Las peticiones de desafuero las redactaron los abogados Boris Paredes y Magdalena Garcés, quienes representan a las familias de las víctimas Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, José Eugenio Monsalve Sandoval y Próspero del Carmen Guzmán Torres. Junto a ellas, se envió la petición por parte del abogado de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Eduardo Contreras.
Este último profesional dijo a Radio Bío Bío que ésta acción no es producto de una persecución política sino que busca establecer la responsabilidad de quien fue capitán de ejército y que, según testimonios de al menos 10 carabineros –como consecuencia de las diligencias de la ministra Ema Díaz en el marco de la querella interpuesta en 2003 por familiares- sindican al actual parlamentario como el oficial a cargo de la patrulla que cometió los asesinatos de los miristas.
De lo que allí resulte, se podrá apelar a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra, en un proceso que demoraría no menos de dos a tres meses según manifestó el abogado
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