El gobierno está evaluando agilizar un proyecto de ley presentado el año pasado, en pleno estallido social, que busca que los partidos políticos tengan la obligación de condenar el uso, “propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política”.
La información, publicada este miércoles en La Tercera, agrega que el Ejecutivo, en más de una oportunidad, le puso urgencia simple a la moción, pero la última vez fue en junio de este año. Ahora, afirman en el oficialismo, la idea se reactivó debido a que consideran que no todas las colectividades han condenado de forma tajante la violencia, apuntando principalmente al Partido Comunista.
El proyecto, y nadie hasta el momento lo ha comentado, se levanta en medio de una campaña del gobierno apoyada por gran parte del sistema de partidos en la que fusiona las manifestaciones sociales con acciones de violencia. Una campaña en vísperas del plebiscito que tampoco informa sobre las 31 muertes a manos de carabineros desde octubre del año pasado, ni los heridos ni los mutilados.
El lunes pasado en la población La Victoria en las manifestaciones por el 18 de octubre el joven Aníbal Villarroel, que se desplazada en bicicleta, fue asesinado a tiros por agentes del estado. Nadie del establishment ha condenado esta violencia, como tampoco desde el gobierno cuando carabineros arrojó al joven Anthony al río Mapocho.
Agrega La Tercera que solo el PC cuestionó en su oportunidad que no se incluyera nada respecto de los que niegan las violaciones a los DD.HH. cometidas durante la dictadura. De hecho, parlamentarios del oficialismo acudieron ayer al Tribunal Constitucional para evitar que avance una iniciativa impulsada por la oposición que busca, justamente, que se sancione el negacionismo.
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