Por: Claudio Pizarro | Publicado: 12.03.2024
llaitulPortada |El Líder de la CAM envió una misiva al organismo internacional, detallando las acciones en su contra por parte del Estado de Chile, en lo que considera una legítima protesta para “exigir el respeto del derecho internacional de los derechos humanos”. Todo en medio del juicio oral en su contra que parte precisamente hoy.
El líder de la Coordinadora Arauco Malleco, recluido en la excárcel El Manzano de Concepción y actualmente en huelga de hambre, envió una carta al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con el objeto de poner en conocimiento del organismo internacional las actuaciones del Estado de Chile en su contra y respecto al Pueblo Mapuche.
“Soy Héctor Llaitul Carrillanca, vocero (werken) de la Coordinadora Arauco Malleco, una organización constituida por personas pertenecientes al Pueblo Nación Mapuche, un pueblo originario de esta zona del sur del mundo, que históricamente ha sido víctima de una persecución implacable del Estado de Chile”, asegura al comienzo de la misiva.
La carta fue entregada la semana pasada –ad portas del juicio oral en contra del dirigente mapuche por los delitos de apología a la violencia, hurto simple, atentado a la autoridad y usurpación contemplados en la Ley de Seguridad del Estado–, y tiene como fundamento principal la criminalización de la lucha “reivindicativa del movimiento autonomista” respecto a los territorios ocupados por empresas forestales.
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“La lucha del Pueblo Mapuche tiene su fundamentación en el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, por lo cual reivindicamos territorios ancestrales que fueron y han sido apropiados ilegal e ilegítimamente por colonos y grandes empresas dedicadas a la explotación de estas tierras, con políticas extractivistas que amenazan nuestra cosmovisión”, plantea.
No es primera vez que el líder de la CAM acude a instancias internacionales para dar a conocer la situación del pueblo mapuche. En septiembre del año 2010, Llaitul envió una carta al Secretario General de la ONU, Ban Ki- Moon, solicitando su intervención ante el gobierno chileno en la víspera de la participación del entonces presidente Piñera en la Asamblea General de la ONU. “No es clemencia lo que pedimos, sólo justicia”, aseguró en ese entonces.
Agencia Uno/Héctor Llaitul.
En la actualidad Héctor Llaitul se encuentra encarcelado por sus comentarios tras la lectura de la sentencia de Daniel Canio Tralcal, en enero de 2020, y una entrevista realizada en Radio Universidad de Chile donde lo acusan de hacer una apología a la violencia. Por estos hechos, tanto la fiscalía como el ministerio del Interior, solicitan 25 años de presidio en su contra.
“Le están atribuyendo responsabilidades penales por sus opiniones acerca del sistema económico, cultural y social que afecta al pueblo mapuche. Entonces, mas allá de otras atribuciones penales, le están imputando responsabilidades por la Ley de Seguridad Interior del Estado que es una ley que puede ser calificada de persecución política”, asegura su abogado, Alberto Espinoza.
A raíz de este contexto, asegura Llaitul en la carta, habría pasado más de 11 años en prisión de forma injusta y arbitraria, siendo juzgado por tribunales militares y acusado de terrorismo con testigos sin rostro. “Se ha manipulado y utilizado en mi contra, sistemas probatorios propios de la ley antiterrorista, de manera encubierta para juzgarme y atribuirme responsabilidad en otras causas”, añade.
Debido a esta situación, asegura, ha denunciado la aplicación abusiva de la ley antiterrorista ante la Comisión lnteramericana de Derechos humanos (CIDH) por infracciones a las normas del debido proceso y el principio de legalidad debido a la “construcción abierta del tipo penal de los delitos terroristas”. Pese a aquello, agrega, “nunca he sido condenado por dicha ley”.
Llaitul acusa, además, haber sido víctima de operaciones de inteligencia por parte de agentes del Estado, articuladas desde el ministerio del lnterior y Carabineros, para atribuirle responsabilidades penales en graves delitos a partir de un caso conocido como «Operación Huracán». “Un burdo montaje que avergüenza al Estado de Chile”, precisa.
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En la actualidad, asegura el dirigente de la CAM, se lo estaría acusando de cinco delitos, tres de ellos vinculados a la ley de seguridad del Estado, “por la manifestación de ideas acerca de nuestra lucha territorial y política, por identificar en las empresas forestales (madereras) a los enemigos directos e históricos del Wallmapu”. En los dos restantes, agrega, nuevamente sería juzgado a través de testigos con identidad reservada, lo que considera como un nuevo montaje en su contra.
Esta situación judicial, asegura, sería también responsabilidad del gobierno de Gabriel Boric, debido a que la querella presentada por Sebastián Piñera fue ampliada en este periodo, situación que considera relevante pues en caso de desistirse “se extinguiría la acción penal”.
“Llevo casi 2 años preso sin que exista una condena penal en mi contra, lo que ha transformado esta privación de libertad en ilegal e ilegítima. Este fenómeno procesal represivo también se extiende a un conjunto de otros Mapuche pertenecientes a mi pueblo, privados de libertad y que hoy reivindican su condición de presos políticos, porque todos ellos son víctimas de la misma acción política represiva y militarizada impuesta por el Estado de Chile, y que por cierto se ha intensificado con el gobierno actual de Boric”, explica.
Finalmente, Llaitul asegura el total desconocimiento de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos lndígenas y Tribales por parte del Estado, debido al trato inhumano y degradante que los ha llevado a instaurar una huelga de hambre como “legítima protesta para exigir el respeto del derecho internacional de los derechos humanos”.
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