OPINIÓNAgencia Uno
La misma “mano dura” que tanto se pide en contra de otras formas de delincuencia, debe aplicarse en estos casos ya que la impunidad solo perpetúa y amplía el territorio del ciclo de corrupción y mina aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Otra pieza ha caído. A casi 4 meses del caso audios, la figura de dominó botó un vértice implacable que abrirá sin dudas un nuevo derrumbe de fichas. Tras la formalización del exdirector general de la PDI por la filtración de información reservada fuera de todo marco formal, se pone de manifiesto una sombría realidad que atraviesa las estructuras de poder en nuestro país: la corrupción. Aunque Chile figura como uno de los países menos corruptos a nivel mundial, la medición puede ser engañosa.
El caso no es baladí. Recién parten las investigaciones, por una parte, sobre las consecuencias en las causas afectadas por estas filtraciones, y aunque no se confirma si hubo dinero de por medio, la información filtrada podría haber influido en el curso de las investigaciones y en la administración de justicia. Complicado.
La podredumbre enquistada en las altas esferas políticas y empresariales no solo erosiona la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho, sino que también socava el desarrollo económico y social de una nación.
Para abordar esta lacra de manera efectiva, es imperativo implementar medidas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles del Estado y del sector privado. Esto implica fortalecer los mecanismos de supervisión y control, así como fomentar una cultura de integridad y ética en todas las instituciones de manera real.
Asimismo, se hace necesario investigar y sancionar con firmeza a aquellos que participen en prácticas corruptas, sin importar su posición o estatus social. La misma “mano dura” que tanto se pide en contra de otras formas de delincuencia, debe aplicarse en estos casos ya que la impunidad solo perpetúa y amplía el territorio del ciclo de corrupción y mina aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Finalmente, combatir esta plaga requiere un esfuerzo conjunto y coordinado de todos los sectores de la sociedad, incluidas las instituciones gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. Solo a través de una condena enérgica y transversal, con políticas potentes y condenas ejemplificadoras, podremos construir un país más justo, transparente y próspero para todos.
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