Solari, Ricardo
El Presidente de la Republica no proviene de la derecha autoritaria. No se le conoce compromiso alguno con el esquema superado en 1990. Por el contrario, Piñera voto por el No. En Renovación Nacional, siempre fue parte del sector liberal de esa organización.
Infortunadamente, el desempeño del Gobierno en el terreno de los derechos de las personas está muy lejos del estándar liberal.
Distintos atropellos hablan de que se está plasmando en los últimos meses una conducción de los aparatos estatales contradictoria con el respeto de garantías individuales mínimas. Vulnerar derechos de los ciudadanos se ha transformado en un hábito. Escuchas telefónicas ilegales por doquier a abogados defensores, a policías y a ciudadanos comunes; encarcelamientos prolongados, que alcanzan la clara condición de tortura; reiterados abusos policiales; uso extremo de leyes imperfectas, como la ley antiterrorista, para extremar apremios a imputados y construir casos sin evidencias.
Citando al célebre jurista Luigi Ferrajoli, el populismo judicial es más peligroso que el populismo político. Lo que él denomina así, «populismo judicial y penal», es cuando magistrados aparecen en televisión para sostener sus acusaciones, o hablan sobre la conducción de sus investigaciones, o lamentan los obstáculos que enfrentan en su trabajo. Esa reflexión, muy válida en el Chile actual, clama por fortalecer un Estado de Derecho, donde los individuos, los ciudadanos, dispongan de garantías consustanciales que efectivamente puedan ser ejercidas, sin la actual asimetría que se observa, construida desde la ansiosa procura de adhesión mediática.
Mencioné en el titular al fiscal Torres, símbolo de la juridicidad de la dictadura, luego de que ese régimen pasara del fusilamiento sumario y de la desaparición de los detenidos, a unos «procesos sin derechos» (recordar caso Karin Eitel), donde los imputados, además de torturados, eran previamente ajusticiados comunicacionalmente.
Hoy, en democracia, la situación es que el fiscal Peña, símbolo del telecombate a la delincuencia (¡uf!, como hubiésemos deseado ver esa celeridad judicial en la investigación original del caso Karadima), luego de un intenso despliegue mediático, caracterizado por la falta de garantías para los procesados y justificable sólo en función de estrategias comunicacionales mayores, pone ese “capital” a disposición del gobierno de turno.
Pero crecer en las encuestas no justifica cualquier cosa. En el “caso bombas” los tres supuestos “peligrosos líderes” del noticiado asunto ven todos sus derechos vulnerados, y después de pasar, hasta hace una semana, siete meses en la Cárcel de Alta seguridad con un régimen de 22 horas de encierro, hoy están en sus casas con arresto domiciliario. ¿Eran tan peligrosos?
Fue sin duda bochornoso, también, que un vecino de La Legua, mediante un pronunciamiento del Consejo de Transparencia, develara que el supuesto «plan de intervención» en su barrio, con el cual se justificaban continuas humillaciones a su condición de ciudadano con plenos derechos, sólo tenía existencia mediática.
Se trata de una cuestión de énfasis y enfoques. Como lo veía claramente Norbert Lechner, lo que se juega en el uso político e ideológico de la seguridad no es una diferencia entre liberales y conservadores, entre izquierda y derecha, sino entre autoritarios y demócratas. Finalmente, la exacerbación del miedo como política, la falta de sobriedad en el combate a la delincuencia son parte de una conducta que confirma una desconfianza frente al otro, frente a su incalculable libertad. Este atrincheramiento se niega a considerar la diferencia como un factor imprescindible para abrir al máximo el horizonte de lo que es posible en nuestra vida común sin perder el sentido de la realidad y, en particular, el de los derechos que se merecen todas las personas.
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