AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLITICOS

Señor

Barac Obama

Presidente de los Estados Unidos de América

De nuestra consideración:

Señor presidente, somos la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, organización fundada en 1978 bajo el imperio del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura de Augusto Pinochet. Nacimos para defender el derecho a la vida y reclamar justicia plena respecto a las ejecuciones sumarias perpetradas por las autoridades de facto y los crímenes de lesa humanidad que se cometían contra nuestro pueblo, y conocer toda la verdad sobre ellos. Hemos recorrido un largo y difícil camino en medio de la represión de la dictadura y el dolor irreparable de ver arrebatadas las vidas de nuestras madres y padres, hijos, hermanos, cónyuges, abuelos, sobrinos y nietos. En nuestro extenso caminar hemos aprendido lecciones imborrables de amor a la vida, a la humanidad toda y por sobre todo a la justicia. Aprendimos que gran parte del daño y dolor infligido por la dictadura de Pinochet en nuestra tierra, tuvo como punto de partida la intervención e influencia de las autoridades civiles y militares de los Estados Unidos de América. Casi la totalidad de la oficialidad golpista y también muchos suboficiales que encabezaron y se destacaron en la represión contra civiles desarmados principalmente, cursaron estudios en la Escuela de las Américas u otras instalaciones del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. No nos extenderemos en las atrocidades cometidas por esos agentes del Estado que sabemos usted conoce suficientemente.

Inspirados en nuestro anhelo de justicia y en el entendido de que bajo su administración existe un espíritu de rectificación sobre el reprochable papel jugado por las autoridades que rigieron su país en períodos anteriores, solicitamos a usted que el gobierno que encabeza adopte todas las medidas que resulten pertinentes para otorgar la libertad a los ciudadanos cubanos Gerardo Hernández, sentenciado a dos cadenas perpetuas, más 15 años, Antonio Guerrero, condenado a cadena perpetua más 10 años, Fernando González, condenado a 19 años, Ramón Labañino, condenado a cadena perpetua más 18 años y René González, a 15 años, pues sus procesos violaron la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, cuando dice: “...a nadie se le privará de la libertad sin el debido proceso legal...”, y también la Sexta Enmienda cuando establece: “...en toda causa criminal, el acusado gozará de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial...”. Sabido es que durante el procesamiento legal fue obstaculizado por las autoridades el trabajo de la Defensa demorando y limitando el acceso a la documentación acusatoria, clasificada de manera dudosa, como “secreta”. Mediante estas disposiciones la Defensa sólo pudo acceder al 20% de la documentación mencionada. Compartimos la preocupación respecto al manejo de dicha documentación que aún después de cinco años de concluidos los juicios, permanece el impedimento para que la Defensa acceda a los miles de documentos que permitirían sustentar mejor todo proceso de apelación.

Los proceso incoados en un tribunal de la ciudad de Miami pudieron haber sido manejados en base a al ambiente agresivo generado por la comunidad cubana residente, mayoritariamente hostil al gobierno y Estado cubanos, llegando a constituir un jurado que en nada respondía a la Sexta Enmienda.

Señor Presidente, sabemos por intermedio de los familiares de estas personas, que los cinco prisioneros se ven sometidos además a condiciones de encarcelamiento vejatorias que atentan permanentemente contra su integridad física y psíquica, las que ellos resisten de manera estoica. Pero nosotros sabemos por experiencia propia los alcances de tales tratos crueles y degradantes, las secuelas que tendrán a futuro en lo personal y en el ámbito familiar. Por otra parte, tales tratos son crímenes de lesa humanidad y su sola comisión ofende a la humanidad y a nosotros como sobrevivientes a esos mismos tratos, que nos hacen revivir nuestras amargas experiencias a través de los vejámenes contra estos cinco ciudadanos cubanos.

Por ello insistimos ante usted, para que su gobierno adopte todas las disposiciones necesarias, que permitan la pronta liberación de estas cinco personas, considerando la revisión de las causas por un tribunal imparcial, el acceso de la Defensa a toda la documentación del caso y el respeto irrestricto al principio del debido proceso, acorde a lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos de América y el derecho humanitario consagrado por la comunidad internacional.

Sin otro particular y en espera de una favorable a cogida por su parte a esta solicitud, le saludan respetuosamente.

Alicia Lira Matus Magdalena Pardo Sánchez Raquel Roa Rubilar

Presidenta Vicepresidenta Secretaria General

Víctor Hugo Fuentes Díaz Mónica Monsalves León Carolina González Toro

Tesorero Archivo Jurídico C. Memoria

Santiago 31 de marzo 2011