En Julio del año 1967 el presidente Eduardo Frei firmó la ley 16.640, conocida desde ese entonces como la Ley de Reforma Agraria, la cual permitió – dentro del nuevo marco legal generado – dar origen a un proceso de transformación de las estructuras agrarias existentes – fundamentalmente la eliminación del latifundio y del inquilinaje – estructuras ambas que se arrastraban desde los tiempos de la colonia.
También se firmó – en el mismo mes y año – la ley de sindicalización campesina, que complementó a la anterior, y que permitió que el movimiento campesino emergiera como un actor político relevante y con intereses y vocería propia en el ámbito político nacional. El movimiento campesino pudo así imponer los ritmos y la profundidad del proceso de transformación agrario.
Esas leyes se hicieron posibles por la fuerza del movimiento popular, a lo largo y ancho del país, y por la crisis de la hegemonía oligárquica, que se expresaba programáticamente en los programas presidencias de la democracia cristiana y de la izquierda. Era, en todo caso, una bandera que tenía historia, dada por las numerosas luchas campesinas que a lo largo del siglo XX habían sido silenciadas y reprimidas.
Bajo la ley de reforma agraria, durante el gobierno de Eduardo Frei, se expropiaron 1.408 predios mayores de 80 hectáreas de riego básico, HRB, que era la medida que en ese entonces se usaba para medir en forma homogénea las superficies agrícolas. Eso significó 3 millones 564 mil HRB.
El Gobierno de Salvador Allende, trabajando con la misma ley – tanto porque era un cuerpo legal que permitía avanzar en el proceso de entregar la tierra a los campesinos, como porque no había en ese entonces fuerza parlamentaria como para generar leyes diferentes – hizo posible la expropiación de otros 3.282 predios, con una extensión de 5 millones 297 mil HRB.

La contrarreforma agraria que tuvo lugar en el contexto de la dictadura militar implicó, por una parte, la persecución, el asesinato, el encierro y la expulsión de las tierras expropiadas, de los dirigentes campesinos que habían liderizado el proceso de reforma agraria.  Implicó también que un 26 % de las tierras expropiadas entregadas a campesinos, un 28 % fueron devueltas a sus antiguos propietarios y un 30 % aproximadamente fue rematada a precio de gallina flaca, a nuevos y viejos empresarios agrícolas. Sin embargo, no pudieron reponer ni el viejo latifundio agrario, ni la semi servil institución del inquilinaje.

Durante todo el periodo de vigencia y de aplicación de esa ley se expropiaron, por lo tanto, un total cercano a los 9 millones de HRB, lo cual significó, a septiembre   de 1973, que un 35 % de la tierra agrícola estaba en el área reformada. Se trata del proceso de reforma agraria más profundo y más extenso de todos los procesos reformistas que se llevaron a cabo en toda la América Latina.
La contrarreforma agraria que tuvo lugar en el contexto de la dictadura militar implicó, por una parte, la persecución, el asesinato, el encierro y la expulsión de las tierras expropiadas, de los dirigentes campesinos que habían liderizado el proceso de reforma agraria.  Implicó también que un 26 % de las tierras expropiadas entregadas a campesinos, un 28 % fueron devueltas a sus antiguos propietarios y un 30 % aproximadamente fue rematada a precio de gallina flaca, a nuevos y viejos empresarios agrícolas. Sin embargo, no pudieron reponer ni el viejo latifundio agrario, ni la semi servil institución del inquilinaje.
La contrarreforma agraria permitió que tanto la tierra, el agua y la fuerza de trabajo asumieran plenamente el carácter de mercancía, lo cual posibilitó un nuevo proceso de concentración de la tierra y la proletarización del campesinado.  El mercado pasó a ser la fuerza rectora de los procesos agrarios.
La historia no caminó por los derroteros que tuvieron en mente quienes protagonizaron el proceso de reforma agraria durante las décadas del 60 y del 70. La tierra no terminó en manos de los campesinos, sino en manos de un nuevo empresariado agrícola. Los antiguos beneficiarios de la reforma agraria, en la medida en que lograron sobrevivir, fueron obligados a refugiarse en la pequeña agricultura familiar campesina y/o a devenir en proletariado agrícola, sin organización ni apoyo gubernamental y sin acceso a los frutos del proceso de modernización que caracterizó a otros sectores agrarios. Pero la reforma agraria, al igual como la nacionalización del cobre, perdurarán en la memoria de los chilenos como los cambios más relevantes en la historia del país – al menos durante el siglo XX – y como los hitos que posibilitarán mañana – en nuevos contextos – una patria más justa y más prospera para todos los chilenos.

Por Sergio Arancibia