Desde todos los sectores señalan que la recuperación de la dignidad mapuche será fundamental para llegar a una solución en el conflicto indígena

Por Jonathan Navarro
El mediáticamente denominado “conflicto mapuche” resurgió en la zona y a partir del asesinato de dos agricultores, la zona se ha transformado en una "papa muy caliente" para las autoridades. En el gobierno reprochan que un grupo organizado, un “enemigo que goza de apoyo político e internacional”, realiza actos “terroristas” que generan miedo en la población. Se crearon mesas de diálogo que nunca resolvieron el tema. Por décadas, siempre se terminó en lo mismo: más violencia y desencuentros.

El ataque incendiario que afectó a una casa patronal de Vilcún, y que dejó como víctimas fatales a Bernard Luchsinger y a su esposa Vivianne McKay, colmó la paciencia del gobierno. El Presidente Sebastián Piñera junto a su comitiva, determinó un plan de contingencia en la IX Región. Y una de las tareas principales será la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Tiempos violentos en la Región de La Araucanía. Ataques incendiarios, sitios de conflictos y represión policial. "La Frontera", como la llaman, no está en calma por las constantes disputas entre dueños de terrenos, empresarios y vecinos versus comunidades mapuche que reclaman algo que, dicen, les pertenece: "sus tierras". Sectores que les correspondían a sus antepasados y que por ultrajes, ataques, compras y despojos, estos grupos indígenas se vieron obligados a abandonar.

En los últimos días del 2012 y los primeros de 2013, las disputas territoriales y desagravios sociales marcaron los enfrentamientos entre comunidades mapuche y el Estado. Esta última secuencia se inició con un hecho de sangre y del cual se están investigando sus orígenes. Dos disparos provenientes de un grupo de desconocidos le quitaron la vida al cuidador de la parcela Vegas de Antiquina, Osvaldo Zapata (54), en el camino que une Cañete con Tirúa. 72 horas después, dos ataques incendiarios afectaron a predios en las comunas de Padre Las Casas y Lautaro. Para proseguir con el siniestro de este 4 de enero en una casa patronal de Vilcún, provocado por un grupo de encapuchados, y que cobró las vidas del matrimonio Luchsinger-McKay.

En primera instancia el gobierno envió a la zona al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Con palabras irónicamente incendiarias, el secretario de Estado calificó tales acontecimientos como provenientes de "un enemigo que goza de apoyo político e internacional". Declaraciones que acompañaron a una querella criminal por parte del Estado contra todos los que resultasen responsables por tales hechos.

Un problema centenario que resurgió por los llamados de las comunidades indígenas hacia la reivindicación de su agrupación.

Sin trasfondo

Como abogado especialista en derechos humanos y pueblos indígenas, José Aylwin siempre planteó que la cuestión mapuche nunca se estudió desde el "trasfondo". Tampoco se midió "la responsabilidad pasada y presente que tiene el Estado frente a ellos, o de las alternativas políticas para la superación de este problema histórico".

"Más que anunciar el refuerzo del contingente policial en comunidades, y acciones legales en contra de los mapuche, se debería anunciar la apertura de espacios para un diálogo sobre los temas que generan los conflictos", explicó Aylwin en su columna ‘Conflicto en la Araucanía ¿policial o político?', y adicionó que "de otro modo, las declaraciones de ‘re-conocimiento' que han sido características del discurso gubernamental, carecen de sentido y de credibilidad".

"Indudablemente un diálogo de esta naturaleza requiere de la disposición y buena fe de ambas partes, incluido el mundo mapuche. La oportunidad está planteada", concluyó el integrante de la organización Observatorio Ciudadano.

Para el historiador José Bengoa, la relación entre el Estado y el pueblo araucano "es extremadamente traumática", la que se conformó en una dependencia de constante "ambigüedad, de doble discurso, de ‘garrote y zanahoria'; de decir: nosotros no somos racistas, pero actuamos con un racismo muy fuerte. Hay una relación muy contradictoria entre la sociedad chilena y la mapuche".

"Hay un conocimiento, pero a la vez un desconocimiento, porque la cuestión mapuche ha existido siempre en la historia de Chile. Ha sido una constante. Y durante todo el tiempo se vivió el mismo fenómeno: el de reconocer y negar", puntualizó Bengoa.

Tierras en juego

Los mapuche erigieron su principal demanda en la devolución de terrenos esenciales para su historia como sociedad étnica. Diversas agrupaciones de esta colectividad solicitan reivindicaciones generales como el retorno de los lugares ancestrales. Ercilla, Padre Las Casas, Cañete, Temuco, Tirúa: Zonas que "siempre pertenecieron" a descendientes araucanos, pero que el cambio cultural, el actual sistema, la disposición urbana y social no prestaron atención a sus requerimientos.

El diputado del distrito N°49 de la IX Región de La Araucanía Fuad Chahín (DC), manifestó a Cambio21 que la pugna entre el Estado y el pueblo mapuche se enmendará cuando se "dejen de tomar medidas efectistas, las cuales han fracasado tanto en este gobierno como en los anteriores". Agregó que este problema a nivel país siempre se subrayó bajo "una crisis de confianza histórica".

Chahín destacó que la desconfianza aumenta cuando las autoridades de gobiernos dan "frases para la galería. En ese sentido, siempre habrá más crisis", ya que "hay que tratar de hablar menos y actuar más".

"Debe existir una participación real de la comunidad mapuche. Hay que revisar la forma en cómo se ha intentado solucionar este ámbito y los mismos fracasos de experiencias anteriores", comentó a este semanario el congresista DC.

El representante de localidades como Lautaro y Vilcún, expresó que "hay que dejar en claro que los pueblos indígenas no están por la ruta de la violencia", y recordó que "las pasadas mesas de diálogo entre el gobierno y la comunidad mapuche se planificaron sólo para la televisión. Así aconteció en el caso del diálogo en Victoria. Aquella instancia nunca funcionó".

Además el parlamentario perteneciente al distrito N°50 de la IX Región René Saffirio, especificó a Cambio21 que en estos casos de "ningún modo se deben aceptar hechos de violencia, tanto de grupos de desconocidos como de las fuerzas policiales", y complementó que por esa forma "no se llegará a ninguna solución".

El gobierno de Sebastián Piñera "cometió los mismos errores de la Concertación. Ya que esto no se reduce solamente a un tema policial o al ámbito de los programas sociales", estableció Saffirio.

Como legislador por las zonas de Padre Las Casas y Temuco, expuso que "Chile es una sociedad pluriétnica", y que como tal "los proyectos sociales y la entrega de tierras mal aplicadas, no arreglará nada". Y finalizó con que se deberán "tomar determinaciones políticas que recuperen la dignidad del pueblo mapuche".

Carta de ultimátum

El discurso fue claro. Según el titular de Interior existe una sociedad de pocos amigos, villana. Sin embargo, la postura inicial de los buenos contra los malos por parte del gobierno entró en una fase de calma. Chadwick llamó a la tranquilidad ante los avisos públicos de que agricultores de la región iniciarían una cacería de brujas. Su propia batalla.

Aquellos empresarios agrícolas, víctimas de ataques incendiarios en sus predios, dieron un ultimátum al gobierno para poner punto final a estos sucesos. Incluso afirmaron que actuarían por "iniciativa propia", que comenzarían con una "cacería" de los grupos de encapuchados, si es que las autoridades competentes no les entregaban mayor seguridad a sus terrenos.

El secretario de Estado les solicitó mayor confianza en las acciones que se estaban llevando a cabo. "Tenemos conciencia de que estamos enfrentando a un adversario que está preparado, que se aprovecha de las circunstancias de la zona, de la naturaleza, para poder esconderse, que actúa por sorpresa", aclaró Chadwick.

Convenio al debe

Según el director sobre derecho indígena de la fundación Chile 21, Domingo Namuncura, el Estado aplicó de manera tenue las estipulaciones del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este tratado que vela por la estabilidad de las sociedades "indígenas y tribales en países independientes", representa la "expresión de una creciente conciencia" de las naciones "sobre la obligatoriedad de reconocer la existencia y derechos de los primeros habitantes del planeta y sus descendientes".

El ex director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), declaró a Cambio21 sobre las "grandes deudas" por parte de cada gobierno con sus petitorios. Sumó que cualquier avance o intento de conversación por llegar a buen puerto se detiene por una judicialización de la causa. "Todo se enfoca en lo relacionado con la seguridad pública. Por ese motivo se genera un clima de tensión y conflicto", puntualizó Namuncura.

Y enjuició las palabras del ministro del interior Andrés Chadwick. "Catalogar al pueblo mapuche como un ‘enemigo' en esta situación, sólo genera más incertidumbre", opinó Namuncura.