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lunes, 3 de abril de 2017

Lo que vendría después de un proyecto habitacional de integración social

Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad

Villa San Luis de Las Condes, tras el golpe militar de 1973, fue ocupada por la fuerza de los hechos consumados por el Ejército, institución que se apropió de todas las viviendas y tiempo después, plena vigencia del gobierno de Aylwin, las vendió en US$ 95 millones con trampas administrativas asociadas a una pueril interpretación del Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF) a inversionistas inmobiliarios pinochetistas para que allí se construyeran vidriadas torres de oficinas de diferentes empresas comerciales.
En el gobierno de Salvador Allende (1970-73) se construyó una población de viviendas sociales de óptima calidad, en un sector urbano de alto precio comercial, ex fundo San Luis en aquella época en poder del Estado, para que fueran ocupadas por familias de escasos recursos que residían en condiciones deplorables en diferentes sectores de la comuna de Las Condes.
Muchos de ellos vivían en precarios asentamientos en zonas aledañas al río Mapocho y, entre otras cosas, respecto de la iniciativa de ese gobierno, destacamos las innumerables áreas verdes que tenía el proyecto. Fue un excelente prototipo de integración socio espacial en esa comuna del sector oriente habitada por las clases más pudientes de la Región Metropolitana de Santiago.
Bajo la batuta del destacado arquitecto Miguel Lawner, máxima autoridad con el título de Director Ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), instancia pública hoy en día inexistente, se construyeron 27 bloques de 4 pisos cada uno y los más de mil departamentos de hasta 80 m2 útiles entregados vía venta directa, con un modesto ahorro previo y pago de prudentes dividendos, a las familias beneficiadas por esa legítima política pública, hoy día se le denominaría populista, cumplían con muy buenos estándares de habitabilidad.
Los inmuebles fueron entregados personalmente a sus inquilinos, a partir de abril de 1972, por el ministro del ramo, Carlos Cortés, militante del Partido Socialista cuando ellos no estaban acostumbrados a las pillerías que ejercen muchos de sus actuales integrantes. Dicho correcto ministro falleció posteriormente en el ejercicio del cargo y la CORMU bautizó a esta población como “Villa San Luis”.
Dicha Villa San Luis de Las Condes, tras el golpe militar de 1973, fue ocupada por la fuerza de los hechos consumados por el Ejército, institución que se apropió de todas las viviendas y tiempo después, plena vigencia del gobierno de Aylwin, las vendió en US$ 95 millones con trampas administrativas asociadas a una pueril interpretación del Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF) a inversionistas inmobiliarios pinochetistas para que allí se construyeran vidriadas torres de oficinas de diferentes empresas comerciales. Ahí se levantan hoy en día las edificaciones de LATAM y Copesa, gracias a un utilitario Plan Seccional hecho a la medida de esas empresas por la municipalidad de Las Condes.
En efecto, el Ministerio de Bienes Nacionales destinó dicha población al Ejército, para fines exclusivamente habitacionales de la institución armada, prohibiendo explícitamente otros usos. Sin embargo, tal decreto debido a la “comprensión” que se le daba al PAF, se violó y el Ejército, todavía bajo el mando supremo de Pinochet, vendió los terrenos y sus edificios allí emplazados a la Inmobiliaria Parque San Luis S.A. en el precio antes indicado. Así fue como se demolieron 23 de los 27 bloques y como los buenos negocios deben quedar en familia, se dice que actuó como eficiente corredor de propiedades de esa operación mercantil el hijo menor del capital general.
Ahora bien, un grupo de ciudadanos responsables con la memoria histórica de nuestro país están empeñados en rescatar al menos 2 bloques que todavía se mantienen erguidos y desocupados. Están haciendo denodados esfuerzos ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para que esta instancia patrimonial declare como Monumentos Históricos esas 2 edificaciones con el sano propósito de que, en cierta medida, se recupere la dignidad de las familias pobres que fueron expulsadas violentamente de sus viviendas por el aparato del Estado de entonces. Por los otros 2 edificios todavía existen litigios judiciales y sería contraproducente incorporarlos en la solicitud de declaratoria patrimonial.
Si el CMN acepta la propuesta ciudadana, como esperamos, habría que denominar su declaratoria como “Recuperación de la Población Carlos Cortés en Las Condes” y en ese próximo espacio público, que hoy en día es privado, crear una evocación de lo que pudo haber sido un modelo de urbanismo al estilo de los países desarrollados del hemisferio norte de Europa. Aunque el lector no lo crea, los pobladores expulsados de la villa San Luis, siguen viviendo en sectores periféricos, sin recibir ningún tipo de compensación.
Esta propuesta será abordada en entrevista que se llevará a efecto el martes 4 de abril de 2017 con la arquitecta Ana Paz Cárdenas, secretaria ejecutiva del CMN y conociendo su sensibilidad, estamos ciertos que acogerá la idea, la que en todo caso, deberá ser aprobada por los veintitantos miembros de ese cuerpo colegiado. Si ello acontece, después de la firma del Decreto Supremo correspondiente que firmará Adriana Delpiano, ministra de Educación, tendremos un espacio de rico esparcimiento comunitario de 3.375 m2 del denominado Lote 18 A1, enfrente del área verde Parque Araucano, en conmemoración del obrero de la construcción Carlos Cortés.
Así, el moderno Centro de Negocios de altísima carga de ocupación, llamado Nueva Los Leones, tendrá como vecino colindante a una digna plaza con 2 antiguos bloques que rememorará los civilizados tiempos pasados, con lo cual este espacio de Memoria, como lo dice Lawner, permitiría avanzar en la reconciliación nacional y nos ayudaría a recordar que las armas, las presiones inmobiliarias y los grandes poderes económicos, no deben atropellar nunca más los derechos de las personas.
En una de esas, y como los milagros sí existen, tan pronto la ministra Delpiano firme la declaratoria de Monumento Histórico, podría ser posible que uno de esos grandes empresarios que están arrepentidos de sus abusos en los mercados, adopte la decisión de financiar el desarrollo y mantención perpetua de ese proyecto urbano de preservación.

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