PAÍSCréditos: Agencia Uno.
El actual subdirector de Investigación Policial y Criminalística integró el Departamento V de la PDI, cuando este asumió las investigaciones por los casos Conferencia, Villa Grimaldi y Colonia Dignidad. El general Marcelo Araya, en tanto, es abogado y fue jefe de Orden Público en La Araucanía.
En el marco de la formalización del ahora exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, entre todas las revelaciones que dejó este gran escándalo de corrupción ligado al abogado Luis Hermosilla, también se reveló el criterio del Gobierno sobre los casos en que altas autoridades se vean implicadas en causas judiciales: la formalización es la fecha límite para que un colaborador del Gobierno o una autoridad de confianza siga ejerciendo su cargo. La salida de Muñoz y la próxima formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que será el 7 de mayo, puso a La Moneda a evaluar quiénes serán sus sucesores y, con ello, buscar un perfil óptimo para enfrentar la actual crisis de seguridad.
Cerca de las 16:30 horas de ayer, el Poder Judicial determinó dejar en prisión preventiva a Muñoz, pero ya antes de que se publicara la medida cautelar el Gobierno se puso en marcha para buscar algún sucesor. Durante la mañana de ayer, Claudio González, director subrogante de la PDI, arribó a La Moneda para reunirse con autoridades, entre ellas la ministra del Interior, Carolina Tohá, para hacer entrega de documentos relacionados con el reemplazo del ahora exdirector general de la institución policial.
González llegó a eso de las 11 de la mañana y durante una hora estuvo en Palacio haciendo entrega de documentos que tienen que ver con aspectos procedimentales del reemplazo. La ministra Tohá, en el Congreso, luego de la formalización de Muñoz, dio cuenta del detalle de los aspectos a ponderar para elegir al nuevo director general de la PDI y qué contenían esas carpetas: “En primerísimo lugar, la hoja de vida de los funcionarios que están habilitados para ser nombrados, sus antecedentes, cuál ha sido su desempeño histórico”. En segundo lugar, agregó la ministra, “su visión de la institución ante los desafíos que hoy esta tiene en materia de seguridad, los nuevos fenómenos criminales, las competencias que tiene para enfrentar esas tareas”.
Sobre el proceso de evaluación, precisó que “se está haciendo justamente en estos días. Se me entregaron todas las carpetas completas con su historial y el Presidente de la República es el que formula esta definición y, apenas ello se haga, se comunicará”.
De acuerdo con la ley, el director general debe ser electo entre las ocho primeras antigüedades de la institución. Entre esas opciones, el director subrogante González parece tener la carrera perdida, debido a su vínculo con una sesión de torturas en contra de un aspirante a detective, Mauricio Flores, hecho detallado en el libro Rati, de Javier Rebolledo y el exdetective Jesús Silva (publicado en 2021).
El segundo en la lista de antigüedad, y mejor aspectado a los ojos del Ejecutivo –según publicó El Mostrador– es Lautaro Arias Berrocal. Se trata del actual subdirector de Investigación Policial y Criminalística y cumple con un perfil completamente operativo. Pero es su trayectoria lo más atractivo de su perfil. Arias, durante sus inicios, fue oficial del Departamento V de la PDI, cuando esa unidad asumió las investigaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Ahí fue parte de investigaciones en los casos Conferencia, Villa Grimaldi y Colonia Dignidad.
En cuanto al reemplazo del general Yáñez en Carabineros, también se rige por una lista de antigüedad, pero en La Moneda existen dos nombres que resuenan en los pasillos: el general subdirector Marcelo Araya y el director nacional de Orden y Seguridad Enrique Monrás. Ambos tienen un perfil operativo, es decir, que cuentan con más experiencia en terreno y conocen la institución desde el trabajo en las calles. Ahora, en diferentes medios ha trascendido que Yáñez buscaría aplazar su formalización, por lo que su reemplazo no tendría tanta urgencia.
Un perfil de lo opuesto fue el caso del exgeneral director Mario Rozas –conocido por liderar la institución durante el estallido social–, quien se desempeñaba como director de Bienestar al momento de su designación.
Su perfil operativo, con experiencia en lo académico, lo sitúa primero a los ojos del Gobierno para liderar la institución de Carabineros. En cuanto a Monrás, tiene una historia de experiencia en la calle y, actualmente, con grado de general inspector, se desempeña como director nacional de Orden y Seguridad. Sin embargo, su nombre no está dentro del perfil que busca el Gobierno.
El candidato estuvo involucrado en una polémica luego de un reportaje de Ciper publicado en 2022. La actriz María Paz Grandjean, durante el estallido social, estaba en La Moneda cuando el capitán Tomás Rodríguez disparó una munición “super shock” en contra de ella, provocándole lesiones graves en su rostro. Luego de una investigación interna en Carabineros, Rodríguez libró de toda responsabilidad.
El profesor de la Facultad de Derecho de la UDP y director de Espacio Público, Mauricio Duce, aclara, en primer lugar, que “los procesos de selección de los directores generales, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, están regulados en la ley en esa lógica, o sea, no se puede elegir a cualquier persona”. Contando con ese marco, entonces, “uno tendría que asumir que dentro del pool que se tiene que elegir, todos están en condiciones de cumplir con la exigencia técnica”, comenta Duce.
Con eso aclarado, más allá de si la persona en cuestión cumple con un perfil más operativo o académico, la discusión que debería tener el Gobierno se debe centrar en otro ámbito: “Lo que estamos diseñando es alguien que va a tener una conducción, una conducción institucional y que tiene que tener capacidad de gestión, convocatoria. Tiene que ser alguien que, en el contexto actual, dé muchas garantías de transparencia y tenga una trayectoria impecable. Y eso me parece que son los atributos claves”.
El director de Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales y profesor del Departamento de Derecho Procesal, Cristián Riego, cree que las causas de Sergio Muñoz y Ricardo Yáñez son distintas y por eso las separa en el análisis. Sobre el sucesor de Muñoz, dice que el Gobierno “probablemente debiera hacer una búsqueda más o menos a fondo para encontrar una persona que dé garantías de un buen comportamiento”. Además, cree que “ahí son necesarias algunas modificaciones al gobierno corporativo de la PDI, creo que el poder es sencillamente concentrado en una sola persona, que tiene realmente la suma de todo el poder y no tiene control, eso es parte del problema”.
Sobre el impacto que tienen las implicancias jurídicas en ambos casos, sostiene que son diferentes, pero Yáñez es prueba de que, aún no siendo formalizado, el Gobierno y el Congreso han logrado avanzar en el fortalecimiento de las policías. Ahora, Duce apunta a que “aquí lo central va a ser la capacidad que tengan las instituciones, pensando particularmente en lo que ocurrió con el director de la PDI, en capacidad de reaccionar y darle, con acciones concretas, a la ciudadanía muchas garantías de que una situación de este tipo no se va a reproducir”.
Tanto la PDI como Carabineros, hace años, han sido focos polémicos de corrupción o de usos indebidos del cargo, como lo vemos ahora. En tal sentido, el director de Espacio Público sostiene que la proliferación de estos casos tiene que ver con un tema que se discutía hace siete años, “pero lamentablemente no continuó y se hizo poco, o se hizo mucho menos de lo que debería haber sido”.
“Nuestras policías enfrentaban un desafío importantísimo, tanto –yo diría– por una excesiva autonomía fáctica, por una parte, como por algunos problemas de desempeño”, señala Duce. Esta independencia “se traducía en niveles de control externo e interno menos robustos que lo que uno esperaría para las policías”, explica. “Entonces, es ahí cuando las instituciones quedan expuestas a estos actos”, indica el académico.
La agenda en esta materia evolucionó en que hacer ver una “necesidad de hacer reformas importantes en la policía para superar estos problemas, fue visto como un ataque por un sector y se opuso completamente a ello, y se privilegió, en cambio, una política policial en el sentido un poquitito contrario, que es de fortalecer a las policías”, en desmedro de “controles externos”, precisa. El académico recalca que “estos hechos muestran que la política policial tiene que ser una política equilibrada”.
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