Las denuncias recogidas por el INDH en los calabozos de Carabineros desde octubre pasado incluyen abusos sexuales, acosos, golpizas y desnudamientos forzados. El catastro se sigue actualizando y hasta inicios de marzo acumula 2.109 anotaciones. Se elabora con visitas aleatorias de funcionarios del INDH a comisarías en todo el país, por lo que la cifra solo es una muestra del total de vulneraciones a los derechos humanos que han ocurrido en los cuarteles policiales. No hay cómo saber la cifra global, porque ni el Ministerio del Interior ni Carabineros tienen un conteo propio.
Golpizas, violaciones, desnudamientos, abusos sexuales, amenazas y torturas. El catastro levantado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es el único registro público que permite atisbar lo que ha ocurrido a manifestantes luego de ser detenidos por las policías en marchas y protestas. Son denuncias y su veracidad deberá ser determinada por un tribunal. Pero son muchas. Hasta el 3 de marzo pasado se acumulaban, al menos, 2.109.
La información está ordenada por comisaría, ciudad y región. Se desglosa por sexo, por la edad de los afectados y por el tipo de abuso que acusan. Varias de estas denuncias han tenido su correlato en las más de 1.600 acciones judiciales presentadas por el INDH ante la justicia. Hasta ahora no han sido publicadas y en el gobierno aseguran que no cuentan con estos antecedentes. Carabineros no respondió a CIPER si habían intervenido las comisarías que acumulan más casos. El gobierno tampoco lo hizo.
Son cinco las comisarías que concentran la mayor cantidad de denuncias: la 1ª de Punta Arenas, la 3ª de Talca, la 1ª de Viña del Mar, la 19ª de Providencia y la 3ª de Santiago. Todas con más de 120 acusaciones cada una. Abundan los desnudamientos forzados, las golpizas y las amenazas.
El catastro del INDH, que comenzó a elaborarse el pasado 17 de octubre con visitas periódicas de sus funcionarios a los calabozos, es el único registro público que existe sobre violaciones a los derechos humanos en recintos policiales desde que se desató el estallido social. CIPER le consultó a otras instituciones implicadas directamente en la ejecución o en el control de lo que sucede en las comisarías (Carabineros, Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Derechos Humanos) pero, según informaron, ninguna tiene datos sistematizados al respecto.
Considerando que el INDH levantó una muestra aleatoria, las cifras sorprenden: 214 personas reclaman haber sido víctimas de acoso o violencia sexual por parte de uniformados; 399 acusan apremios o torturas durante su paso por las comisarías, y otras 119 denuncian vejaciones injustas. Esas categorías incluyen golpizas, desnudamientos, amenazas, abusos sexuales, violaciones y homicidios frustrados.
Como se trata de una muestra parcial, las cifras de abusos por parte de agentes del Estado podrían ser mayores. Por ejemplo, en La Araucanía el equipo regional del INDH no anotó las denuncias en la base de datos nacional, y pasó directamente a la presentación de querellas, eso explica que en el catastro revisado por CIPER solo se consignen tres denuncias en las comisarías de Temuco y sus alrededores. En contraste, las acciones judiciales en esa región llegan a 119, una de las más altas del país.
Eso sucede porque cada equipo regional tiene autonomía para definir cómo levanta los datos. A pesar de las debilidades metodológicas, es un registro valioso y único que pone luz sobre lo que sucede con los detenidos. CIPER trabajó ese catastro y lo segmentó por regiones y comisarías, un ejercicio que revela dónde se han denunciado más abusos. Esa información la cruzó con las 1.600 acciones judiciales presentadas por el INDH en el mismo periodo de tiempo. Muchas de esas querellas se originan en las denuncias recogidas en las comisarías.
La Región Metropolitana es la que concentra el mayor número de denuncias: 705, y le siguen la del Maule y la de Valparaíso, ambas con 237. La región de Magallanes ocupa el cuarto lugar, con 226 observaciones. Más abajo en el listado aparecen las regiones de Ñuble (126) y Bíobio (121).
Este fin de semana la agenda mediática volvió a concentrarse en los cuestionamientos al accionar policial. Fue gracias a un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales y que mostraba a un hombre de 69 años (Patricio Bao) siendo apaleado por carabineros el domingo 8 de marzo en las inmediaciones de la Plaza Italia. La institución liberó un segundo registro donde se ve a Bao agrediendo con una patada a un uniformado. Las críticas públicas apuntaron a la violencia excesiva de los policías cuando ya tenían a Bao reducido.
Un día antes, el sábado 7 de marzo, Cristián Valdebenito (obrero, 48 años) murió luego de recibir una bomba lacrimógena disparada por carabineros que lo impactó en la nuca, según denunció su familia. Otro video difundido en redes sociales mostró a carabineros atacando con gas pimienta a observadores de derechos humanos en San Felipe. La línea de crédito de Carabineros estaba agotada y salieron a flote las deudas pendientes: ¿Quién le disparó a Gustavo Gatica?, ¿Quién dejó ciega y sin los sentidos del gusto y del olfato a Fabiola Campillai? Las preguntas inundaron las redes.
El general director de Carabineros, Mario Rozas, concurrió el miércoles 11 de marzo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Allí afirmó que los uniformados investigados por los disparos a Gatica y Campillai siguen en las calles. También aseguró que de los 1.144 sumarios internos ordenados por la institución, 695 ya están finalizados. El resultado hasta ahora es que 83 carabineros han sido sancionados y 14 dados de baja.
¿En porcentajes? El 2,01% de los uniformados investigados en los sumarios internos de la institución han sido dados de baja y el 11,94% sancionados. El 86% restante continúa normalmente en sus funciones.
LAS MÁS DENUNCIADAS
Según el catastro levantado por el INDH, la comisaría que acumula más denuncias es la 1ª de Punta Arenas. Un recinto policial cuyos funcionarios no están acostumbrados a contener manifestaciones. La infraestructura tampoco los ha acompañado, los días en que las protestas se han desbordado han llevado detenidos a un galpón en las dependencias del GOPE, porque el edificio donde opera la comisaría es antiguo y estrecho. Entre el 19 de octubre y el 31 de enero acumulan 226 denuncias.
Al desagregar estos resultados aparecen 148 reclamos por uso excesivo de la fuerza durante la detención, y otros 71 por apremios ilegítimos. A diferencia de otros cuarteles policiales, las denuncias por desnudamientos forzados no son comunes en esta comisaría. Sí lo son las golpizas: el INDH ha presentado cinco querellas contra carabineros de Punta Arenas por este tipo de agresiones. Las acciones judiciales también incluyen acusaciones de amenazas y discriminación.
La 3ª comisaría de Talca es el segundo recinto policial más denunciado. Las visitas de funcionarios del INDH a sus calabozos han recogido 193 acusaciones realizadas por parte de los 358 detenidos contabilizados en esas visitas de inspección.
El 20 de enero a las 22:30 había siete adultos detenidos en esa comisaría. Uno denunció uso excesivo de la fuerza al momento de la detención, otros dos acusaron apremios ilegítimos por parte de los uniformados y otro constató que en la comisaría lo desnudaron. Tres de esos detenidos le dijeron a los funcionarios del INDH que los carabineros los apuntaron con su arma de servicio cuando los detuvieron. El organismo dirigido por Sergio Micco ha presentado ocho querellas por hechos ocurridos en la 3ª comisaría de Talca, entre los que se cuentan desnudamientos forzados, amenazas de violación, golpizas y amenazas de muerte.
Luego aparece la 1ª comisaría de Viña del Mar, con un total de 146 denuncias: 21 de ellas son por acoso, violencia sexual o desnudamientos, 11 por apremios, y otras 46 por vejaciones injustas. En diciembre el INDH de Valparaíso presentó tres querellas por un caso de mujeres que fueron obligadas a desnudarse y hacer sentadillas al interior de ese cuartel. El vejamen se produjo frente a las cámaras de seguridad del recinto. Una de las afectadas relató que luego de vestirse se le acercó un carabinero que la acosó con miradas lascivas. En la ocasión el director regional del INDH, Fernando Martínez, señaló que “la desnudez forzada también está incorporada dentro del concepto de violencia sexual y, por ende, vulnera la integridad física y psíquica, debiendo ser investigado por los Estados, como una obligación jurídica propia”.
La 19ª comisaría de Providencia es el recinto policial más denunciado de la Región Metropolitana, con 129 anotaciones en el registro del INDH. Entre esas acusaciones resaltan 31 reclamos por vejación injusta y 79 por uso excesivo de fuerza en la detención. Le sigue la 3ª comisaría de Santiago, con 126 denuncias que incluyen vejámenes, desnudamientos, acoso y abuso sexual.
Hay comisarías que no aparecen entre las más denunciadas, pero que han concentrado la atención mediática por la gravedad de los hechos que se están investigando. Es el caso de la 43ª comisaría de Peñalolen, donde tres detenidos acusaron haber sido “crucificados” (esposados) en una antena celular del recinto la madrugada del 21 de octubre. Esa comisaría acumula seis denuncias por otras vulneraciones.
La 20ª Comisaría de Puente Alto es, hasta el momento, la única unidad intervenida por Carabineros desde el estallido, al menos de lo que se conoce públicamente. La institución decidió dar de baja a dos oficiales y otros cinco uniformados por la paliza que recibió Matías Soto (18) el pasado 29 de enero. El joven sufrió una lluvia de patadas y golpes de luma en su cabeza y costillas por casi veinte segundos. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad. La crudeza de las imágenes no dejó margen a la policía, y además de las bajas señaladas, relevó al comisario y subcomisario a cargo de la repartición.
En su testimonio ante Fiscalía -revelado por La Tercera-, Soto relató que “un carabinero me agarró del cuello e intentó subirme a un retén, yo opuse resistencia, no lo golpeé, solo forcejé con él. Como no pudo subirme al retén me tiró al suelo y comenzó a pegarme patadas en diferentes partes del cuerpo y en la cabeza. Llegaron alrededor de ocho carabineros, quienes también empezaron a patearme y a golpearme con lumas”.
Antes de que cesara la golpiza propinada por personal de la 20ª Comisaría, Soto escuchó: “Dejen de pegarle, este ya está muerto”. Luego de pararse, aún aturdido, fue atendido por la Cruz Roja y llevado al Sapu Manuel Villaseca. Allí le diagnosticaron “múltiples contusiones en zona dorsal y fractura costal izquierda”, aseguró.
Los cambios en Puente Alto fueron anunciados el 7 de febrero, luego de que otros dos jóvenes también denunciaran abuso policial en la zona. El INDH visitó la comuna inmediatamente después de esto, y acumuló otros testimonios que dieron cuenta de la brutalidad con que actuaba Carabineros en el sector: simulación de ejecuciones, violencia sexual, golpizas, constatación irregular de lesiones, sustracción de especies personales, detenciones arbitrarias y hostigamientos a defensores de derechos humanos.
En el catastro del INDH, la 20ª comisaría de Puente Alto suma 82 observaciones, ocupando el décimo lugar entre las más denunciadas a nivel nacional.
Otro de los casos graves de violaciones a los derechos humanos al interior de comisarías ocurrió en la 2ª de Quilpué, donde una mujer de 18 años denunció que los carabineros la golpearon (“patadas en el útero y pisotones en las mamas”), le realizaron tocaciones y la amenazaron con violarla. El jefe regional del INDH en Valparaíso (Fernando Martínez) denunció el caso ante la misión especial de la ONU que visitó Chile en noviembre.
El registro del INDH también consigna denuncias de abusos cometidas en cuarteles de la Policía de Investigaciones (PDI) y por efectivos del Ejército durante los días de octubre en que rigió el estado de excepción, aunque esas denuncias son pocas si se comparan con las de Carabineros.
Revise aquí las denuncias por categoría:
1.600 QUERELLAS
La información recogida por el INDH tiene un correlato con otro registro que detalla las acciones judiciales que ha presentado el organismo desde el 18-O hasta el 31 de enero de 2020.
Esa base de datos –disponible en la página web del INDH–consigna 1.600 acciones judiciales presentadas por vulneraciones a los derechos humanos durante el período señalado. Hasta el 18 de febrero el organismo sumaba la representación de 1.631 personas, según un reporte de esa fecha.
La misma actualización señala que cinco querellas fueron por homicidio, 19 por homicidio frustrado, 951 por torturas y tratos crueles; 195 por violencia sexual (desnudamiento, tocaciones, amenazas, insultos y cuatro violaciones) y 86 por violencia innecesaria, entre otras causas.
Uno de los casos que alcanzó mayor notoriedad pública es el del estudiante de medicina de la Universidad Católica, José Maureira (23), cuya denuncia derivó en la formalización de seis uniformados de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda en calidad de autores de los delitos de torturas y torturas con abuso sexual agravado, presuntamente cometidos en la madrugada del martes 22 de octubre. El INDH presentó una querella por este caso tres días después, el 25 de octubre.
El registro del organismo también contiene las acciones judiciales que presentaron en favor de los tres adultos y el menor de edad que habrían sido “crucificados” en una antena de la 43ª Comisaría de Peñalolén el 21 de octubre. La base de datos agrega que los afectados fueron gaseados luego de dejarlos en esta posición y que el menor de 14 años también habría sufrido una golpiza tras ser detenido.
Al margen de esos casos, la información analizada por CIPER indica que una de las vulneraciones más repetidas en las querellas patrocinadas por el INDH por hechos sucedidos en comisarías fueron los desnudamientos: 149 personas que denunciaron la presunta comisión de delitos en unidades policiales dijeron que fueron obligadas a quitarse la ropa parcial o completamente durante su paso por estas dependencias. De esta cifra, 67 son mujeres (53 adultas y 14 menores de edad) y 82 hombres (57 adultos y 25 menores).
La comisaría con mayor cantidad de denuncias por desnudamiento es, según el registro de querellas del INDH, la 2ª de Coquimbo. El 23 de octubre nueve mujeres fueron detenidas y derivadas a este lugar. Todas denunciaron que fueron obligadas a sacarse la ropa, y todas agregaron que posteriormente sufrieron tocaciones en la unidad. Además de ellas, otras seis personas dijeron que fueron obligadas a desnudarse, acumulando 15 denuncias en total.
La segunda comisaría con mayor cantidad de denuncias de este tipo es la 20ª de Puente Alto, con 14 presuntas vulneraciones. La mitad de ellas ocurrió el 22 de octubre, y la otra mitad un día después. Salvo un caso, todas las denunciantes son mujeres.
Una de las jóvenes afectadas es Damiana Gutiérrez. En su testimonio, recogido y publicado por Vergara 240, recuerda que llegó a la 20ª Comisaría de Puente Alto el 22 de octubre tras ser aprehendida en medio de un saqueo a una multitienda.
Luego de ser reducida por un carabinero de civil, Damiana fue trasladada en un furgón militar a la unidad emplazada en Balmaceda 432 (Puente Alto). Así relató lo que ocurrió a partir de entonces: “Entré con dos menores de edad. Nos obligaron a desvestirnos (…) Eran carabineras quienes hacían este procedimiento (…) Se colocaron los guantes y yo pregunté si sólo debía sacarme el pantalón y dejarme puesto los calzones, me dijeron que todo. Me saqué la parte de abajo primero y pensé: ‘lo voy a hacer todo rápido, no quiero que me peguen, que me toquen’. Me saqué la parte de arriba, quedé completamente desnuda e hice dos sentadillas. Luego le pregunté a la carabinera si me podía vestir. Ni siquiera alcancé a ponerme los sostenes de las ganas que tenía de salir de ahí. Me percaté que a las menores de edad que estaban conmigo les sacaron la cresta e incluso a una le hicieron ponerse en posición de perro. No sé con qué fin nos hicieron hacer esto, era obvio que no teníamos nada. A los hombres no los revisaron, solo a nosotras“.
En este gráfico están consideradas solo las denuncias por desnudamiento, no las querellas.
El podio de las comisarías más querellada por desnudamientos lo completa la 1ª de La Serena. De acuerdo con la base del INDH, son 12 denuncias por desnudamientos en este cuartel, ocurridas entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre. De cerca le sigue la 3ª de Talca, con 11 episodios entre el 21 de octubre y el 18 de noviembre.
En el Ministerio del Interior señalaron a CIPER que no cuentan con la base de datos elaborada por el INDH y que solo alimentan sus estadísticas con la información que a diario les entrega Carabineros y la PDI. Sin embargo, hace una semana CIPER recibió una versión de esa base de datos de parte de un grupo de hackers conocidos como Anonymous Chile, quienes aseguraron que la habían extraído de un servidor del Ministerio del Interior.
Desde la cartera dirigida por el ministro Gonzalo Blumel no respondieron las consultas sobre el hackeo. Tampoco respondieron cuando CIPER consultó si habían tomado acciones para evitar la vulneración a los derechos humanos en las comisarías. El periodista del Ministerio, Alejandro Müller, dejó de contestar el teléfono.
Esta investigación se trabajó con la base de datos oficial solicitada al INDH, organismo que la publicó en su página web luego de entregarla a CIPER.
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