/ ONU
El próximo martes, tras conocer el fallo
de a Corte Internacional de Justicia de La Haya, Chile conocerá en
Ginebra el resultado de su Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, mecanismo
establecido en 2007 para monitorear cada cuatro años y medio el
cumplimiento de los compromisos y obligaciones en esta materia de los
193 estados miembros de la ONU.
Se prevé que Chile, país que ha firmado y
ratificado todos los pactos y protocolos de derechos humanos de la ONU,
tendrá en este informe una larga lista de recomendaciones en
relación al trato a los pueblos indígenas y minorías sexuales, situación
de las mujeres y los migrantes, derechos sociales, desigualdad,
violencia policial, justicia con las víctimas de la dictadura y
resguardo del medioambiente.
“La revisión del EPU es un ejercicio altamente político” describe Amerigo Incalcaterra, Representante Regional del ACNUDH para América del Sur,
organismo que se encarga de asesorar a los Estados en su cumplimiento
de los DD.HH y de empoderar a la sociedad para exigir estos derechos.
“Participan estados y hacen una revisión inter pares que tienen la
posibilidad de interactuar, hacer preguntas y conocer los avances, -lo
que se está haciendo y lo que no se está haciendo- y finalmente producir
recomendaciones”. El Representante destaca además que desde el último
EPU ha aumentado la cantidad de recomendaciones hechas a cada país por
sus pares.
Sin embargo, es el país examinado es el
que tiene la última palabra. Cada estado tiene la facultad de aceptar o
no las recomendaciones que se le formulan, o de poner condiciones y
reservas para su aceptación e implementación. Incluso, puede “apoyar”
las recomendaciones hechas por uno o más estados sin necesidad de
comprometerse a implementarlas.
Si miramos el informe final del último EPU que rindió Chile en 2009, vemos que nuestro país “dio su apoyo” a 99 recomendaciones surgidas del diálogo. Sin embargo, sólo se comprometió voluntariamente a dos.
La delegación oficial que representará a
Chile en Ginebra este martes está integrada, entre otros, por los
ministros de Desarrollo Social, Bruno Baranda, y Justicia, Juan Ignacio Piña; El ministro de la Corte Superma Hugo Dolmestch, la diputada Ximena Vidal y la Directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH) Lorena Fries.
Informes
Otro rasgo característico del EPU es que
intenta integrar visiones distintas respecto del actuar en derechos
humanos. “El proceso se basa en una revisión de tres documentos. Todos
iguales para cada país”, explica Incalcaterra.
En consulta con actores sociales y
asesorado por el INDH y el ACNUDH, el estado examinado presenta un
informe nacional. “Se trata de un proceso participativo, en que se
contrasta la información para permitir una visión integral de la
instancia revisora”, valora Lorena Fries, Directora del INDH.
A este se suma una recopilación de los
informes y estudios que las distintas instancias de Naciones Unidas han
presentado sobre el país desde el último examen. En Chile, la última
visita de un experto de la ONU que tuvo gran cobertura mediática fue la visita del Relator Ben Emmerson el año pasado, quien se pronunció sobre el uso de la ley antiterrorista contra comuneros mapuche.
Pero también las distintas
organizaciones de la sociedad civil –tanto nacionales como
internacionales– pueden presentar un Informe Alternativo, en el que
realizan su propio diagnóstico de la situación de derechos humanos en un
país. Según señaló Carolina Carrera, presidenta de Humanas, ONG
vinculada a los temas de género, el Informe Alternativo
presentado para este ciclo del EPU supone el trabajo de 23
organizaciones que trabajaron en mesas temáticas, revisando los
compromisos de Chile y elaborando nuevas recomendaciones.
Trapos al sol
Haciendo un repaso desde el 2009 hasta
hoy no resulta difícil determinar cuáles serán los temas que serán
abordados en el EPU a Chile. “Son muchos los temas que
aparecieron en el EPU 2009 y que probablemente van a volver a aparecer”,
comenta Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional
Chile.
Pueblos indígenas, minorías sexuales,
derechos de las mujeres y sociales, desigualdad, violencia policial,
verdad y justicia con las víctimas de la dictadura, son algunos de los
temas que más han sonado cuando hablamos de Chile y los derechos
humanos. En esto coinciden los expertos, las organizaciones civiles y el
informe del Examen pasado.
Incluso, algunos países ya enviaron una
batería de preguntas en avance que Chile deberá responder, y que nos dan
una idea de lo que podemos esperar para este martes:
Alemania nota con preocupación que
continúa existiendo en Chile una prohibición completa al aborto. Para
Holanda, en tanto la participación política de los representantes de
pueblos indígenas en Chile es alarmentemente baja. El Reino Unido, por
su parte, pregunta porqué algunos veredictos culpables para crímenes de
la dictadura tienen sentencias tan cortas.
Para Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, (INDH) “entre
los principales compromisos que aún tiene pendientes el estado de
Chile, se encuentran el dar respuesta integral a la situación de los
pueblos indígenas (…) será el tema que concentre mayor atención, además
de la tipificación de la tortura como delito y su total erradicación,
así como los métodos policiales ante la protesta social y la
desproporcionada competencia que mantiene la justicia Militar”.
“Hay retos nuevos que son similares en la región. Hay
un tema que afecta a Chile en relación con la violencia y su respuesta
por parte del Estado, especialmente cuando en los últimos años se ha
visto un auge de las protestas sociales”, Señala Amerigo Incalcaterra del ACNUDH.
En materia de pueblos indígenas, el representante añade que “Chile tiene que hacer una reforma constitucional donde se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas.
Falta la aplicación completa del Convenio 169 (de consulta a estos
pueblos) y la conformación de una institucionalizad indígena en Chile”.
Sobre la persecución a criminales de la
dictadura, Incalcaterra indica que “sigue siendo un tema en la medida
que siguen habiendo reclamos por parte de familiares y víctimas. Los
jueces avanzan a pesar de la ley de amnistía.”
Oscar Rementería, vocero del MovilH,
valora la aprobación de la ley antidiscriminación, pero considera que
en, los derechos de la minorías sexuales, Chile “se ha portado mal considerando el tiempo”. Esto en mención a las demoras que tienen en el Congreso los proyectos de ley en favor de este grupo, tales como el Acuerdo
de Vida en Pareja o la misma ley antidiscriminación, cuya aprobación
unánime sólo se produjo tras la cruel muerte de Daniel Zamudio.
Rementería habla también de la necesidad
de derogar los artículos 373 –sobre ofensas a la moral– y 365 –sobre
edad de consentimiento sexual– del Código Penal, pues ambos son
utilizados para castigar y discriminar a las parejas del mismo sexo,
según afirma.
En representación del MovilH, su presidente Rolando
Jimenez estará presente en Ginebra este martes con la ayuda de la
Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e
Intersexuales (ILGA).
“Los avances no han sido muy
significativos”, comenta Carolina Carrera, de la Corporación Humanas.
“Volvemos a recomendar que se ratifique el Protocolo Facultativo de la
Comisión Contra la Discriminación Contra la Mujer, reformar la sociedad
conyugal, e implementar una ley de participación equilibrada o ley de
cuotas”.
Carrera valora la aprobación de la Ley
Contra el Femicidio en 2010, pero remarca la necesida de “revisar la
legislación de violencia contra la mujeres. Hoy sólo es delito cuando el agresor es pareja de la víctima y existe habitualidad en el maltrato”.
Nuevamente Humanas volverá a recomendar
una revisión de la legislación chilena en materia de aborto, y espera
para ello contar con el respaldo de las delegaciones de otros países.
Humanas se asoció con el Observatorio Ciudadano y la Corporación Opción para asistir al EPU este martes.
Los verdaderos pendientes
Uno de los grandes temas que tiene igualmente pendiente Chile en materia de derechos humanos es el
fortalecimiento de las instituciones que permitirán a los ciudadanos de
a pie exigir ante el Estado el respeto a sus derechos.
Para la directora del INDH “está
pendiente el establecimiento de la Subsecretaría de DD.HH y el Plan
Nacional a su cargo, la figura del Defensora/a del Pueblo u Ombudsman y
el establecimiento de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (…) Del mismo modo resulta necesario y una obligación estatal el otorgar las herramientas suficientes para que el INDH cumpla con su misión, en tanto institución de carácter autónoma y nacional”.
Fries destacó que el programa de
gobierno de la presidenta electa incluye la temática de derechos
humanos. Entre las medidas propuestas por el programa de gobierno de
Michelle Bachelet se incluyen “la implementación de la Subsecretaria, el
fortalecimiento del INDH y el desarrollo de una serie de medidas
tendientes a fortalecer el respeto, promoción y garantía de los derechos
humanos en educación y otras áreas”.
Logros
“La región (sudamericana) ha avanzado
mucho en derechos humanos”, señala Amerigo Incalcaterra, evitando
referirse al caso específico de Chile.
Desde su último EPU, Chile aprobó el Estatuto de Roma que permite juzgar a violadores de derechos humanos de un país ante la Corte Penal Internacional; creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la primera institución de esta materia Chile,
aprobó leyes contra la discriminación, el femicidio, y la trata de
blancas, y creó normativas en favor de tanto de emigrantes como de
inmigrantes.
Para el Representante del ACNUDH, el
Examen Periódico Universal “es un momento importante para toda la
sociedad chilena, pero lo más importante es qué pasa después. No es
solamente el día de la revisión, sino el trabajo posterior, y eso muchas
veces se pierde”.
Desde el INDH confirman que están
“dispuestos a colaborar activamente en torno a estos objetivos, como ha
sido desde nuestra creación en 2010, durante el gobierno actual, en el
próximo y los que vengan”.
Por último, la presidenta de Humanas se
pronuncia en la misma línea, desde la vereda de las organizaciones
sociales: “Las organizaciones de la sociedad civil no vamos contra el
gobierno de turno; ni este ni el anterior. Entendemos que este es un
Estado, y las recomendaciones nos permiten avanzar”.
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