Fiscal chilena recomienda extradición a Argentina de ex juez Otilio Romano

Tras ser expulsado del Poder Judicial argentino y ante su procesamiento en Argentina, Romano huyó a Chile en 2011 pidiendo asilo político, lo cual fue rechazado por el Gobierno
Cambio 21

La Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado Croquevielle, recomendó aprobar la extradición del ex magistrado argentino Otilio Romano Ruiz, requerido por su país por su participación en delitos de lesa humanidad entre los años 1976 y 1983, según comunicó el poder judicial.

El informe de la fiscal Maldonado, que es sólo una recomendación, fue remitido al ministro instructor Sergio Muñoz Gajardo quien deberá emitir el fallo de primera instancia, sentencia que luego debe ser confirmada o revocada por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema antes de acceder o denegar el pedido del Gobierno argentino.

En su informe de más de un total de 109 páginas la fiscal Maldonado determinó que se cumplen los requisitos para enviar a Otilio Romano Ruiz a Argentina, por considerarlo responsable de 34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas, 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad, 36 delitos de torturas, un delito de allanamiento ilegal y un delito de denegación de justicia, previsto en el artículo 274 del Código Penal argentino.
La determinación de la fiscal Maldonado considera que en esta etapa procesal, de acuerdo al artículo 274 del Código de Procedimiento Penal chileno, bastan que existan presunciones fundadas de participación para acceder a la petición de la justicia trasandina.

La fiscal también considera que, existiendo las presunciones fundadas de estos crímenes, es importante "determinar el rol que jugó cada sujeto activo para que esos hechos se consumaran y/o se intentase que se mantuvieran en la impunidad. Eso es precisamente lo que debe ser materia del juicio de fondo en Argentina, respecto de sus ciudadanos, y es lo pretendido a través de esta petición".

Tras ser expulsado del Poder Judicial argentino y ante su procesamiento en argentina, Romano huyó a Chile en 2011 pidiendo asilo político, lo cual fue rechazado por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Se inició entonces, a comienzos de 2012, un proceso de extradición, causa que quedó en manos del juez Muñoz. Y en diciembre de ese año se cerró la etapa de investigación.