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sábado, 11 de enero de 2014

La justicia tarda, pero llega. Advierten de hacinamiento en Punta Peuco por reactivación de causas de derechos humanos

Por María Elba Troncoso
Emblemáticas causas de derechos humanos, como los casos Conferencia y Caravana de la Muerte, podrían alcanzar justicia durante este año. Abogados de derechos humanos aseguran que el desfile de procesos en tribunales es histórico e incontenible y que la acción de jueces con dedicación exclusiva y las nuevas directrices del gobierno de Bachelet, serán claves.
El año 2013 nuestro país dio un importante salto en materia de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos. La conmemoración de los 40 años del golpe militar marcó un punto de inflexión para nuestra sociedad y son muy pocos los sectores que aún se atreven a desconocer los hechos ocurridos.

Fue un año donde se reactivaron las causas relacionadas con crímenes de la dictadura y ante los tribunales desfilaron más de un millar de investigaciones, que según abogados de derechos humanos, podrían terminar en sentencia definitiva los próximos meses, gracias al impulso que tendrán el 2014, un año que estará marcado por la nuevas directrices que dará el gobierno entrante.


El contexto

Septiembre de 2013 estuvo marcado por los mea culpa. Uno de los más importantes lo realizó el pleno de la Corte Suprema, que reconoció "omisiones" en la protección de las víctimas de la dictadura militar, que implicaron que no se acogieron más de cinco mil causas de crímenes ocurridos durante ese periodo.

Este gesto fue acompañado de medidas inmediatas para resarcir la injusticia y se acordó dar dedicación exclusiva a los magistrados que investigan casos de violación a los Derechos Humanos. Esto ha permitido que casi semanalmente los tribunales determinen nuevos procesados y dicten sentencias condenatorias.


Actualmente permanecen abiertas unas 1.300 causas por crímenes cometidos en los 17 años de dictadura, con unos 800 agentes civiles y militares procesados, algunos ya condenados por otros crímenes.


A este esfuerzo del poder judicial, se sumarán las medidas que impulsará el nuevo gobierno de Michelle Bachelet, que ya anunció recursos especiales para apoyar la labor de los jueces con dedicación exclusiva, el fortalecimiento de iniciativas ya existentes como el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la creación de la subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo u Ombudsman y un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.


Avance incontenible


"En el año que pasó, Chile fue uno de los países que más avances ha tenido en el mundo entero en materia de derechos humanos, porque todos los días se están dictando sentencias y autos de procesamiento", destacó el abogado Nelson Caucoto.

Consultado por
Cambio21 el especialista en derechos humanos se mostró "muy optimista", frente a lo que viene porque "lo avanzado en el marco de los 40 años es impresionante e incontenible, gracias en parte al trabajo de los jueces de dedicación exclusiva".

Consideró que "los 40 años marcan un hecho trascendente en la historia del país. Hay una aceptación de una realidad que hoy día es indiscutible. Que ya nadie hable de ‘presuntos' detenidos desaparecidos es un tremendo avance". Enfatizó en que "se ha marcado un hito histórico, porque en materia judicial se ha avanzado de una manera insospechada y porque hay un consenso transversal en la sociedad respecto a que estos hechos sucedieron, son graves y hay que asumirlos y resolverlos".


En ese contexto se explicó "la actividad desarrollada por el propio presidente Piñera, quien cerró el penal Cordillera e hizo su declaración respecto al rol de los ‘cómplices pasivos' de la dictadura. Es decir los 40 años marcaron más que los 10, 20 y 30".


Calificó como "una explosión de verdad" el fenómeno ocurrido en los medios de comunicación, a lo que sumó que "como país hemos dado señales con números azules a nivel mundial, porque pocos países tienen la actividad judicial que muestra Chile en este minuto en la materia. Somos un país que está dando cuenta de su pasado de la manera más civilizada posible, como es la aplicación del derecho. Esto se está haciendo día a día y estamos metidos en una frenética actividad judicial".


Coincidiendo con estas declaraciones, el abogado Cristián Cruz resaltó que "si uno mira de manera global, durante el 2013 las causas de gran connotación avanzaron bastante, lo que implica que muchas se están acercando a lo menos a una pronta acusación o sentencia en primera instancia, lo que es relevante dado el tiempo transcurrido".


En ese sentido, dijo que hay coincidencia en estimar "que a partir del año que entra, hay que entender que quizás estamos frente a las últimas posibilidades de hacer justicia al menos en los casos más antiguos y que el Estado, incluido el poder judicial, debe comprometerse de manera absoluta, con recursos, personas y con la voluntad de hacer justicia".


El factor Bachelet

Y si el 2013 fue un buen año, las expectativas del 2014 son aún más auspiciosas. "Un cambio de presidente tiene que notarse en materia de derechos humanos y confío plenamente que ello, porque yo no entendería que si un presidente como Piñera cierra el penal Cordillera, un gobierno como el que viene no haga mayores avances, estoy absolutamente convencido que así será", señaló a Cambio21 el abogado Cristián Cruz.

Agregó que "habiendo un compromiso del estado inequívoco, sin lugar a dudas se facilita mucho el avance" y coincidió con Caucoto en orden a destacar figuras como la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, que están contenidas en el programa de la presidenta electa, así como también el aumento de los jueces con dedicación exclusiva.


"El gobierno de la presidenta Bachelet abre expectativas y esperanzas de que se pueda avanzar más en mejorar la institucionalidad en materia de Derechos humanos", señaló Caucoto y agregó que "de esta forma se podrá ir cerrando el círculo, pero cerrándolo bien, con verdad, justicia y reparación, aunque por cierto muchas personas no serán alcanzadas por la acción de la justicia".


Los que están al debe

Ambos juristas resaltaron que a 40 años del golpe militar la importancia del respeto a los Derechos Humanos se ha instalado en la ciudadanía, aunque queda pendiente más colaboración en el esclarecimiento de las causas de los llamados cómplices pasivos y de las Fuerzas Armadas y de Orden.

"Falta un compromiso real de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, si existiera, estaríamos a años luz", señaló el abogado Cruz.


Agregó que "esto último es sólo una utopía. Ellos tienen todavía una visión de sí mismos que aún permiten que protagonicen y avalen violaciones a los derechos humanos", señaló y puso como ejemplo el reciente caso de un "detective condenado por torturar a un menor de edad en presencia de otros detectives. Esta acción, además de ser una cobardía, es una muestra de que no entienden lo que son los Derechos Humanos y que piensan que pueden quedar impunes, porque si quien fue mi jefe degolló, violó y asesinó y está impune, entonces por qué me van a sancionar por torturar a un niño".


Hacinamiento en Punta Peuco

A 40 años del golpe militar, son más de 60 los ex uniformados que están presos por crímenes de lesa humanidad, algunos de los cuales acumulan condenas que suman cientos de años, a las que podrían agregar varias más, dado el flujo de las causas en los tribunales.

Hasta hace poco, permanecían recluidos en los penales Punta Peuco y Cordillera, este último especialmente cuestionado por los lujos y beneficios que gozaban los condenados, en contraste con el hacinamiento y condiciones indignas de la realidad carcelaria en Chile, por lo que su cierre dictado por el presidente Sebastián Piñera fue celebrado por organizaciones de Derechos Humanos, pero para los reclusos fue una afrenta. El condenado general (R) Odlanier Mena, de 87 años, se suicidó antes de ser trasladado.


En una reciente entrevista en la revista The Clinic, el hijo del condenado ex jefe de la DINA, Manuel Contreras Valdebenito, se refirió a las condiciones en que se encuentra su padre y calificó en duros términos al mandatario por la medida: "Fue un golpe, no una derrota. Nunca peleamos por eso: nos entregaron eso. Fue una mariconada que hizo Piñera, para ganar puntos se cagó a ancianos enfermos y los tiró a una cloaca. Eso no se le perdonará nunca", señaló.


Además calificó de "mentiras espantosas" los informes sobre los privilegios de que gozaban los reclusos. "O sea, primero que tenían tv cable Premium, que tenían piscina, puras mentiras. Sí, había una piscina súper antigua pero quedaba a la entrada. Por Google la puedes ver, pero los militares no tenían acceso a ella. Estaba dentro del perímetro de Gendarmería y ahí los gendarmes secaban ropa. Se han burlado mucho. Han dicho que el penal Cordillera era un condominio de alta seguridad. Es un lugar en que me gustaría que estuvieran todos los presos de Chile. Era digno. Y qué culpa tiene un preso que lo hayan puesto ahí. Mi papá no eligió ir allá. Ahí no participó ni mi papá ni Miguel Krassnoff. A ellos los llevaron para allá".


Se estima que la molestia de los condenados aumentará los próximos meses, por cuanto las condiciones en Punta Peuco seguirán restringiéndose, e incluso no se descarta que también el penal sea cerrado, terminando con las cárceles especiales en el país.


Por ello, esta Navidad fue distinta para los presos. Los trasladados no pusieron el tradicional árbol y sólo en el módulo de Álvaro Corbalán se celebró, ya que no se acostumbran a sus nuevas celdas, las que de todos modos cuentan con comodidades. Cada módulo tiene sala de estar, biblioteca, cocina, refrigerador, hervidor y microondas, además de patio con toldo y parrilla para asados.



Procesos emblemáticos que serán noticia

Son cientos las causas que cada semana registran avances. Entre los emblemáticos se esperan resoluciones importantes en el Caso Conferencia, San Borja, Comando Conjunto, Paine, Temuco, La Moneda, entre otros.

Entre los que estos días han registrado avance destacan:


Caso Conferencia: Últimas indagaciones confirman que secretaria del "Mamo" Contreras participó en el crimen.


El llamado Caso Conferencia es una operación llevada a cabo por la DINA entre el 4 y 12 de mayo de 1976, para eliminar a la dirección clandestina del Partido Comunista.

La investigación se enfoca en la desaparición y muerte de los militantes comunistas Mario Zamorano Donoso, Jorge Muñoz Poutays (marido de la ex presidenta del PC, Gladys Marín), Uldaricio Donaire Cortés, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Zepeda, Lenin Díaz Silva, Víctor Díaz López y Eliana Espinoza Fernández.


En octubre pasado el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, determinó la responsabilidad de 79 ex integrantes de la DINA en el caso, entre estos figuran el ex director de la DINA, Manuel Contreras, el segundo al mando de la Dirección, Pedro Espinoza, el oficial (R) del Ejército Carlos López Tapia, y el ex oficial operativo de la DINA, Miguel Krassnoff.


Recientemente el magistrado pidió a Australia la extradición de Adriana Rivas, ex suboficial de la FACH y que además de haber sido secretaria de Manuel Contreras, según datos de torturadores, era su amante.


En febrero de 2007 fue procesada por su participación como integrante de la Brigada Lautaro en la muerte del dirigente Víctor Díaz, estuvo casi tres meses detenida. Cuando se le otorgó la libertad condicional, pero con orden de arraigo, se fugó vía Argentina con destino Australia, lugar donde se encuentra en la actualidad.


En una entrevista difundida por la radio australiana SBS, con ocasión del 40 aniversario del golpe militar en Chile, Adriana Rivas defendió la tortura como método para extraer información y consideró aquellos años como los mejores de su juventud. En la entrevista, Rivas indicó que las torturas durante la dictadura eran "un secreto a voces" y las calificó de técnica "necesaria para quebrantar a la gente".


Caso Caravana de la Muerte: Avances y retrocesos.


La Caravana de la Muerte fue una comitiva militar dirigida principalmente por el entonces general de Ejército Sergio Arellano Stark, que recorrió el país después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, ejecutando prisioneros políticos. En torno a este caso hay diferentes causas por crímenes cometidos en distintas ciudades.

A fines de diciembre, ocho ex miembros del Ejército de Chile fueron condenados en primera instancia por los homicidios calificados de 14 personas perpetrados el 19 de octubre de 1973 en Antofagasta.


El juez Leopoldo Llanos impuso penas que van desde 3 a 15 años de cárcel a los ex militares, según su grado de responsabilidad en los asesinatos. Los sentenciados a 15 años y un día son Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud. Pablo Martínez Latorre fue condenado a cinco años y Pedro Espinoza Bravo, Luis Felipe Planco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González a tres años. Gonzalo Santelices Cuevas fue absuelto por falta de participación en los hechos.

Al respecto el abogado Cristian Cruz, destacó el importante avance que significa este fallo en el esclarecimiento de otros crímenes perpetrados por la Caravana.

Sin embargo, el querellante reconoció que en la investigación de los crímenes cometidos en La Serena el avance es más lento y atribuyó esto a la protección al ex comandante del jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, quien era teniente en el regimiento Arica el 16 de septiembre de 1973, cuando al mando del coronel Ariosto Lapostol, se asesinaron 15 presos políticos.

"Familiares y el mundo de los derechos humanos ven con preocupación la protección de la que ha abusado Cheyre, que no se justifica en relación al mérito del proceso. Sin duda, cuando se habla de los avances y los resultados de los procesos, hay un aspecto de fondo a considerar que hay varios personajes que siguen con protección".

Recordó cuando pidió su procesamiento: "No es normal que el comandante en Jefe del Ejército en ejercicio salga a defender a Cheyre. Si eso es lo que hacen públicamente, la pregunta es qué es lo que hacen por teléfono y cómo ocupan sus influencias. Entonces, no podemos ser ingenuos y no suponer que a lo menos intentan presionar para ocupar sus influencias".


Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD): "Es tiempo"


Al hacer su balance del año, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo que "ya es tiempo de empezar a vivir en una democracia verdadera, y eso significa que la deuda es enorme, porque durante estos largos años, al no tener en el centro los derechos de las personas, se acrecienta la injusticia, la deuda ha crecido demasiado, por lo tanto ya es tiempo de resolverla".

Agregó que "tenemos una tarea gigante, los violadores de los derechos humanos han envejecido, la demanda de verdad y justicia se tiene que materializar ahora, porque si no, se nos va a pasar el tiempo y ellos van a morir de viejos, como lo hizo el dictador (Augusto Pinochet) en la absoluta impunidad."


Consideró que durante el 2013 "el principal avance para la causa de la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad fue el remezón nacional este año en el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe".


Y respecto a sus expectativas del próximo gobierno, señaló que "esperamos que las voluntades políticas materialicen aquel derecho que está escrito y que Chile ha firmado en reiteradas ocasiones, sin duda que debiera ser distinto si no tenemos a la derecha en el poder, sin duda hoy hay que hacer lo que no se hizo en estos 23 años, tenemos toda la fuerza para demandar verdad y justicia.


Programa de gobierno de la Nueva Mayoría: Subsecretaría de Derechos Humanos y Ombudsman


"Estableceremos en forma expresa en la carta fundamental que los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, son delitos imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido y no susceptibles de amnistía, ni indulto general o particular.

"Impulsaremos medidas legislativas y administrativas que impidan la impunidad en materia de DDHH, tales como impedir toda aplicación en los juicios sobre Crímenes de Lesa Humanidad del D.L. N°2.191, de Amnistía de 1978, y de las normas que regulan la prescripción en materia de delitos comunes o de la prescripción en materia de responsabilidades civiles.


"Solicitaremos la designación de Jueces de dedicación exclusiva para los juicios por las graves violaciones a los derechos humanos y asignaremos recursos especiales al Poder Judicial para estos efectos. Fortaleceremos el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, los departamentos de derechos humanos del Servicio Médico legal y la Policía de Investigaciones, a través de la designación de recursos humanos, tecnológicos y materiales.


"Debemos fortalecer la institucionalidad existente. Esta hoy considera al Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. "Crearemos la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con dotación de recursos humanos y presupuestarios que permitan el trabajo de coordinación y ejecución en materia de derechos humanos.


"Ampliaremos la presencia del INDH a nivel de regiones en forma gradual. Impulsaremos la creación de la Defensoría del Pueblo u Ombudsman.


"Diseñaremos un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, para todos los niveles educacionales, que sea participativo y de formación integral.

"Fortaleceremos la educación de derechos humanos en todas las escuelas matrices y/o academias de las FF.AA., Carabineros y Policía de Investigaciones".


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