Caso Caval: Fiscal Toledo investiga eventuales pagos de asesor del síndico a ex funcionarios municipales
por EL MOSTRADOR
El fiscal regional de O´Higgins, Luis Toledo, quien investiga el Caso Caval, envió un oficio reservado el pasado 20 de abril al Servicio de Impuestos Internos (SII) con el objetivo de conocer si Jorge Silva Menares, Cynthia Ross, Juan Díaz y Patricio Cordero recibieron honorarios a partir del año tributario 2013 hasta la fecha.
Según explica El Mercurio, el persecutor está recabando información respecto a eventuales pagos irregulares que se habrían realizado a funcionarios de la Municipalidad de Machalí por la entrega de información privilegiada sobre el Plan Regulador Intercomunal (PRI), el cual cambiaría el uso del suelo.
Hasta el momento, Toledo está indagando el traspaso de dinero de Díaz al ex director de Obras del municipio, Silva Menares y Ross.
Cynthia Ross es sobrina del dueño de los terrenos Patricio Weisner y fue fichada por Silva Menares como asesora de la municipalidad para modificar el PRI.
Por su parte, Díaz fue contratado por el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, quien vendió los terrenos a Caval, para realizar gestiones para el cambio de uso de suelo, por lo que se pagó un total de $415.354.524 y según su contrato, podía realizar tales gestiones "por sí o a través de terceros que él designase o delegara".
esta situación abriría la posibilidad que Ross también podría haber recibido dinero, debido a que también entregó un informe sobre el cambio de uso de suelo a Mauricio Valero, socio de Caval junto a Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
En tanto, declaraciones de actuales y ex funcionarios de la Seremi de Vivienda apuntan a que tanto Ross como Díaz fueron férreos impulsores del cambio al Plan Regulador Intercomunal, incluso hablan de presiones.
El jefe de Desarrollo Urbano de la Seremi, Hugo Olate, en su declaración del 22 de abril pasado, precisa que "Ross tuvo una conducta de constante presión para que el plan regulador avance rápido. Ella presionaba junto con el director de Obras (Silva Menares) en el sentido de querer obtener más rápido la modificación".
Incluso agrega que "ellos nos facilitaron un estudio de capacidad vial autorizado por Sectra con el propósito de agilizar (...) y por tanto convencernos de que realmente mejoraba la conectividad vial. En ese estudio se refería precisamente a los terrenos involucrados en la causa".
A su vez, el abogado Wladimir Román, quien se desempeñó como Seremi de Vivienda desde noviembre de 2011 al 15 de noviembre de 2012, dijo a la fiscalía que lo único extraño que observó en ese proceso es que Silva Menares insistía en "cambiar más terreno urbano residencial del originalmente considerado y también en aumentar la densidad habitacional en un sector determinado de 60, 80 o 120 habitantes por hectáreas".
Sin embargo, Jorge Silva Herreros, quien sucedió a Román en el cargo, señaló que "no recibió ningún tipo de presión de nadie para apurar el Plan Regulador Intercomunal. Lo único que me llamó la atención fue esta reunión que se sostuvo con la comuna de Machalí, la insistencia de Cynthia Ross en apurar el trámite de la modificación y esto me fue reportado por Hugo Olate, pero nunca le tomé importancia".
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