Vistas de página en total

viernes, 26 de junio de 2015

Hija de secretaria de ex senador figura con boletas a casa de estudios


Caso Penta: la conexión entre Jovino Novoa y la Universidad Finis Terrae que cuestiona la Fiscalía

por  26 junio 2015
Caso Penta: la conexión entre Jovino Novoa y la Universidad Finis Terrae que cuestiona la Fiscalía
Según el Ministerio Público, existen numerosas boletas emitidas por Nicole Sotomayor Chamorro –hija de la secretaria personal de Novoa– a sociedades del coronel gremialista, pero también a la Universidad Finis Terrae y a dos colegios privados: San Nicolás de Myra y Willquimvoe. De acuerdo al fiscal Emiliano Arias, no existe respaldo que acredite que se hayan realizado trabajos para justificar esos pagos.

Es una nueva arista “en verde” que complica al ex senador de la UDI, Jovino Novoa. Según cuestiona un informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) del 17 de abril, donde se analiza la contabilidad de Inversiones y Mandatos –la sociedad de Novoa y su cónyuge, María Mackenna Echaurren–, el militante gremialista presentó seis declaraciones de impuestos maliciosamente falsas entre 2009 y 2014, en las que se incluyeron boletas irregulares emitidas por colaboradores.
Entre las boletas cuestionadas, están las de Nicole Sotomayor Chamorro, hija de la secretaria del estudio de abogados Guerrero y Olivos –del que Novoa se retiró en enero pasado–, la misma funcionaria que declaró ante los fiscales que su jefe “le dictaba” boletas ajenas que ella llenaba y emitía a empresas del grupo Penta. A su hija se le imputan como falsas boletas a sociedades ligadas al ex senador, las que habrían servido para aumentar artificialmente los gastos de esas empresas y, así, rebajar su carga impositiva.
Según el citado informe del SII, en el periodo investigado, Sotomayor Chamorro emitió 62 boletas a sociedades relacionadas con Jovino Novoa; 52 a Guerrero y Cía., por $97,6 millones; 6 a Inversiones y Mandatos, por un total de $11,4 millones; 2 a Asesorías Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz, por $2,7 millones; y otras 2 al Estudio Jurídico Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz, por un monto de $5,1 millones. En suma, $116,8 millones en cinco años.
Pero no solo eso. En la presentación que hizo el fiscal Emiliano Arias en la formalización de Novoa, el lunes 22 de junio, incluyó boletas emitidas por Nicole Sotomayor Chamorro a tres instituciones educativas: la Universidad Finis Terrae, y los colegios privados San Nicolás de Myra y Willquimvoe. Según esa exposición, la hija de la secretaria extendió boletas sospechosas a esas instituciones también entre 2009 y 2014.
En la presentación, Arias incluyó un Power Point donde se cita el informe del SII al respecto, del que se destacan los siguientes párrafos: “En base a los antecedentes señalados, se pudo observar también que Inversiones y Mandatos S.A., habría utilizado, registrado y declarado, de forma reiterada, boletas de honorarios por servicios no prestados de las contribuyentes Teresa Riera Rawlins (…) y Nicole Sotomayor Chamorro (…), rebajando indebidamente por esta maniobra sus bases imponibles afectas a impuestos declaradas entre los años tributarios 2009 a 2014, habiéndose declarado y pagado un impuesto inferior al que efectivamente correspondía”.
 En las láminas siguientes, se detalla que Sotomayor Chamorro no concurrió a la citación que le cursó el SII y que, en el escrito con que justificó su inasistencia, aseguró: “Debo señalar que el acuerdo con cada una de las sociedades a las que Nicole Sotomayor ha prestado servicios, durante los periodos objetos de la petición, ha sido de carácter consensual, razón por la que no consta por escrito”. Ante lo cual el fiscal vuelve a citar el informe del SII para concluir que “de lo anterior se desprende que no existe documentación de respaldo que avale la prestación de servicios a las siguientes sociedades a las cuales la contribuyente, durante los años tributarios 2009 a 2014, le emitió boletas de honorarios...”.
En las láminas siguientes, se detalla que Sotomayor Chamorro no concurrió a la citación que le cursó el SII y que, en el escrito con que justificó su inasistencia, aseguró: “Debo señalar que el acuerdo con cada una de las sociedades a las que Nicole Sotomayor ha prestado servicios, durante los periodos objetos de la petición, ha sido de carácter consensual, razón por la que no consta por escrito”. Ante lo cual el fiscal vuelve a citar el informe del SII para concluir que “de lo anterior se desprende que no existe documentación de respaldo que avale la prestación de servicios a las siguientes sociedades a las cuales la contribuyente, durante los años tributarios 2009 a 2014, le emitió boletas de honorarios...”, dando paso a un listado que incluye a las cuatro sociedades ligadas a Novoa ya mencionadas más arriba, más la Universidad Finis Terrae, la Sociedad Corporación Educacional Colegio Willquimvoe y la Sociedad Educacional San Nicolás de Myra S.A.

La hebra educacional

Consultada por El Mostrador, la Universidad Finis Terrae aseguró que Nicole Sotomayor Chamorro cursó allí la carrera de Educación General Básica, de la que egresó en 2009. Según detallaron en la casa de estudios, su ex alumna trabajó en  la unidad de aseguramiento de la calidad, realizando encuestas de satisfacción estudiantil, y en el Centro de Formación Continua, donde se desempeñó en el apartado de televentas para postítulos y diplomados.
Eso sí, la casa de estudios superiores ligada a los Legionarios de Cristo afirma que estos trabajos se realizaron entre diciembre de 2007 y enero de 2008. En total, emitió tres boletas en ese periodo, por montos que no superaron los $200 mil. Consultados por boletas emitidas entre 2009 y 2014 –periodo investigado por la Fiscalía–, respondieron que en el sistema financiero de la universidad solo aparecen los pagos mencionados, y que no existe registro de que ella haya trabajado con posterioridad a febrero de 2008.
En el Colegio San Nicolás de Myra –ubicado en Las Condes, fundado por el fallecido ex seminarista jesuita Federico Merino Chávez–, la respuesta fue más categórica. Su contadora indicó a El Mostrador que “Nicole Sotomayor Chamorro nunca ha trabajado para nosotros”.
La tercera institución educativa mencionada por el fiscal Arias es el Colegio Willquimvoe, el que –según el registro del Ministerio de Educación– está “en receso”. El establecimiento se ubicaba en la comuna de Providencia, era particular pagado, y su última directora registrada es Gabriela Castro Morales, la que no pudo ser contactada por este medio.
Donde sí registra trabajos reales la hija de la secretaria de Novoa es en la Corporación Educacional de San Miguel, en la que figura como docente de aula entre 2011  y 2012.
Consultada la defensa del senador en cuestión, declinó referirse al asunto, ya que tienen una audiencia pendiente. Eso sí, el entorno más cercano de Novoa aseguró que los trabajos de Sotomayor Chamorro existieron, aunque no facilitaron ningún tipo de prueba que así lo acreditase. La profesora de Educación General Básica se negó a entregar detalles de su caso a este medio, aunque aseguró que ya prestó declaración en la Fiscalía.

Las movidas de Jovino

El otro caso considerado por la Fiscalía para asegurar que el senador Novoa infló sus gastos para pagar menos impuestos, es el de Teresa Riera, quien trabajó en el estudio de abogados ligado al ex senador, y que en febrero declaró ante la Fiscalía que, en 2006, había entregado a Bernardita Chamorro –madre de Nicole Sotomayor y secretaria de Jovino Novoa–, un talonario de boletas del que luego no tuvo noticias.
Un informe de la Fiscalía, que se encuentra en las carpetas del caso, asegura “que Bernardita Chamorro Orellana, según propia versión señaló que el citado talonario era administrado por su persona siendo verbal y paulatinamente instruida por uno de los abogados del estudio, individualizado como Enrique Manuel Jovino Novoa Vásquez, para emitir boletas, entregando éste los datos de emisión, tales como monto, fecha y glosa”, dice el informe.
“Estas boletas eran emitidas siempre a la empresa Inversiones y Mandatos y solo una a la empresa Penta S.A. en el mes de junio del 2013, la cual una vez emitida hizo entrega al Junior de la empresa para que la entregara en las oficinas de Penta, según los antecedentes entregados por Enrique Manuel Jovino Novoa Vásquez”, agrega el informe al respecto.
Teresa Riera registra inicio de actividades en el SII el 2003, bajo la actividad económica de corredor de propiedades y otras actividades empresariales, y según la pericia realizada por la PDI –que luego fue ratificada por el testimonio de Bernardita Chamorro–, “el llenado de la boleta n° 177 procede de la mano caligráfica de Bernardita Chamorro Orellana, misma situación para los folios n° 178, 179, 180, 181 y 182 del talonario previamente señalado”. Si bien las boletas son de Teresa Riera, estas fueron llenadas por la secretaria de Novoa.
Teresa Riera señaló, en su declaración prestada a la Fiscalía, que no extendió la boleta número 177, por ende, no prestó servicios para la empresa Penta S.A., señalando además la falsedad en la firma registrada en el citado documento.
Según un abogado querellante del caso, la imputación que pesa hoy sobre Novoa es la del artículo 974, inciso primero del Código Tributario –que se refiere a quienes utilizan algún ardid para rebajar su carga tributaria–. De acuerdo al jurista consultado, estos antecedentes podrían reforzar la imputación que pesa sobre el ex hombre fuerte de la UDI. La fuente añade que la pena para el delito de fraude tributario es la misma que para quienes falsifican boletas, la que parte con una condena de 541 días y que, en abstracto, puede llegar a cinco años de cárcel. Aunque, si el delito es reiterado, esta puede aumentar.

La familia

El que una hija de un funcionario ligado a la UDI se vea envuelto en estas investigaciones no es novedad. El martes, El Mostrador publicó el listado de familias ligadas a la UDI que están siendo llamadas a declarar por la Justicia ante los casos de irregularidades que afectan a sus jefes, o a sus parientes, ya que también existen varios cónyuges e hijos de dirigentes gremialistas implicados en la emisión de boletas falsas para financiar campañas políticas.
Uno de esos casos es el de la cónyuge de Jovino, María Mackenna Echaurren, quien aparece recibiendo más de $350 millones de Inversiones y Mandatos entre 2009 y 2014, pagos considerados sospechosos por el SII. Pero hay más: un hijo, un ahijado y la esposa del cuñado de Pablo Longueira, por boletas a SQM; la señora del ex secretario general del partido, diputado Javier Macaya, también por pagos de SQM, lo mismo que la nuera de Cristián Leay. En el mismo caso está la cuñada de Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería, además de María Carolina de la Cerda, quien abrió la arista SQM del escándalo de platas políticas al reconocer que sus boletas a diversas empresas eran falsas.
También está el caso de la secretaria del partido de la Alianza, Marisol Cavieres, quien figura emitiendo numerosas boletas a SQM entre 2009 y 2012 por más de $24 millones, al igual que su esposo, José Hormazabal, con boletas en 2012 por más de $19 millones. Los dos hijos del matrimonio también figuran en la lista de la Fiscalía, por montos que superan los $32 millones.
El estafeta del partido, Carlos Sepúlveda, junto a su mujer Mónica Gajardo, son indagados por varias boletas a SQM. En total, el matrimonio facturó por más de $150 millones a la minera controlada por Julio Ponce Lerou, entre 2009 y 2013.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores