PAÍS
En los últimos 20 años, prácticamente ninguna institución militar y policial chilena se ha librado de la corrupción. Sus altos mandos han malversado fondos públicos, defraudado al fisco, falsificado instrumentos públicos y filtrado información privilegiada, entre otros ilícitos.
Costó años para que, tras el retorno a la democracia, las diferencias entre civiles y uniformados se fueran aminorando. Sin embargo, en los últimos veinte años (los que lleva la Reforma Procesal Penal), los casos de corrupción proliferaron en las instituciones armadas, golpeando nuevamente la confianza de la ciudadanía. De hecho, en las últimas décadas, ocho de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y las policías han estado involucrados en actos de corrupción, más otros dos por delitos de violaciones a los derechos humanos. En total son 10 los imputados del más alto rango.
Hoy están en la palestra el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, quien será formalizado el próximo martes en el marco del caso Hermosilla, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuya formalización –hay que aclarar– no se relaciona con actos corruptos, sino con su eventual responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el marco del estallido social. En la audiencia –fijada para el 7 de mayo– también serán formalizados el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas y el exsubdirector de la misma institución, Diego Olate.
Los allanamientos realizados durante la mañana del viernes 15 de marzo al domicilio y la oficina de Sergio Muñoz están directamente relacionados con el caso que se lleva contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, a quien se le imputa la malversación de más de $ 140 millones de gastos reservados.
Lo anterior, ya que en el marco del caso audios y las pericias efectuadas al teléfono celular del abogado Luis Hermosilla, se habría rescatado información que involucraría al ahora exdirector de la PDI en hechos constitutivos de delitos. Esto, porque le habría proporcionado información reservada correspondiente a las diligencias contra Héctor Espinosa, pues Hermosilla es parte de los abogados que integran la defensa de la exautoridad policial.
La Fiscalía pidió 20 años de cárcel en contra de Espinosa por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público, durante el periodo que estuvo a cargo de la institución.
En enero del 2023, el Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, presentó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago un escrito donde señaló que Espinosa “hizo depositar una parte de estos, en dinero en efectivo, en sus cuentas corrientes personales, tanto del BancoEstado, como del Banco de Chile. Así como en la cuenta corriente del Banco de Chile perteneciente a su cónyuge, la acusada María Magdalena Neira”.
En la acusación también se explica que el exdirector de la institución, “junto con distribuir esas sumas entre las unidades destinatarias de estos caudales, antes precisadas, sustrajo a lo menos $ 146 millones, sumas de dineros correspondientes a fondos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados asignados a la PDI”. El organismo persecutor identificó un total de 52 depósitos realizados en tres años, mecanismo mediante el cual Espinosa traspasó dinero en efectivo a su cuenta bancaria y de su familia, adquiriendo además una serie de inmuebles en la comuna de Las Condes y Valparaíso.
Sergio Muñoz advertía al abogado Luis Hermosilla de los movimientos de la investigación en contra de Héctor Espinosa. Además de informarle sobre indagatorias en otras causas que llevaba el abogado.
Orden y patria
La crisis de seguridad ha hecho que la ciudadanía valore y apoye la labor de Carabineros. En especial hace un año, cuando los asesinatos de los carabineros Álex Salazar, Rita Olivares y Daniel Palma llevaron a los legisladores a dictar la Ley Naín-Retamal para frenar esos ilícitos. Esto y el temor de la población ha llevado a “olvidar” ciertos actos corruptos “antiguos” perpetrados por funcionarios de Carabineros, que fueron los que llevaron al fondo del ranking de confianza a la institución. El emblemático “Pacogate” produjo un nocaut en la policía chilena que se ufanaba –también los chilenos– de no recibir coimas.
El caso de malversación de caudales públicos se desarrolló entre 2006 y 2027. En 2020, el fraude fue avaluado en más de 35 mil millones de pesos. El más grande desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en el año 2000 y que tiene a más de 130 personas imputadas, incluyendo a importantes exmiembros del Alto Mando de la policía uniformada. Entre los involucrados están:
Eduardo Gordon Valcárcel, quien estuvo a la cabeza de Carabineros entre 2008 y 2011, fue formalizado en 2018 y luego reformalizado en 2019 por malversación de caudales públicos, mientras era general director de la institución, en el marco del caso “Pacogate”. Hoy enfrenta acusaciones por su participación y autoría en cinco delitos reiterados de malversación de caudales públicos, así como en tres delitos reiterados de falsificación de instrumento público. La Fiscalía pide una pena de 10 años y un día de cárcel por el primer conjunto de delitos y 4 años de prisión por el segundo. Se estima que el exuniformado se apropió de un monto que asciende a $ 1.193.610.872.
Por su parte, el exgeneral director Gustavo González Jure, quien estuvo al mando de la policía uniformada desde 2011 a 2015, enfrenta nueve acusaciones de malversación de caudales públicos y cuatro de falsificación de instrumento público. El Ministerio Público solicita una pena total de 24 años de prisión efectiva, además de una multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos. González Jure manejó un total de $ 2.147.446.000 y US$ 360.000 en gastos reservados, de los cuales se habría apropiado de alrededor de $ 122.447.000 y US$ 4.000, con un monto total defraudado estimado en $ 1.226.314.662.
El exgeneral director Bruno Villalobos Krumm, quien lideró la policía uniformada entre 2015 y 2018, enfrenta once acusaciones de malversación de caudales públicos y tres de falsificación de instrumento público. En su caso, la Fiscalía también busca una condena total de 24 años de prisión efectiva y una multa de 15 UTM. Villalobos manejó un total de $ 982.062.429 y US$ 180.000 en gastos reservados, de los cuales se habría apropiado de alrededor de $ 68.441.000 y US$ 2.100. Se estima que el monto defraudado asciende a $ 585.627.429, considerando lo sustraído y lo que habría permitido que terceros se apropiaran.
Marinos y militares
Los hombres de mar también se han visto involucrados en irregularidades. El “caso Fragatas” está vinculado al pago de millonarias comisiones irregulares por la compra, por parte de la Armada, de cuatro embarcaciones holandesas, avaluadas en US$ 350 millones. La operación fue realizada en 2004.
En 2012, la Corte Marcial de Valparaíso sometió a proceso a los vicealmirantes (r) Cristián Gantes y Juan Eduardo Illanes, a causa de su responsabilidad en la filtración de datos confidenciales, que condujeron a la compra de las unidades navales. Tras seis años de investigación, el Ministerio Público formalizó por lavado de dinero, cohecho y soborno a un funcionario extranjero y por delito tributario al exgerente de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), Patricio Basili, y el capitán de Navío (r) Juan Tapia, quienes fueron condenados a cinco años de cárcel, bajo libertad vigilada, así como a regresar un total de $ 40 millones, desde cuentas bancarias, junto con pagar una multa de $ 210 millones. Todo en virtud de un acuerdo por juicio abreviado.
En 2015 ocurrió una especie de explosión de corrupción, al detectarse fraude y desviación de fondos obtenidos a través de la Ley Reservada del Cobre, un derogado cuerpo legal que destinaba gruesas sumas de la exportación del metal rojo hacia las Fuerzas Armadas, sin necesidad de rendir cuentas. El caso fue bautizado como “Milicogate”. Se trata de una investigación que tiene más de 30 aristas, que fueron indagadas por la ministra Romy Rutherford y que hoy continúa a cargo de la magistrada Ana María Osorio. Actualmente, la causa cuenta con más de 50 procesados. Entre los altos mandos están:
Juan Emilio Cheyre (2002-2006) fue condenado por la Corte Suprema como cómplice y no encubridor de los 15 homicidios calificados en el caso Caravana de la Muerte (16 octubre 1973). La sentencia fue de 5 años de presidio con el beneficio de libertad vigilada. También fue investigado en el caso “Milicogate”, por malversación de caudales públicos en la arista de gastos reservados por el uso de $ 2.400 millones.
Óscar Izurieta (2006-2010), también indagado por el caso “Milicogate”, fue procesado por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar. En concreto, se le responsabilizó por el mal uso de fondos asignados a la institución por un monto de $ 6.374.996.162, entre los años 2006 y 2010.
Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) fue procesado por fraude al fisco equivalente a $ 3.500 millones, desfalco de fondos que habría utilizado para comprar múltiples propiedades y vehículos, además de financiar viajes y fiestas.
Humberto Oviedo (2014-2018) también fue detenido y procesado por la malversación de $ 4.500 millones, en una investigación que se encuentra todavía en curso.
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