Ante entrega del segundo Informe Valech, representante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos sostuvo que "las cifras son absurdas e ilógicas"
En el primer informe de la Comisión, difundido en noviembre de 2004 por el entonces presidente Ricardo Lagos, se dio cuenta de 28.459 casos de prisión política y tortura, que se sumaron a 2.279 desapariciones y ejecuciones por causas políticas del Informe Rettig Ahora en el 2011, certificaron 30 casos de desapariciones y ejecuciones y 9.800 de torturas
La Comisión Valech, que investiga las violaciones de los derechos humanos cometidos en el país durante la dictadura de Augusto Pinochet, certificó 30 casos de desapariciones y ejecuciones y 9.800 de torturas que hasta ahora no figuraban en los registros tras la reapertura de esta instancia en febrero de 2009.
A pedido de los organismos de derechos humanos, la comisión se reabrió para poder recoger los testimonios de sobrevivientes de la cárceles secretas de la dictadura, que por diferentes motivos no lo hicieron en 2004. En esa oportunidad se recibieron más de 32 mil casos y calificaron 28.000.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Valech, Maria Luisa Sepúlveda, entregó el documento a Sebastián Piñera, dando a conocer después que el Mandatario le dijo que "éste es un nuevo aporte a cómo la sociedad chilena ha ido abordando el tema de las violaciones de derechos humanos. Que va a darse el tiempo prudente para poder leerlo y así poder comunicarlo al país".
Ante la pregunta si con la entrega de este informe se podría hablar de un cierre del tema de atropello a los derechos humanos en Chile, Sepúlveda respondió que "yo no hablaría de un cierre".
"A nosotros nos correspondió calificar aquellos casos que se presentaron, pensando en las personas que eran víctimas. No nos cabe duda que éste es un paso, que era una demanda de las víctimas, que fueron escuchadas por el Parlamento y el Ejecutivo, que se sumó a esta proposición (de reapertura de la comisión), a fines del gobierno de Michelle Bachelet", insistió.
"Cifras absurdas"
Sin embargo la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, calificó la cifra de certificaciones como "aberrante", por cuanto supone apenas un tercio de los casos presentados.
"Son cifras aberrantes, puede haber casos que no cumplen los requisitos, pero que sean casi el 70 por ciento del total es absurdo, ilógico", a lo que la dirigenta agregó que "es probable que no se haya tomado en cuenta la globalidad de las circunstancias en que ocurrieron los hechos".
En esa línea, García dijo que considera indispensable hacer una nueva revisión de los casos, "porque el resultado no cumple con las expectativas de una sociedad que ha esperado tanto para presentar sus denuncias y tener justicia".
En el primer informe de la Comisión, difundido en noviembre de 2004 por el entonces presidente Ricardo Lagos, se dio cuenta de 28.459 casos de prisión política y tortura, que se sumaron a 2.279 desapariciones y ejecuciones por causas políticas que certificó la Comisión Rettig en 1991.
En esta oportunidad, no habrá plazo para reconsideración de casos y las nuevas víctimas reconocidas podrán acceder a los beneficios establecidos por las leyes de reparación.
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