Fue una jornada maratónica e histórica la que se vivió este jueve s en Concepción, Laja y s en Concepción, Laja y San Rosendo. Esto porque el ministro para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, decretó la reconstitución de escena, para lo cual dispuso que la PDI ubicara a los catorce inculpados en esta causa, los que, salvo uno que está enfermo, fueron puestos a disposición del ministro para concretar la diligencia. “¿Quién dio la orden de disparar?”
-El teniente Fernández
La pregunta fue repetida varias veces por el ministro Carlos Aldana, a medida que iba interrogando a los ex carabineros que participaron en la reconstitución de uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la región del Bío Bío, durante la dictadura: la ejecución de 19 obreros y empleados de Laja y San Rosendo.
Fue una larga jornada la que se vivió este jueves en Concepción, Laja y San Rosendo. Temprano se iniciaron las diligencias en el palacio de Tribunales. Hasta allá llegaron, pasadas las 8:00 horas, trece ex funcionarios de Carabineros, trasladados por personal de la PDI desde Iquique, Rancagua, Santiago, Chillán y Los Ángeles.
Allí, el ministro Aldana tomó las primeras declaraciones a los ex carabineros, quienes fueron identificados durante la investigación judicial de este caso desarrollada por el ministro en visita, José Martínez Gaensly, entre 1979 y 1980.
Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1973, 19 personas, entre empleados de la Papelera CMPC de Laja y de ferrocarriles en San Rosendo, fueron detenidos por personal de Carabineros de la Tenencia de Laja, a cargo del teniente Alberto Fernández Mitchel y también por funcionarios de San Rosendo.
Las indagaciones del ministro Martínez permitieron identificar a Alberto Fernández Mitchel, Evaristo Garcés Rubilar, Pedro Rodríguez Ceballos, Juan Muñoz Cuevas, Nelson Casanova Delgado, Luis León Godoy, Carlos Fritz Gómez, Gerson Saavedra Reinike, Gabriel González Salazar, Juan Oviedo Riquelme, Anselmo San Martín Navarrete, Lisandro Martínez García, José Otárola Sanhueza, Samuel Vidal Riquelme, Florencio Olivares Dade, Pedro Parra Utreras, Sergio Castillo Basaúr e Israel Ormeño este último civil. Sin embargo, como se trataba de personal uniformado, el 18 de marzo de 1980, el magistrado se declaró incompetente, pasando la causa a la Justicia Militar, que la sobreseyó y aplicó la Ley de Amnistía, el 3 de diciembre de 1981.
Treinta años después, familiares de las víctimas y sus victimarios volvieron a encontrarse. El dolor de tantos años brotó espontáneo en gritos e interpelaciones. La pasividad fue la respuesta de los inculpados. Así fue durante gran parte del día, en las diligencias realizadas por el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana quien está indagando este caso, luego de la presentación de dos querellas, una de familiares y la otra del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Cerca del mediodía, el ministro junto con los inculpados y personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, se dirigieron a Laja. Allá, se constituyó primero en el Juzgado y luego se trasladó hasta el ingreso principal de la Papelera, donde realizó algunas inspecciones y conoció un par de testimonios.
Mientras, en las inmediaciones, familiares, amigos y vecinos demandaban justicia con gritos y pancartas. El ambiente era de tensión y de gran expectación. La localidad de Laja advertía que algo estaba sucediendo ante el paso de los vehículos policiales y el inusual resguardo de la fuerza pública.
Luego de casi media hora de espera, Aldana salió de la Papelera y junto a la comitiva, partió a San Rosendo, donde realizó la reconstitución de dos detenciones. La de Luis Araneda Reyes, 43 años, maquinista de Ferrocarriles, detenido el 15 de septiembre, en la puerta de su casa. Y la de Juan Acuña Concha, maquinista de 33 años y residente en San Rosendo. Su esposa, Rosa Barriga Pérez, relató los pormenores de la detención y también se quebró y encaró enardecida a dos de los carabineros que participaron en la detención de su esposo: Alberto Fernández y Florencio Olivares.
La aparición de ambos provocó una fuerte reacción por parte de algunos familiares, especialmente jóvenes, que a voz en cuello le gritaban: “¡Asesino! ¡Asesino!” a los dos ex funcionarios.
Terminadas esas diligencias, la comitiva regresó a Laja, para dirigirse al sector donde estuvo ubicada la Tenencia de Laja. Todas estas acciones e ran seguidas muy de cerca por familiares y amigos y también más de algún vecino curioso.
Los afectados directos también compartían sus visiones e impresiones de lo vivido hace 38 años y de lo que estaba ocurriendo en ese momento.
Mirta Gutiérrez, hija de Jack Gutiérrez, reflexionaba sobre así: “Se supone que las personas que asesinan a otras van presos ¿ por qué ellos no?”, decía y de inmediato reconocía que se alegraba con las diligencias decretadas por el ministro Aldana, ya que “se está haciendo justicia. No puede existir una amnistía en algo tan doloroso“.
Nuevamente la caravana se puso en marcha, esta vez para dirigirse al último objetivo del día en Laja: conocer el predio donde fueron asesinados los 19 detenidos.
Tras algunos inconvenientes derivados de la ubicación exacta del lugar donde carabineros llevaron a los detenidos y luego los asesinaron, se pudo llegar al fundo “San Juan”. Allí, en una diligencia que demoró casi dos horas, el ministro Aldana interrogó uno a uno a los inculpados. En total trece, porque el décimo cuarto estaba enfermo en cama en Laja.
A medida que los llamaba, les pedía que se identificaran y luego les preguntaba sobre su participación en los hechos. De los asistentes, diez reconociero n su participación en el traslado y muerte de las 19 personas detenidas en Laja y San Rosendo.
Los inculpados esperaban su turno de ser llamados a declarar, bajo un árbol y casi sin hablar entre ellos. Sus miradas seguían atentas a lo que ocurría a pocos metros. Se notaban algo intranquilos, aunque no todos.
Una vez que el ministro Aldana los escuchó, pidió recrear la forma cómo se ubicaron las víctimas y los fusileros.
En las inmediaciones y con vigilancia policial, familiares de las víctimas, amigos y conocidos, seguían atentamente y casi en silencio, la diligencia que se estaba concretando. En medio del grupo, Rosa Barriga sostenía con gran dignidad un retrato fotográfico de su marido Juan Acuña. Pero sus fuerzas no resistieron y de repente cayó al suelo desmayada. Rápidamente se le prestó auxilio y atención.
Una vez terminada la diligencia y cuando el sol se había ocultado y un intenso frío se dejaba sentir en el lugar, nadie parecía querer moverse de allí. Lo que se había vivido era tan intenso, que costaba reaccionar.Al finalizar la labor, el propio ministro Aldana explicó el sentido de la diligencia realizada: “Se cumplió con la reconstitución de escena en el momento en que las personas fueron detenidas, trasladadas a la unidad policial y traídas a este lugar donde fueron ejecutadas“, comentó, para agregar:. “Los inculpados están confesos de la participación que tuvieron en este lugar y la han recreado de manera tal que concuerda con lo que han dicho anteriormente en declaraciones que le prestaron a este ministro, pero que en averiguaciones hechas por el ministro Martínez habían ocultado“.
Para Aldana, los ya está claro que se les aplicará la figura penal de homicidio calificado y resaltó que diez de los incuplados, ya que están confesos. “Quedan diligencias pendientes, faltan familiares que tomarle las declaración para cerrar la investigación pero para avanzar en el sometimiento a proceso con esto que se ha reunido suficiente y estamos claros de su participación, la han reconocido y eso en cuanto a un avance en la investigación es notorio y significativo“.
En el mismo sentido se pronunció la abogada del Programa de Derechos Humanos y querellante en la causa, Patricia Parra. “Esta reconstitución de escena nos ha sorprendido a todos, como lo hace muchas veces el ministro, creo que tiene claro cómo fueron los hechos a partir de que efectivamente hay algunos funcionarios que están confesos. Esta reconstitución viene a aclarar algunos puntos que le interesan al ministro para configurar el tipo penal y desde esa perspectiva ojalá dentro de pocos días se dicte el procesamiento de los responsables“.
Asimismo, recordó que hace treinta años se aplicó la Ley de Amnistía, que sigue plenamente vigente. Por ello, calificó de hecho histórico lo sucedido este jueves.
“Este caso se cerró el 81 y los familiares desde siempre buscaban la alternativa que se hiciera justicia y se estableciera la verdad y a partir de allí se pudiera saber qué había pasado con sus familiares y quiénes eran los responsables. Eso es un hecho histórico. El ministro Martínez había hecho esta diligencia el 80, en un contexto histórico judicial bastante distinto, pero logró establecer los hechos y la justicia militar aplicó la amnistía".Parra comentó también que la situación es "bastante dolorosa porque todos y cada uno de los victimarios conocía a las víctimas, eran personas cercanas, se visitaban, se conocían y bastó el 11 de septiembre para que cambiara eso. Uno no se explica la manera cómo personas que hasta el día anterior eran amigos, podían haber asesinado por pensar distinto. Los van a buscar a sus casas, a sus lugares de trabajo y son trasladados a las dependencias de la tenencia de Laja de donde son sacados y llevados al fundo San Juan donde son asesinados”, recalcó. De los inculpados en este caso, hay que señalar que tres fallecieron: Pedro Rodríguez, Evaristo Garcés y Sergio Castillo.
Finalizada la reconstítución, el ministro dispuso que los inculpados fueran llevados a la Corte de Apelaciones, donde se dictaría una orden para que sean ingresados a una unidad policial de Concepción.
Pero el caso no ha terminado. El ministro comentó que aún tiene diligencias pendientes, faltan familiares que tomarle las declaración para cerrar la investigación “pero para avanzar en el sometimiento a proceso con esto que se ha reunido suficiente y tengo clara su participación". Por ello,se espera que pronto dicte los procesamientos de los inculpados. Por M.Eliana Vega |
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