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Encontramos “casa del horror” de la CNI en pleno centro de Santiago (Segunda parte)

25/06/2015 |

Por Nicolás Borcoski

Sólo algunos detalles separan al edificio ubicado en avenida Blanco Encalada Nº 1935 de ser uno de los destacados en los sitios especializados en oferta inmobiliaria. Pero sus detalles son macabros. Como marcas de balazos en la azotea, una losa de cemento de muro a muro en el patio del primer nivel, un dudoso diseño arquitectónico y la extraña opción de usar esquirlas de plomo en los muros.

En el capítulo anterior expusimos la denuncia de una pareja que vivió un año en un departamento del que piensan pudo pertenecer como oficina a una de las organizaciones de la dictadura.

Fueron largos meses de presión, pero los que ya dejaron atrás.

Ayuda inesperada

Fue finalmente al mes 13 que pudieron dejar el departamento/oficina, con la ayuda de un agente inmobiliario con relación casos de derechos humanos que les tendió una mano y les permitió abandonar el lugar, por el que por más de un año, les pareció un infierno. Con la sensación de vivir en un lugar maldito con arriendo a un personaje del mal.

Y a pesar que la denuncia fue hecha en 2015, el programa de Derechos Humanos ya tenía puesto un ojo sobre la propiedad. Actualmente es investigada por el ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, quien tiene dedicación exclusiva a causas relacionadas a los DD.HH.

Él no está solo. El Jefe del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, junto al Secretario Ejecutivo de la misma organización, Francisco Ugás, figuran en las investigaciones. En contacto con Cambio21, advirtieron que la carpeta investigativa está bajo secreto.

Además, esta investigación nace de otra más antigua. Nexo aún más siniestro.

Según fuentes de la Corte de Apelaciones que, al parecer, tuvieron acceso a la carpeta, todo nace meses atrás, con una investigación sobre Pedro Fernández Dittus, capitán en retiro del Ejército. El hombre conocido por ser el  responsable del caso "quemados", en que fue condenado por la muerte de Rodrigo Andrés Rojas de Negri, de 19 años de edad y las quemaduras provocadas a Carmen Gloria Quintana.

Ambos fueron rociados con combustible y se les prendió fuego bajo órdenes del entonces teniente Fernández Dittus, jefe de la patrulla militar. Las dos víctimas del atroz crimen fueron lanzadas a una acequia en un sector rural de Quilicura.

Sería esta misma persona la que tuvo a su mando oficinas de inteligencia que funcionaron durante el régimen militar en el sector de Blanco Encalada. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no conocían con exactitud la dirección. Gracias a la denuncia de esta pareja, que no guardó silencio, un nuevo enclave de los organismos represivos del pinochetismo quedó en evidencia.

Según el testimonio de detenidos sobrevivientes, en el sector había una casa de detención, sin poder determinar la ubicación precisa. Historia que fue reafirmada por un exagente, quien confirmó la existencia de oficinas en la zona. Sin especificar calle o numeración. Solo diciendo "sector Parque O'Higgins".

Así como Blanco Encalada Nº1935, aún existen varias oficinas de las fuerzas represoras secretas de la dictadura ocultas bajo capas de encubrimiento.

Dittus habría tenido control del inmueble hasta el fin de la dictadura. Por ella habrían pasado una cantidad indeterminada de detenidos. Si bien aparentemente no fue un sitio de torturas, habría sido un lugar de tránsito de opositores al régimen antes de ser enviados a otros lugares o hechos desaparecer.

Dittus no es el actual dueño del edificio. Aquí la investigación se torna difusa. Según la primera teoría, con el fin de la dictadura, el edificio fue repartido entre algunos de los colaboradores de la CNI, uno de ellos, eventualmente, el actual arrendador.

Las perforaciones corresponden a las pericias hechas por la PDI para detectar plomo en los muros

Un hombre sin pasado

Los denunciantes intentaron investigar sobre el actual propietario. Y un nuevo obstáculo apareció ante ellos. Pero quién dijo que la vida era simple...

Hay un hombre, un nombre, detrás del departamento que levantó las sospechas sobre el pasado de la propiedad. La identidad del arrendatario del inmueble lo mantenemos bajo reserva debido a las investigaciones que están en curso.

Sin embargo, según fuentes internas de las indagatorias, la persona tiene una particularidad. A pesar de sobrepasar los 55 años, es un hombre que no tiene pasado. Como lo lee. Un hombre mayor, no tiene historial que acrediten su existencia antes  de 1991.

Según personas entendidas en materia de grupos represivos de la dictadura, esto respondería a que fue "blanqueado" antes del regreso a la democracia. Eso explicaría por qué no existen registros médicos, bancarios u otros a su nombre. O goza de una salud envidiable, o fue parte de uno de los organismos del régimen militar que le concedió el favor de "darle una nueva vida".

Hasta el cierre de esta investigación, ni el ministerio del Interior ni  la PDI se presentaban en el lugar, mientras la indagatoria sobre el presunto agente del régimen y arrendador, sigue sumando capítulos.

El aborto

Vecinos contaron la verdad.

De acuerdo a nuestras fuentes, un sobrino del dueño solía "carretear" en ese depto. Escándalos de más de un día que muchas veces terminaban con carabineros en el lugar.

Pero es otro rumor el que eriza los pelos. El mismo joven habría llegado con la luz del día, al departamento durante una jornada de los años 90. Entró con su pareja, claramente embarazada. Habría salido sin "guatita".

Días después, el dueño del departamento llegó a la vivienda desocupada con un saco de cemento. Los vecinos, que no lo veían hacía semanas, le reclamaron del mal olor que venía de su vivienda. Alegó que su sobrino, seguramente, dejó algo de un asado. Carne que se echó a perder. "¿Y ese cemento?", le preguntaron. "un arreglo que tengo que hacer", respondió.

Aún no hay certeza sobre ese trabajo, o el destino de la criatura no nata. Lo único certero es que "la bodega" que está en el centro del departamento, no tiene medidas simétricas. Un muro es más profundo que el otro, es decir, el derecho mide 1,20 metros, el izquierdo, 80 cm. Son 40 cm de incógnita.

Exministro Alejandro Solís: "es una labor muy difícil"

El exministro Solís reconoció lo difícil de encontrar antiguas sedes de la CNI en la actualidad

Alejandro Solís es un hombre que sabe de investigaciones en derechos humanos. Con  10 años como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago lideró importantes investigaciones y  destapó la existencia de varios centros de tortura de la dictadura. Algunos son el subterráneo de la Plaza de la Constitución, Estadio Nacional, Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas, la Venda Sexy y la Escuela de Infantería en Linares, donde él mismo interrogó a víctimas.

A dos años de su retiro, recuerda para Cambio21 que actualmente hay más de dos mil causas abiertas por secuestros o torturas. Cree que es difícil encontrar recintos que hayan sido usados con ese fin en estos tiempos. La forma fácil sería tener testimonios de exagentes que declaren sobre los cerca de 1600 centros utilizados por el régimen.

La forma difícil es por los testimonios de testigos. Algo así como lo que hizo Cambio21. "Es una labor muy difícil. Si encuentran algún dato, es para felicitar a todo el mundo, tanto a los abogados como a los periodistas", dijo consultado por los antecedentes que desempolvamos, agregando que "sería excepcional y bastante importante  llegar a esto".

Pero sus esperanzas de arribar a buen puerto existen. Sobre todo considerando que el ministerio del Interior participa de las pesquisas. "El ministerio puede llegar a algo, pero la limitación es que, las únicas declaraciones que van a encontrar es de los exagentes o de vecinos que pudieron ver algo. Pero a estas alturas es muy difícil que la den", concluyó el retirado magistrado.