Familia revela nuevo antecedente en la muerte de Juan Pablo Jiménez con el nombre de un supuesto culpable

Melissa Gutierrez 19 Enero, 2015

Dos cosas pasaron el jueves pasado: El menor de apellido Molina aceptó su responsabilidad en la muerte del sindicalista que en febrero de 2013 recibió un balazo en su cabeza, y la abogada querellante por parte de la familia reveló la existencia de una carta anónima con el nombre de quien habría asesinado a “el compañero Pablo”. Aunque el Ministerio Público se comprometió a indagar la nueva línea investigativa, la familia no tiene confianza en que así se haga, sobre todo ahora que ya existe oficialmente un responsable penal.

Ximena Acevedo, esposa de Juan Pablo Jiménez, se tomaba la cara mientras escuchaba la decisión del magistrado en el 12º Juzgado de Garantía el jueves pasado. En una silla de ruedas estaba el menor de apellido Molina, imputado por cuasidelito de homicidio en grado de consumado por la muerte del líder sindical, y por tenencia ilegal de municiones. Se establecía que el día 21 de febrero de 2013 Molina había disparado al aire a un kilómetro de distancia de la empresa Azeta y que ese proyectil, “la bala loca”, había matado al líder sindical. El joven admitía su responsabilidad y lograba así un acuerdo con la Fiscalía que buscaba 540 días de libertad asistida, lo que se daba por cumplida por el año y nueve meses que llevaba la investigación. Aunque el Ministerio Público mostró su disposición a investigar, no se profundizó mayormente en el nuevo antecedente que la familia entregó el miércoles a Fiscalía: una carta anónima encontrada en la animita de Jiménez en la que se entregaba nombre y apellido del asesino de “el compañero Pablo”.
Molina tenía 16 años cuando fue detenido en el Hospital Barros Luco el 3 de abril de 2013. Había llegado con ocho heridas en su abdomen y piernas tras enfrentarse a balazos en la esquina de Santa Catalina con Mario Lanza, a 1035 metros del lugar en que Jiménez falleció. Molina fue formalizado el mismo día y quedó libre el jueves pasado cuando aceptó el ofrecimiento de la Fiscalía.
La pequeña sala del Centro de Justicia la repletaban ese día familiares y amigos de Jiménez, junto a miembros del equipo forense privado que investigó paralelamente su muerte. “¿Cuál justicia? ¡Injusticia!”, gritaron los más recatados. “¡Vendidos culiaos, no hacen justicia! ¡Defienden a los narcotraficantes, giles culiaos!”, los más enfurecidos. En el pasillo lloraban y se abrazaban los padres del dirigente Juan Carlos y Nancy, con Ximena Acevedo, su esposa. Extendieron un lienzo blanco en que se leía: “Basta de montajes. Fiscalía Sur PDI Labocar Metanse su “bala loca” por la raja”.

La familia de Juan Pablo nunca creyó que Molina fuese el verdadero responsable porque nunca creyeron tampoco en la tesis de la “bala loca” que la Brigada de Homicidios de la PDI dio a conocer apenas dos días después de la muerte de Jiménez. El comisario Francisco Orellana comentaba entonces que tras realizar los peritajes balísticos, entrevistar a compañeros de trabajo y revisar la grabación de una cámara de seguridad, “la línea investigativa nos orienta a que el señor Jiménez fue víctima de lo que comúnmente denominamos una bala perdida”. Para Margarita Peña, abogada querellante de la familia, resulta inaceptable que estas declaraciones se dieran “a horas de que se nos entrega el certificado de defunción, que se nos entregó el 22 de febrero de 2013 a las 13:40 horas. En toda la discusión con el Ministerio Púublico hemos centrado nuestro esfuerzo en que establezcan una linea investigativa diferente de la bala loca”.
La desconfianza de la familia tomó fuerza casi dos años después, cuando en diciembre del año pasado apareció un papel enrollado en un tubo que fue dejado en la animita que hoy recuerda al lugar en que cayó Juan Pablo. En ella se lee que un hombre de apellido Miranda sería quien mató al sindicalista. Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público el miércoles pasado luego de que Criminalística SAV realizara sus propias investigaciones. Se trata de la empresa de investigación forense que realizó un informe contradiciendo el de la PDI y asegurando la imposibilidad de que a Juan Pablo lo matara una bala perdida. Es la misma empresa que trabajó en el caso de Víctor Montoya, acusado y dos veces absuelto de poner un artefacto explosivo en la comisaría de Las Vizcachas. Fuentes de esta investigación señalaron que Miranda ingresó a Azeta un mes antes de la muerte del sindicalista, “y tiene antecedentes penales. Además es extraño que lo hayan contratado porque se supone que la empresa estaba al borde de la quiebra”. Azeta presentó una petición de quiebra el 4 de noviembre de 2013 y la sentencia que así lo declaró fue publicada en el Diario Oficial en marzo de 2014.

El Ministerio Público señaló en la audiencia del jueves tener disposición a investigar nuevos antecedentes. El Fiscal jefe de delitos violentos en la región Metropolitana Sur, Patricio Pérez dijo que se analizará “la contundencia y pertenencia de dicho antecedente” y aseguró que se indagará “con el mismo rigor que hemos efectuado el resto de la investigación”. Al ser consultado sobre la molestia de la familia, sin embargo, Pérez hizo notar que por tratarse de un imputado menor de edad, la investigación debió haber durado seis meses, pero que por su voluntad “y la del abogado defensor la hemos extendido dos años precisamente con la finalidad de ejecutar todas aquellas diligencias que nos han pedido los abogados de la familia. Y todas han resultado inútiles y no han otorgado ningún resultado concreto que nos permita seguir una línea distinta de la que ya hemos concretado en esta audiencia”.
Margarita Peña, manifestó por su parte que el Ministerio Público no tuvo disposición para escucharlos y ahondar cualquier otra línea investigativa y que no espera que la tengan ahora para analizar el tema de la nota anónima: “Cuando no se tenía un culpable, imagínate cómo van a ser de reticentes a investigar ahora que ya tienen un culpable y ya tienen la verdad judicial establecida. Ese es el drama”, señaló. Aludió también a que se pidió que el departamento de física de la Universidad de Chile o la Universidad Católica revisaran los peritajes privados y los de la PDI para llegar a una determinación. Esto no fue posible y fue Labocar quien dirimió al mostrarse de acuerdo con la tesis de la Policía de Investigaciones. Pérez, por su parte, insistió en que la condena de Molina no influye en que se puedan levantar más pericias: “Perfectamente podría haber uno o más responsables de un mismo hecho, así que el que se haya condenado a una persona no es un impedimento para que se busque o se investigue la responsabilidad de otras participaciones”.
La diferencia en los peritajes tiene varios aspectos técnicos específicos, pero lo principal es que la PDI señala que la “bala perdida” recorrió casi mil metros, chocó con una reja que la hizo cambiar su trayectoria e ingresó por el frente de la cabeza de Juan Pablo,  descendiendo de izquierda a derecha, recorriendo 17 centímetros y alojándose a la altura de su nuca.
Los peritos de SAV, sin embargo, acusan que el cálculo del recorrido no considera variables como la forma, peso y “movimiento giroscópico o de rotación de la bala”. Considerándolos, se determina un alcance de entre 719 y 863 metros. Además, Francisco Pulgar, cientista criminalístico y perito balístico de la empresa, señala que es prácticamente imposible que una bala no tenga fuerza suficiente para cortar un alambre, pero sí para recorrer los 17 centímetros de tejido cerebral desde el cráneo de Jiménez hasta casi llegar a su cuello.
Por ahora falta que SAV realice pruebas de campo para complementar sus peritajes y que la abogada Peña determine el curso a seguir. Señaló que insistirá que un ente independiente como las Universidades de Chile o Católica revisen ambos informes y no descartó que todo termine en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.