En la página de Transparencia del ministerio de Minería, Alejandro Sule figura como asesor legislativo a honorarios hasta el 30 de junio con sueldo mensual de $3.500.000. Fuentes de esta cartera aseguran que el personero es, junto al jefe de gabinente de la ministra Aurora Williams, Adolfo Galindo, uno de los más cercanos a la secretaria de Estado y el con mayor jerarquía radical en una repartición que siempre ha pertenecido a este partido.
Sule, ex diputado que presidió la Comisión de Minería, es hoy el segundo vicepresidente de los radicales y el pasado lunes su nombre generó tensión en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Radical. Fuentes de este partido aseguran a The Clinic Online que el renunciado subsecretario Rodolfo Baier reveló en esta instancia que la boleta por 6 millones a SQM durante el 2013, y que lo llevó a dimitir de su cargo, la giró a petición de Sule para justificar gastos de campaña. Lo mismo habría dicho otro personero de ese partido, Carlos Descalzi, y el caso pasó al Tribunal Supremo radical.
En el Gobierno aseguran que esta situación era desconocida por Williams y que, de hecho, la semana pasada se consultó informalmente a distintos asesores si ellos podrían aparecer en alguna arista de las investigaciones en curso y Sule estuvo entre los que aseguró que él no tenía ningún asunto pendiente.
Ayer Sule no apareció por Minería, aunque en esta repartición destacan que Williams nunca actúa sin tener todos los antecedentes sobre la mesa y que si no hay nada más que “trascendidos”, es difícil que la ministra tome alguna decisión como alejarlo de su cargo. Con todo, admiten que sería una situación a lo menos extraña que mantuviera un cargo una figura vinculada a Soquimich dado que en esta cartera ha operado, por ejemplo, la Comisión del Litio, y uno de los actores más interesados en qué sucederá con este metal es precisamente SQM. Si bien Sule no ha participado de esta instancia, sí acompaña a Williams a diferentes reuniones.
La ministra, además, ya tiene un flanco abierto porque luksic luego de que Galindo entregara, para ser presentado en un tribunal argentino, una carta de buena fe al abogado Andrés Jana de Los Pelambres, y timbrara un estudio pagado por Antofagasta Minerals acompañado de un misiva donde aseguraba que los análisis habían sido avalados y revisados por Sernageomín, lo que fue descartado por esta organización, generando un revés judicial para Luksic en su disputa con Glencore por Cerro Amarillo.
Con una investigación sumaria en curso por estos hechos, fuentes de Minería apuntan a que mantener a un asesor con supuestos nexos con Soquimich es una situación “inesperada y compleja”.
Desde el PRSD, el diputado Alberto Robles se mostró sorprendido y calificó el hecho de “muy doloroso de ser cierto”. “Me extrañaría mucho de Alejandro porque él es hijo de un dirigente nuestro que luchó contra la dictadura, entonces sería terrible pensar que le fue a pedir plata al ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. Creo que hay que ser justos y decir que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, dijo.
EL LUNES NEGRO EN EL PARTIDO RADICAL
El lunes pasado en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Radical, Rodolfo Baier se presentó a explicar los hechos en los que se vio involucrado en marzo pasado luego que se revelara que había emitido una boleta por 6 millones a SQM durante el 2013, hecho que quedó al descubierto tras una denuncia que presentó el Servicio de Impuestos Internos ante el Ministerio Público.
Según fuentes del CEN, la exautoridad relató los hechos en presencia de sus miembros y reconoció que los documentos los emitió a petición de Sule para gastos de campaña.
Según fuentes de ese partido, en la reunión también estaba Carlos Descalzi, quien explicó los hechos y su responsabilidad. Lo anterior, generó una polémica con Sule que también estaba presente y que es integrante del Consejo y de la mesa directiva.
Sule se defendió de las imputaciones.
Los presentes escucharon a los involucrados y calificaron los hechos como graves.
La recomendación del CEN, según tres de sus tres integrantes que estaban presentes, fue “no solo decir la verdad, sino que toda la verdad” y enfrentar los interrogatorios en la fiscalía sobre esa línea. La información que hoy manejan en el PR es que tanto las boletas de Baier como las de Carlo Descalzi y de Ignacio Rojas fueron platas políticas. Aunque aclaran, el caso del periodista Ignacio Rojas es distinto porque es independiente y no pertenece a las filas de ese partido. Rojas cumplió funciones como jefe de prensa del ex senador y hoy Ministro de Defensa José Antonio Gómez cuando se desempeñaba en el Congreso.
Baier, según pudo indagar este medio, ya había sido citado a declarar a la fiscalía en una oportunidad, pero se excusó de asistir. Según informó La Segunda, habría sido una licencia médica la que lo ayudó a postergar la instancia mientras todavía era miembro del gobierno.
Consultado por The Clinic Online, el presidente de los radicales Ernesto Velasco, dijo que “en la última reunión de comité ejecutivo nacional ratificamos la decisión de absoluta transparencia frente a situaciones de este tipo, porque determinamos que las responsabilidades son individuales máxime cuando el partido como institución no tiene ninguna injerencia ni responsabilidad en estos hechos”.
Velasco agregó también que los hechos a juicio de la instancia son “graves” y la “decisión unánime de este cuerpo colegiado fue entregar los antecedentes al Tribunal Supremo para que adopte medidas a la brevedad posible”.
Respecto a las responsabilidades que le podrían corresponder a Sule, Velasco se excusó de entregar detalles argumentando que no podía opinar de hechos que están siendo analizados por el TS. “Hay que tener respeto por el debido proceso. Son situaciones delicadas que involucran a personas en hechos que son graves y la institucionalidad debe revisarlos, esa es la instancia que ve las sanciones políticas y no puedo comentar más”.
En CEN además le sugirió a Sule que congelara su militancia mientras se sustanciaba el proceso en el TS, pero respondió que lo evaluaría y que respondería cuando fuera citado a dicha instancia y entregaría una respuesta. En este punto, aclaran, el CEN solo puede sugerir porque no es un órgano que tome decisiones de carácter disciplinario sino que es una instancia política.
La versión de Baier en marzo
En un comienzo, cuando salieron a la luz los antecedentes, Baier se defendió y dijo a la opinión pública que “el trabajó lo realicé, se escribió, se entregó y se canceló (…) y se pagaron sus impuestos en el año 2012″, antes de que fuera ratificado en su puesto en los patios de La Moneda. El espaldarazo del gobierno vendría después, en boca del exministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien le dijo a la prensa que había que terminar con la “caza de brujas” en este caso. La explicación a la frase concluyente del líder de la G90 en ese minuto tomaría sentido tiempo después cuando este medio publicó las boletas que lo vinculaban con la empresa Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli, que recibió aportes de SQM Salar y el grupo Angelini y donde según el geógrafo, Peñailillo ocupó un rol principal en su creación y estructura.
The Clinic Online intentó contactarse con Alejandro Sule, pero no fue posible conseguir su versión sobre estos hechos