Una de las últimas medidas de la justicia, tiene relación con el caso "Calle Conferencia". La Corte Suprema aprobó de manera unánime la solicitud de extradición de la ex secretaria chilena de Manuel Contreras, Adriana Rivas González, sindicada como autora del secuestro del ex secretario del Partido Comunista, Víctor Díaz López, ocurrido en 1976, la que en estos momentos se encuentra radicada en Australia, luego de fugarse del país
Desde
septiembre pasado y tras conmemorarse 40 años del golpe de Estado, los
tribunales han dictado decenas de condenas contra los responsables de
diversos casos emblemáticos relacionados con violaciones a los derechos
humanos.Para los abogados, familiares y victimas ha resultado satisfactoria esta situación, aunque si bien se están ejecutando los casos que fueron denunciados hace más de 20 años, aún faltan querellas y nuevas condenas.
Una de las últimas acciones de la justicia, tiene relación con el denominado caso "Calle Conferencia". La Corte Suprema aprobó de manera unánime la solicitud de extradición de la ex secretaria chilena de Manuel Contreras, Adriana Rivas González, sindicada como autora del secuestro con resultado de muerte del ex secretario del Partido Comunista, Víctor Díaz López, ocurrido en 1976, quien en estos momentos se encuentra radicada en Australia.
Fue el Ministro en Visita del caso, Miguel Vásquez, quien efectuó esta petición, la cual fue aceptada por los magistrados de la segunda sala del máximo tribunal, ya que cumplió con todos los requisitos formales que exige el tratado de extradición entre Chile y Australia.
Los emblemáticos casos
Para los abogados de derechos humanos, si bien se están sentenciando a los responsables, aún falta mucho por hacer en esta área. Ante el tema, el abogado Nelson Caucoto, dijo que "los procesos, sobre todo en el último trimestre, de causas de gran trascendencia como este por ejemplo (caso Conferencia), han avanzado mucho".
"Si bien estos pasos son importantes, como la extradición, aún falta por hacer en derechos humanos, falta hacer justicia sobre todo en casos tan antiguos como lo es el de calle Conferencia", puntualizó.
A ello, agregó a Cambio21 que "es por eso que esperamos que se sigan sellando los casos, y la justicia siga actuando como corresponde".
Para el diputado Fidel Espinoza (PS), "siempre será positivo para un país, y el fortalecimiento de una democracia que los casos sigan abiertos y se sigan buscando a los responsables, por ende es una buena señal para el mundo que a pesar que han pasado 40 años se siguen persiguiendo a los culpables".
"Hay que tener paciencia, todos los delitos fueron cometidos con mucha minuciosidad. Un ejemplo claro de aquello fue el asesinato de mi padre, que aún falta mucho en esa investigación", recalcó el legislador quien obtuvo la primera mayoría nacional en la última elección.
A ello, el parlamentario socialista puntualizó que "no hay que olvidar que todos estos delitos pasaron hace más de 20 años, y en ese tiempo varios casos se prescribieron, y otros tuvieron una serie de trabas que impidieron seguir investigando, y hay que agregar que durante este gobierno no ha habido muchos casos nuevos investigándose", dijo a este medio.
Por su parte Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) declaró que "cualquier acción judicial que tengamos, siempre es tomada positivamente, a pesar que sea tan tarde como esta".
"Es una locura que una resolución judicial salga tantos años después, pero lo tomamos como un avance enorme, y ojalá en este curso se tomen en otras causas", recalcó la representante de la organización".
La mano derecha de Contreras
Adriana Elcira Rivas González ingresó al Ministerio de Defensa como secretaria. Luego de tomar cursos de inteligencia militar se incorporó en 1974 a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), donde fue miembro de la temida Brigada Lautaro. Tenía poco más de 20 años. Fue secretaria personal de Manuel Contreras y llegó a ser suboficial de la Armada y hoy recibe pensión y beneficios como miembro de las fuerzas armadas.
En 1978 Adriana Rivas se radicó en Australia. De acuerdo a la información obtenida por grupos de derechos humanos en ese país, entre 1994 y el 2000 entraron más de 400 ex DINA, CNI y otros personajes relacionados con la policía secreta de Pinochet. Australia les concedió visa permanente a todos ellos, lo que para algunos sugiere un acuerdo entre los dos gobiernos.
En 2006 Adriana Rivas regresó a Chile y fue detenida por su participación en el Caso Conferencia, una operación de la DINA contra la dirección clandestina del Partido Comunista en 1976. Procesada en febrero de 2007 por su participación como integrante de la Brigada Lautaro en la muerte del dirigente Víctor Díaz, estuvo casi tres meses detenida. Cuando se le otorgó la libertad condicional, pero con orden de arraigo, se fugó vía Argentina con destino Australia, lugar donde se encuentra en la actualidad.
Una sobrina de la ex agente realizo recientemente un video documental en el que trata de investigar qué motivó a su tía a transformarse en una agente de la DINA desde 1974 y por qué justifica sin vergüenza alguna el uso de la tortura con oponentes políticos
En una entrevista difundida por la radio australiana SBS, con ocasión del 40 aniversario del golpe militar en Chile, Adriana Rivas defendió la tortura como método para extraer información y consideró aquellos años como los mejores de su juventud. En la entrevista Rivas indicó que las torturas durante la dictadura eran "un secreto a voces" y las calificó de técnica "necesaria para quebrantar a la gente".
Al ser consultada sobre el paradero de los más de 1.000 detenidos-desaparecidos contestó que es algo que nunca se sabrá: "Si está muerto, está muerto. ¿Dónde están? No se sabe".
Los casos que se verán
Los casos que están pronto a ser cerrados con sentencia por parte de la justicia son al menos cinco. La mayoría emblemáticos y llevarían más de 100 nuevos detenidos en Punta Peuco. Los tres más relevantes son:
Caso Torres San Borja: El día 25 de marzo de 2013 la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol 1520 2011, mantuvo la sentencia de primera instancia del 6 de abril de 2011, donde fueron condenados Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, cada uno a la pena de 10 años de presidio sin beneficios por seis homicidios calificados por el caso conocido como Torres de San Borja.
Las víctimas son Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero (matrimonio de turistas argentinos) , Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Pararadisi, y Julio Saa Pizarro . Todos fueron detenidos ilegalmente por miembros del Ejército en la noche del 16 de octubre en la torre 12 del complejo de viviendas San Borja en el centro de Santiago y ejecutados en el túnel de Lo Prado el 17 de octubre de 1973, simulando una situación de fuga para cubrir el crimen.
Ya en 1976 las Naciones Unidas se pronunció con una resolución condenando la acción, por figurar entre las víctimas un funcionario del Fondo Monetario Internacional (Ricardo Montecinos). En cuanto a la demanda civil acompañante, el Fisco fue condenado al pago de 100.000.000 de pesos chilenos (USD 210.000) a cada uno de los familiares querellantes de la causa.
Caso Paine: El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís sometió a proceso a un total de siete personas -seis civiles y un militar (r)- por los secuestros y homicidios de un total de 26 opositores al régimen militar, que fueron detenidos en Paine entre septiembre y octubre de 1973 y cuyo destino aún está siendo investigado.
En cuatro resoluciones distintas, el magistrado procesó a los civiles Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.
Finalmente, el ministro Solís procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.
Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.
Caso Comando Conjunto: - La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas por los secuestros calificados de Alfredo Salinas Vásquez el 3 de noviembre de 1975, y de José Sagredo Pacheco y Juan Antonio Gianelli Company, el 2 de junio de 1976 en la Región Metropolitana.
La sentencia aplicada el 4 de febrero de 2011 en contra de 6 ex agentes del denominado Comando Conjunto, elevando la pena en tres de ellos condenados y sobreseyendo a uno por fallecimiento. De acuerdo al dictamen, Freddy Ruiz Bunger está sentenciado a 5 años y 1 día de presidio, misma pena que cumple César Palma Ramírez, Juan Saavedra Loyola y Manuel Muñoz Gamboa. Ninguno puede optar a beneficios por ser co-autores de los delitos reiterados de secuestro calificado.
Daniel Guimpert Corvalán, en tanto, está en libertad vigilada tras la condena por 4 años como co-autor de secuestro calificado en la persona de Juan Antonio Gianelli Company.
Por fallecimiento fue sobreído Jorge Cobos Manríquez, sentenciado en 2011 en primera instancia a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional.
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