Justicia militar: Uno de los últimos enclaves de la dictadura. Hasta la Corte Suprema cree que se debe eliminar por "altamente parcial y tardía"

Por María Cristina Prudant
Desde 1925, cuando fue promulgado, el Código de Justicia Militar se mantiene casi intacto. Es por eso que cada cierto tiempo vuelven al tapete la discusión y cuestionamientos hacia su legitimidad, pues mantiene a los uniformados como juez y parte. Los últimos fallos de la Corte Marcial en casos como el del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, ameritan una revisión a fondo del sistema.

Varios son los intentos que se han hecho en nuestro país por terminar con los procesamientos a civiles en los tribunales militares, pero nada ni nadie ha conseguido sortear con éxito los inconvenientes que siempre ha presentado la derecha para aprobar los cambios que se requieren en la justicia militar. De hecho, el actual gobierno no ha dado muestras de querer modificarla, ya que aún no ha definido las posturas sobre esta materia. Piñera sólo se ha pronunciado respecto de aumentar las penas para quienes sean acusados de maltrato de obra a carabineros debido a las movilizaciones sociales ocurridas en el país desde el año pasado.

Es así como la reforma del año 2010, a raíz de la huelga de hambre de los comuneros mapuche, es la primera que se ha hecho en democracia en toda la historia republicana de Chile, ya que todas las otras modificaciones fueron en tiempo de excepción.

Después del golpe militar, la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles se expandió a tal punto que la mayoría de las personas juzgadas por cortes militares eran ciudadanos ajenos a las Fuerzas Armadas. El repunte en casos vistos por tribunales militares se debió, también, a modificaciones al código de justicia militar y a la creación de crímenes políticos a través de nuevas leyes cuyo cumplimiento debían asegurar las cortes militares. En esa época se hizo conocido el fiscal Fernando Torres Silva, el "fiscal de hierro", que llegó a ser casi omnipotente y que se dedicó a perseguir a los opositores a la dictadura.

De esa época data la ley que aplicó la corte marcial cuando absolvió al carabinero Miguel Jara Muñoz, condenado por la justicia a cinco años y un día bajo el cargo de asesinato del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, afirmando que el policía actuó en defensa propia. El trabajador murió de un disparo por la espalda.

Este viernes cinco integrantes de la Corte Suprema señalaron ser partidarios de eliminar definitivamente los juzgados castrenses en tiempos de paz. En un informe al Senado, los cinco jueces supremos calificaron la justicia militar como "altamente parcial, con falta de independencia y tardía".

Los supremos señalan que no puede haber dos tipos de justicia: una impartida por un órgano independiente del persecutor (fiscales), oportuna, fundada en un procedimiento oral y otra, (justicia militar) impartida por un órgano vinculado de manera estrecha con el que investiga y por consiguiente altamente parcial".

Fallo contra de Chile

En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo Palamara Iribarne, condenó a Chile por el sistema de justicia militar que impera hasta hoy en el país y al que se ordenó hacerle modificaciones en un plazo prudente. Han pasado siete años y la situación no ha variado de forma relevante, con lo cual el país mantiene el estatus de incumplidor de sus obligaciones en materia de derechos humanos. La condena atañe al Estado de Chile y es independiente de la administración de turno; las obligaciones se deben cumplir de todas formas.

El gobierno de la Presidenta Bachelet reaccionó a la condena internacional en 2007. De cuatro proyectos de ley a presentar sólo uno ingresó al Congreso y se mantuvo inmóvil en su tramitación legislativa por más de dos años, por lo que la estrategia del gobierno fracasó. La segunda iniciativa fue la creación de la Comisión de Estudios para la Reforma a la Justicia Militar, que produjo el documento "Principios formativos para la reforma a la justicia militar". En 2009 el gobierno presentó al Congreso dos proyectos de ley para su tramitación, destinados a reformar la justicia militar y dar cumplimiento a lo dispuesto en la condena. No hubo resultados positivos en este aspecto y las iniciativas quedaron varadas en el Congreso.

El diputado Felipe Harboe (PPD), autor de uno de los proyectos de ley que duerme en la Cámara, señaló a Cambio21 que su objetivo era "volver a la justicia militar sólo para tiempos de guerra".

El parlamentario puntualiza que "hay que entender que en nuestro país, debido al sistema binominal, tenemos un derecho a veto de una parte del Congreso, sea para aprobar o para rechazar una ley. La Constitución Política le exige a modificaciones de esa naturaleza quorum especiales, los que nunca, desde el año 1990, hemos tenido para hacer modificaciones de esa magnitud. En consecuencia, siempre hay un sector de este país, la derecha, que se ha opuesto a hacer modificaciones en materia de justicia militar".

El diputado Cristián Monckeberg (RN) en diálogo con Cambio21 afirmó que "los tribunales militares son para tiempos de guerra y para situaciones de militares que han cometido ciertos delitos que dicen relación con su cargo de funcionario, pero no sé cuál es la situación actualmente en Chile, no sé qué competencia tienen y hasta dónde apuntan, ni si están traspasando la línea de lo que debe juzgar la justicia civil".

Según Harboe, en tanto, "en Chile tenemos un sistema de justicia militar que excede con creces la competencia en el derecho comparado (con otros países). En general, debería estar circunscrita a tiempos de guerra y para casos muy excepcionales, cuando se trata de delitos militares donde son partícipes miembros de las fuerzas armadas, pero en ningún caso alcanzar a los civiles".

Por tanto, dice el diputado, "se hace necesaria una modificación de fondo que vuelva el sistema de justicia militar a lo que fue en sus orígenes, es decir, sólo una justicia en tiempos de excepción. Yo no veo por qué tenemos que tener una justicia paralela cuando tenemos tribunales que juzgan a todos los chilenos. No parece que sea correcto".

Por qué a la derecha no le importa

El cientista Guillermo Holzmann dijo a Cambio21 que "desde el retorno a la democracia es cada vez más evidente la necesidad de poder restringir la jurisdicción de los tribunales militares o, en su defecto, hacer una modificación profunda a la lógica de los tribunales y que sea la Corte Suprema, o el poder judicial, el que mantenga una sala específicamente para temas asociados a militares, aparte de acotar adecuadamente cuáles delitos son o no militares".

Para el profesional, "lo ideal es que en este gobierno (Piñera) se pudiera avanzar, en la práctica, en una reforma a la justicia militar. Sin embargo, la viabilidad política que eso tiene es mínima, en términos que las prioridades están instaladas en otras áreas de la reforma, como institucional".

Por su parte, el senador, Juan Pablo Letelier (PS) en diálogo con Cambio21 manifestó que cree que la justicia militar "no tiene ninguna razón de existir con civiles en tiempos de paz. Los tribunales militares, si tienen algún espacio, será entre militares o por falta de cumplimiento del deber militar de un uniformado o en tiempos de guerra, y en Chile no hemos tenidos guerras desde el siglo XIX y, por tanto, toda la presencia de la justicia militar hoy en nuestro país no es más que una herencia del autoritarismo de la dictadura de Pinochet, imposible de derrotar aún, porque la derecha distorsiona y equivoca conceptos muy de fondo. No creo que debiera haber justicia militar y tampoco hay que militarizar los conflictos sociales".

El senador destaca que en nuestro país "hay dos distorsiones que siguen vigentes: una, creer que los civiles pueden ser juzgados por tribunales militares, donde la derecha no ha dado los votos necesarios para cambiar eso. Como esto tiene que ver con Tribunales, aquí tenemos el absurdo de que en Chile no manda la mayoría. Aquí, por las leyes de amarre, cuando se trata de un órgano de un poder del Estado como los Tribunales de Justicia se necesitan 80 quorums especiales, que no siempre es mayoría. Entonces la derecha ha logrado bloquear el minimizar la presencia de la justicia militar en nuestro país".

En segundo término, puntualiza Letelier, "hay una confusión en lo que son los delitos así llamados terroristas y donde un hecho de violencias e incluso con un artefacto explosivo, no significa un acto terrorista per se. El terrorismo tiene que ver con organizaciones del crimen organizado que buscan una finalidad política a través de la generación del terror, que no es lo que estamos viviendo en nuestro país, menos en La Araucanía, donde lo que hay son demandas históricas que la derecha, en particular, ha tratado de militarizar".

¿Privilegio o justicia?

Claudio Fuentes, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales (UDP), viene investigando desde 2008 la justicia militar para los informes de Derechos Humanos. En diálogo con Cambio21 expresó que como está hoy "el Código de Justicia Militar y como se usa, tiende a responder a un privilegio más que a una justicia especializada".

A su juicio, "siempre hay una voluntad política en el sentido que Chile acepta que tienen que modificar la justicia militar. El problema es que no pareciera haber una planificación coherente por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque en términos concretos se han presentado diversos proyectos para reformar la justicia militar y algo ocurre que cambian de camino, de vía. Nunca se han quedado con un solo proyecto y lo han llevado hasta el final. Uno podría decir que esto no es un problema si se trata de cualquier otra política pública, pero el problema es que acá hay un fallo internacional que no se ha cumplido y lo que me sorprende es que pareciera que a nadie le importa".

Agrega que "uno solamente puede especular por qué la derecha no da sus votos. Yo diría que modernizar la justicia militar no sólo va en beneficio del imputado, del ciudadano, sino de todo el cuerpo militar. La justicia militar también se aplica cuando hay un carabinero imputado. Entonces, es súper curioso, porque en todos estos casos como el de Jaime Mendoza Collío y otras personas, si la justicia militar congeniara con los estándares de la Reforma Procesal Penal, que fuesen juicios orales, transparentes, públicos, que la gente pudiera saber lo que ocurre ahí, que pudiera ir a la audiencia, muchos de estos cuestionamientos desaparecerían. Pero como todo esto se hace entre cuatro paredes, por escrito y más encima secreto, da lugar para especulaciones".

El caso Palamara

Humberto Palamara Iribarne, un exoficial de la inteligencia naval chilena, que escribió en 1992 un libro acerca de ética y servicios de inteligencia, fue sometido a varios procesos en la justicia militar por desacato e incumplimiento de órdenes. La Armada prohibió la comercialización del texto y él recibió una condena de año y medio de cárcel. Tanto la Corte Marcial como la Corte Suprema rechazaron los recursos de apelación y casación presentados por la defensa. Palamara perdió todo, incluso a su familia.

En enero de 1996 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Human Rights Watch/ Americas presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2004 el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 2005 la Corte estableció que Chile era culpable de haber violado los derechos de Palamara y obligó al Estado a restituirle los materiales usados para escribir el libro y a devolverle la edición secuestrada. También recibió una indemnización.

Justicia sin culpables

Según da cuenta el sitio "Yo no voté por él", desde el regreso a la democracia ha habido muchos casos de civiles muertos en el contexto de una protesta o manifestación social. Los siguientes casos corresponden a una revisión del proceder de la Justicia Militar en Chile, en democracia y en tiempos de paz.

Daniel Menco (23 años) murió en 1999 a manos de Carabineros en Arica, en medio de protestas estudiantiles que pedían mayores recursos para el fondo solidario. La condena al homicida (Norman Vargas) fue de 3 años de presidio no efectivo por cuasidelito de homicidio, ratificado por la Corte Suprema. Sí se determinó la responsabilidad civil del Estado, fijando una indemnización de $280.000.000 para la familia.

Alex Lemun (17 años) muere en octubre de 2002, siendo imputado el mayor de Carabineros Marcos Aurelio Treuer Heyssen. El asesinato ocurrió en el marco de una ocupación del fundo Santa Elisa, de Forestal Mininco, emplazado en un terreno calificado por los mapuche como ancestral. El joven recibió un perdigón de plomo en la cabeza. El Fiscal militar de Angol y el tribunal determinaron violencia innecesaria con resultado de muerte. La Corte Marcial retiró los cargos. No hay penas.

José Huenante (16 años) fue subido en el año 2005 a una radiopatrulla por funcionarios de Carabineros y su paradero aún se desconoce. El caso terminó en la Justicia Militar sin ningún avance hasta la fecha y es significativo. pues sería el primer detenido desaparecido en democracia.

Rodrigo Cisternas (26 años) participaba, en 2007, de una protesta laboral contra la empresa Bosques de Arauco, del grupo Angelini, en Laraquete. No hubo imputados.

Matías Catrileo (22 años), murió en 2008 durante una toma del fundo Santa Margarita, en Vilcún. Recibió una ráfaga de UZI en la espalda. Fue imputado el oficial de Carabineros Walter Ramírez Espinoza, a quien se condenó a 3 años de presidio no efectivo por violencia innecesaria con resultado de muerte, atenuado por haber obrado por celo de la justicia. La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte Marcial.

Jaime Mendoza Collío (24 años), muerto en 2009 durante la toma del fundo San Sebastián, Collipulli, de Forestal Mininco y Bosques Arauco. Recibió un disparo en la espalda. En primera instancia el oficial del Gope Miguel Patricio Jara Muñoz fue condenado a cinco años, sin beneficios. Recientemente la Corte Marcial le absolvió de cargos.

Manuel Gutiérrez. El cabo Miguel Millacura (quien el año pasado mató de un balazo al joven, mientras éste miraba una protesta) se encuentra actualmente en libertad enfrentando un proceso bajo la Justicia Militar.