medio de regulaciones o superintendencias.
En el caso de la previsión, tema crítico en una discusión que ha crispado la vida nacional, deben coexistir tres pilares: el del ahorro privado (administrado por entes sin fines de lucro), un pilar contributivo y una pensión mínima solidaria. Así ocurre en prácticamente todos los países, y será un enorme desafío financiarlo con equidad inter e intrageneracional, dado el progresivo envejecimiento de la población.
No es casualidad que la gran mayoría de los establecimientos de salud, educación y pensiones en los países avanzados sean entes públicos y/o sin fines de lucro. En el principal país de prestación privada de estos servicios, Estados Unidos, la ciudadanía ha pagado con creces las consecuencias, tanto en términos de costo como de mala calidad, segregación e inseguridad social. A la inversa, habiendo definido con claridad estos tres sectores, al sector privado y los emprendedores se les debe dar la certeza de que no habrá afanes estatistas en ningún otro sector económico.
En este nuevo modelo, no se vislumbra que la relación entre trabajadores y las entidades que los emplean –públicas, sin fines de lucro o privadas– estén en confrontación permanente, sino en colaboración permanente. Esto no es mera retórica. Significa promover activamente la sindicalización de los trabajadores, y dar a los sindicatos una participación en las decisiones por medio de su presencia en los directorios u órganos de administración de sus instituciones. Si desde 2018 una mayoría de los países de la OCDE dan a sus trabajadores la posibilidad de votar por miembros de directorio y/o nombrar algunos, no hay razón para que no comience a ocurrir lo mismo en nuestro país.
3. Política fiscal y tributaria progresiva y equitativa. Este puede y debe ser un país solidario antes que subsidiario. Sin embargo, los tributos totales de Chile son bajos comparados con países de similar o mayor nivel de desarrollo, incluso cuando tenían nuestro PIB per cápita actual. Asimismo, la distribución de ingresos antes y después de impuestos prácticamente no varía, a diferencia de lo que ocurre en la totalidad de los países avanzados, donde la componente redistributiva es significativa. Dada esta situación y nuestra profunda inequidad de ingresos, se mantiene en situación de precariedad, inseguridad y/o pobreza más del 60% de los ciudadanos. Esta ha sido sin duda una de las causas fundamentales, mas no la única, de nuestro estallido social reciente.
Esto es inaceptable y debe cambiar, pero manteniendo permanentemente los equilibrios fiscales y los niveles de deuda pública dentro de parámetros definidos por el Banco Central, cuya autonomía por cierto que debe preservarse. Posiblemente la vía redistributiva más efectiva sea el ingreso básico universal, o impuesto negativo, en fórmulas que habrán de estudiarse cuidadosamente. Sin entrar a una discusión de detalle, es evidente que el mayor peso de la carga tributaria no lo deben llevar las empresas, que deben poder crecer y desarrollarse, sino las personas de elevados ingresos y/o patrimonio.
4. Estado visionario y moderno, y gobierno eficaz y eficiente. La modernización del Estado es un prerrequisito indispensable para llevar a cabo todas las transformaciones arriba mencionadas. No será posible proveer salud ni educación pública adecuadas, ni brindar servicios de calidad a la ciudadanía en ningún ámbito, si no damos un salto en esta materia.
No debemos dejarnos llevar por mitos, por cuanto el Estado chileno, felizmente, no presenta los niveles de atraso de otros países de la región. Por el contrario, sus indicadores de eficiencia se acercan más bien a los de países avanzados. Sin embargo, es claro que debemos mejorar y proporcionar certeza a aquellos que lleven el peso de la carga tributaria de que estos recursos serán bien gastados, con servicios adecuados y que llegarán a las personas y pequeñas empresas rápida y efectivamente.
El Estado chileno debe ingresar al siglo XXI en materia tecnológica y de manejo de datos, también requiere de un pacto de largo plazo con sus gremios funcionarios para modernizarse. Por otro lado, requerimos de un Estado mucho más visionario, que establezca rumbos y metas a 10 y 20 años plazo, en lugar del actuar más bien reactivo que ha tenido hasta ahora frente a los vaivenes del mercado nacional e internacional. Los desafíos que tenemos en materia de clima, agua, energía, desertificación, catástrofes geológicas e inserción competitiva en mercados internacionales, ya no permiten más un actuar reactivo, sino visiones estratégicas sólidas y materializadas en el largo plazo de manera consistente.
5. Educación para el siglo XXI. Aquí subyace la madre de las desigualdades. Si bien hemos tenido avances relevantes en muchos ámbitos, siendo el más significativo una nueva Ley de Carrera Docente en 2015, tenemos muchas mejoras pendientes de realizar. La elevada proporción de egresados de la educación media con analfabetismo funcional aún persiste; la educación inicial tiene carencias graves, particularmente en el ámbito de la proporción entre niños y educadoras de párvulos y en la flexibilidad de sus modelos de servicio; la educación superior también tiene enormes desafíos en el ámbito técnico y profesional y la educación pública ha continuado languideciendo, en la dirección opuesta a lo expresado anteriormente, en lugar de ser la opción más atractiva para todos los apoderados, en cualquier estrato socioeconómico.
Los modelos pedagógicos siguen instalados en el siglo pasado y las habilidades necesarias para el siglo XXI, pilar del futuro, están prácticamente ausentes en todos los niveles formativos. Con todo, no requeriremos de aumentos de gasto significativos, sino más bien de transformaciones cualitativas que ya están bastante claras.
6. Cambios constitucionales imprescindibles. Paradójicamente, casi ninguno de los temas arriba mencionados requiere cambios constitucionales. Requiere, eso sí, de sucesivos gobiernos socialdemocráticos que tengan las mayorías necesarias para materializar estos cambios a lo largo de un extenso tiempo, posiblemente décadas.
A la inversa, es una quimera pretender que, si la Constitución garantiza el derecho a la salud o a la vivienda dignas, eso se va a materializar por decreto. Para lograrlo tiene que haber recursos y capacidad de gestión, lo contrario es una eterna judicialización de derechos. Las constituciones de muchos países los garantizan en la letra, pero no en la realidad.
Aun así, hay algunos ámbitos definidos en la Constitución que sin duda requieren cambios, que no podremos detallar en el apretado espacio de este manifiesto, pero a lo menos requieren su enumeración: la transformación de un Estado hiperpresidencial a Gobierno parlamentario; los derechos de los pueblos originarios; la forma de elección del Tribunal Constitucional; un proceso de descentralización bien definido y profundo; así como un endurecimiento radical de los requisitos para formar y/o mantener partidos políticos, de modo de contener una creciente fragmentación que terminará imposibilitando la gobernabilidad para cualquier sector.
A modo de cierre
Es imprescindible destacar que, en ninguno de los seis ámbitos mencionados en este manifiesto, se pueden o deben realizar cambios bruscos, y tampoco podemos dejarnos llevar por impulsos irreflexivos o legislaciones “al vapor”. La socialdemocracia efectiva para la ciudadanía es rigurosa, para poder resolver las necesidades de las personas y las empresas con visión de largo plazo, pero con cambios graduales y bien estudiados en cuanto a sus impactos. Eso no es tecnocracia, es responsabilidad.
Hay, además, otro requisito indispensable: esta debe ser la socialdemocracia de la ética, de la decencia, de la confianza y los valores compartidos, del respeto a los derechos de los demás, de la paz y la solidaridad. No cumplir con esos principios, sí que llevaría a gobiernos tecnocráticos y desapegados de la realidad.
Visión clara de largo plazo, ética, y sucesivos cambios graduales de corto plazo con una dirección firmemente establecida, son los tres conceptos intransables que podrán asegurar nuestro futuro.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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