El pasado viernes 8, la audiencia de cautela de garantías para Ricardo Yáñez y otros dos imputados fue suspendida por un recurso contra al juez Cristián Sánchez. En paralelo, el general pidió anular la audiencia de formalización fijada para el próximo 7 de mayo. “Estrategia de dilación”, señalan.
El viernes 8 de marzo, a las 11:00 horas, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se esperaba la discusión de la cautela de garantías para el imputado general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco. Mismo trámite que solicitó el exdirector general Mario Rozas Córdova y el exgeneral subdirector Diego Olate Pinares. Todos ellos imputados por su eventual responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto del estallido social.
Ninguno de los tres se asomó por el segundo piso del edificio A del Centro de Justicia, aunque la citación señalaba su presencia. La audiencia duró tan solo 7 minutos. Esto, porque las defensas indicaron haber presentado un recurso ante la Corte en contra del magistrado Cristián Sánchez Rivera, a fin de inhabilitarlo en la causa. Debido a ello y como la resolución está pendiente, solicitaron suspensión de la audiencia hasta que sea resuelta la referida petición. De esta manera, el tribunal suspendió la audiencia de cautela de garantías, la que será programada eventualmente cuando sea resuelta la imputación al juez por el tribunal superior.
Los querellantes dejaron constancia en el acta de que Mario Rozas estaba citado a comparecer personalmente a dicha audiencia, hecho que no se efectuó.
Intento de anular la formalización
En paralelo, la jueza Isabel Margarita Correa, también del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó el recurso presentado por los abogados de Yáñez, Jorge Martínez Cornejo y María Jesús Wielandt Vidal. Los defensores habían presentado un recurso de nulidad procesal, que buscaba anular la audiencia de formalización fijada para el próximo 7 de mayo. Entre los argumentos, se señala el incumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.
“Solicitamos a SS.: Tener por interpuesto fundado incidente de nulidad procesal respecto de la resolución de fecha 4 de enero de 2024, la que sin advertir los vicios procesales que contenía la solicitud del Ministerio Público, quien vulnerando las garantías constitucionales y desoyendo el tenor literal del artículo 231 del Código Procesal Penal, solicitó al Juez de Garantía se fijara a una audiencia de formalización de la investigación en contra de nuestro representado, el General Director de Carabineros de Chile, con manifiestos errores sustanciales que llevaron equivocadamente al Tribunal de SS. a fijar audiencia de formalización para el día 7 de mayo de 2024 a las 09:00 horas; solicitando a SS. se declare nula la resolución que cita a formalización para el día 7 de mayo, la deje sin efecto y ordene la interrupción del proceso hasta que el Ministerio Público realice una presentación conforme al artículo 231 del Código Procesal Penal; debiendo retrotraerse el estado de la causa, hasta el estado anterior a la petición de formalización presentada por el Ministerio Público con fecha 2 de enero de 2024”, señala en parte el escrito.
Lo que viene ahora es esperar la resolución de la Corte sobre la recusación del juez Cristián Sánchez. Que, ¡oh!, tuvo una demora extra porque a los abogados se les olvidó pagar el ingreso del recurso.
“Se trata solo de maniobras dilatorias para demorar y entorpecer el avance de la justicia”, comenta una fuente. “Detrás de este actuar podría buscar alargar el trámite a tal punto que la formalización se posponga y, entre recursos y más recursos, se alcance la fecha de retiro (septiembre) de Yáñez Reveco”, agrega la misma fuente.
Coincide en ello la abogada de Derechos Humanos Karinna Fernández: “Es lamentable cómo estas formas persistentes de dilaciones, por parte del general director de Carabineros, que cuestionando la imparcialidad de jueces de la República, impide que avancemos en lo sustancial de la investigación. Es una situación especialmente preocupante en la antesala de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por el relator para Chile, José Luis Caballero Ochoa, que se realizará la próxima semana”.
Recordemos que respecto del estallido social, en enero de 2022, la CIDH aprobó y publicó el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile, en el que compiló la información entregada por el Estado, por las organizaciones de la sociedad civil y otros actores con los que se reunió en la visita de trabajo. En el Informe la Comisión formuló 60 recomendaciones dirigidas al Estado de Chile.
La CIDH y el Estado de Chile acordaron la creación de un mecanismo conjunto de seguimiento a las recomendaciones incluidas en el documento. Así, se creó el Mecanismo Conjunto de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe Situación de Derechos Humanos en Chile (MESECH). El Plan tiene una duración de 4 años, desde el 12 de diciembre de 2022. La visita de la próxima semana es un seguimiento a dicho itinerario.
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