Luego de una nueva denuncia por parte de la agrupación que reúne a los reporteros gráficos sobre que Carabineros no cumple con lo estipulado por la ley, aparece de nuevo la necesidad de proteger a quienes cumplen una labor informativa desde la calle y terminar con la idea de que los reporteros son enemigos de la sociedad.
La
Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile presentó una nueva
denuncia contra Carabineros por no cumplir con la seguridad que debe
brindar a los ciudadanos, al poner en servicio al cabo segundo Iván
Barría, luego que fuera sentenciado por golpear y quitar la capacidad de
visión de un ojo al reportero Víctor Salas, quien ahora preside la
organización que acoge a los fotoperiodistas.
Desde la organización manifestaron su rechazo y protesta pública al conocer que el policía condenado por el "delito de violencia innecesaria causando lesiones graves" en el tribunal militar y quien debía cumplir 300 días de presidio remitido, ha vuelto a formar parte de las filas activas de Carabineros y que, además, nunca cumplió su condena en establecimiento alguno de Gendarmería de Chile.
El problema con esto es que se demuestra que no hay igualdad ante la justicia y que Carabineros encubre a quienes han cometido abusos a los derechos humanos al no cumplir con las sanciones correspondientes, según fuentes de la agrupación de profesionales.
El ataque que sufrió Víctor Salas, fotógrafo de la agencia EFE, el 21 de mayo de 2008, a manos del cabo segundo de Carabineros, que pertenecía a la policía montada, terminó con la pérdida de visión del ojo derecho por parte de Salas a raíz del golpe que el funcionario policial le propinó con una fusta metálica en el rostro.
El abogado de Salas, Alfredo Morgado, pidió a Carabineros que llamara a retiro al funcionario que participó de este hecho, sin embargo ello no sucedió. Además la institución negó cualquier responsabilidad de los hechos, lo que pudo ser desmentido gracias a la acción de la PDI que realizó una investigación que pudo identificar al agresor del gráfico.
Luego de todo esto, la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile pide a las autoridades y parlamentarios que se hagan cargo de los vicios que existen y que permite que Carabineros burlarse de la ley para que no sigan existiendo efectivos condenados en su cuerpo.
Sobre esto conversó con Cambio21 el presidente de la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile y víctima del cabo de Carabineros, Víctor Salas, quien comentó ante la continuidad de su agresor en la institución que "se siente impotencia y decepción de la justicia. Hay una sensación de impunidad viendo que el camino está allanado para los uniformados que violan los derechos humanos".
"Además, parece que somos enemigos de Carabineros cuando nosotros hacemos un trabajo fotoperiodístico y profesional y que cuando uno asiste a una manifestación pública nos vemos enfrentados al maltrato al capturar la imagen de un policía que comete un delito y no quiere que lo fotografíen" dijo Salas.
En cuanto a lo que debería hacer la justicia en estos casos, Víctor declaró que "nosotros pedimos que se legisle para proteger el derecho de todos los chilenos de poder informarse libremente, pues al privársenos de hacer esa labor afecta el derecho de las personas. Necesitamos un marco legal que nos garantice el poder ejercer nuestra labor sin arriesgar nuestra integridad física, que es otro derecho fundamental".
"Por otra parte pedimos que esta persona sea expulsada de la institución, porque es un delincuente que fue condenado por la justicia y que intentó impedir que yo registrara los delitos que estaban cometiendo otros carabineros. Ningún funcionario público que haya sido condenado puede obtener un cargo si ha sido condenado", explicó Salas.
Finalmente, en cuanto a cómo este hecho afectó su vida, Víctor Salas dijo "después de un año de rehabilitación y cambiar de mi órgano diestro al otro, pude seguir tomando fotografías, pero ha ido mermando mi trabajo, pero lo que más siento es el desprestigio profesional que me provocó Carabineros y el Estado, que emitían comunicados cuestionando los hechos. O sea, el desprestigio y el descrédito a la honra de mi persona es un daño tremendo".
En relación a esto, el vicepresidente del Colegio de Periodistas, Patricio Martínez, en entrevista con Cambio21 explicó sobre el tema de la seguridad que "nos hemos manifestado sobre eso. Hay un trabajo que se ha hecho desde hace cuatro años que se inició cuando Andrés Chadwick era vocero del gobierno de Piñera y el expresidente del Colegio, Marcelo Castillo y otros dirigentes del área, comenzaron a trabajar un proyecto que asegurara el respeto de la función de los comunicadores en general, pero que quedó parado cuando asumió en la cartera Cecilia Pérez".
"Cuando asumió la nueva directiva del Colegio, nos reunimos con el ministro Álvaro Elizalde, quien se sintió interesado en retomar el tema y nos pidió que le diéramos plazo para el primer semestre del 2015 para enviar este proyecto de ley que asegura la función del trabajo periodístico en terreno, sobre todo en las manifestaciones, pero de ambos lados, es decir, tanto de Carabineros como de los encapuchados que a veces atacan a los reporteros y se desquitan con la prensa", mencionó Martínez.
A esto el periodista también añadió que "lo que contiene este proyecto que estamos trabajando es que el actual Código del Trabajo permitirá que un funcionario de las fuerzas armadas pueda ser investigado, procesado y enjuiciado en la justicia ordinaria como era hace tiempo," concluyó el vicepresidente del Colegio de Periodistas.
Desde la organización manifestaron su rechazo y protesta pública al conocer que el policía condenado por el "delito de violencia innecesaria causando lesiones graves" en el tribunal militar y quien debía cumplir 300 días de presidio remitido, ha vuelto a formar parte de las filas activas de Carabineros y que, además, nunca cumplió su condena en establecimiento alguno de Gendarmería de Chile.
El problema con esto es que se demuestra que no hay igualdad ante la justicia y que Carabineros encubre a quienes han cometido abusos a los derechos humanos al no cumplir con las sanciones correspondientes, según fuentes de la agrupación de profesionales.
El ataque que sufrió Víctor Salas, fotógrafo de la agencia EFE, el 21 de mayo de 2008, a manos del cabo segundo de Carabineros, que pertenecía a la policía montada, terminó con la pérdida de visión del ojo derecho por parte de Salas a raíz del golpe que el funcionario policial le propinó con una fusta metálica en el rostro.
El abogado de Salas, Alfredo Morgado, pidió a Carabineros que llamara a retiro al funcionario que participó de este hecho, sin embargo ello no sucedió. Además la institución negó cualquier responsabilidad de los hechos, lo que pudo ser desmentido gracias a la acción de la PDI que realizó una investigación que pudo identificar al agresor del gráfico.
Luego de todo esto, la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile pide a las autoridades y parlamentarios que se hagan cargo de los vicios que existen y que permite que Carabineros burlarse de la ley para que no sigan existiendo efectivos condenados en su cuerpo.
Sobre esto conversó con Cambio21 el presidente de la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile y víctima del cabo de Carabineros, Víctor Salas, quien comentó ante la continuidad de su agresor en la institución que "se siente impotencia y decepción de la justicia. Hay una sensación de impunidad viendo que el camino está allanado para los uniformados que violan los derechos humanos".
"Además, parece que somos enemigos de Carabineros cuando nosotros hacemos un trabajo fotoperiodístico y profesional y que cuando uno asiste a una manifestación pública nos vemos enfrentados al maltrato al capturar la imagen de un policía que comete un delito y no quiere que lo fotografíen" dijo Salas.
En cuanto a lo que debería hacer la justicia en estos casos, Víctor declaró que "nosotros pedimos que se legisle para proteger el derecho de todos los chilenos de poder informarse libremente, pues al privársenos de hacer esa labor afecta el derecho de las personas. Necesitamos un marco legal que nos garantice el poder ejercer nuestra labor sin arriesgar nuestra integridad física, que es otro derecho fundamental".
"Por otra parte pedimos que esta persona sea expulsada de la institución, porque es un delincuente que fue condenado por la justicia y que intentó impedir que yo registrara los delitos que estaban cometiendo otros carabineros. Ningún funcionario público que haya sido condenado puede obtener un cargo si ha sido condenado", explicó Salas.
Finalmente, en cuanto a cómo este hecho afectó su vida, Víctor Salas dijo "después de un año de rehabilitación y cambiar de mi órgano diestro al otro, pude seguir tomando fotografías, pero ha ido mermando mi trabajo, pero lo que más siento es el desprestigio profesional que me provocó Carabineros y el Estado, que emitían comunicados cuestionando los hechos. O sea, el desprestigio y el descrédito a la honra de mi persona es un daño tremendo".
En relación a esto, el vicepresidente del Colegio de Periodistas, Patricio Martínez, en entrevista con Cambio21 explicó sobre el tema de la seguridad que "nos hemos manifestado sobre eso. Hay un trabajo que se ha hecho desde hace cuatro años que se inició cuando Andrés Chadwick era vocero del gobierno de Piñera y el expresidente del Colegio, Marcelo Castillo y otros dirigentes del área, comenzaron a trabajar un proyecto que asegurara el respeto de la función de los comunicadores en general, pero que quedó parado cuando asumió en la cartera Cecilia Pérez".
"Cuando asumió la nueva directiva del Colegio, nos reunimos con el ministro Álvaro Elizalde, quien se sintió interesado en retomar el tema y nos pidió que le diéramos plazo para el primer semestre del 2015 para enviar este proyecto de ley que asegura la función del trabajo periodístico en terreno, sobre todo en las manifestaciones, pero de ambos lados, es decir, tanto de Carabineros como de los encapuchados que a veces atacan a los reporteros y se desquitan con la prensa", mencionó Martínez.
A esto el periodista también añadió que "lo que contiene este proyecto que estamos trabajando es que el actual Código del Trabajo permitirá que un funcionario de las fuerzas armadas pueda ser investigado, procesado y enjuiciado en la justicia ordinaria como era hace tiempo," concluyó el vicepresidente del Colegio de Periodistas.
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