Por unanimidad se aprobó, en la Cámara de Diputados el proyecto de resolución que pide al Gobierno de Gabriel Boric tomar las medidas necesarias para la búsqueda de la verdad y la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente a los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La norma aprobada habla explícitamente de la “dictadura militar” encabezada por Pinochet y tuvo el respaldo de todos los sectores de la cámara, incluida la derecha que se había negados históricamente, hasta ahora, de calificar como dictadura el régimen de Pinochet.

El documento propuesto por los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri, Jaime Naranjo, Ana María Bravo, Daniella Cicardini, Emilia Nuyado, Daniel Melo, Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Nelson Venegas y Danisa Astudillo pide al gobierno medidas legislativas en materia procesal que permitan establecer mecanismos de entrega de antecedentes fidedignos que se refieran al paradero de los detenidos desaparecidos.

Por lo general, en la derecha usan el término "gobierno militar" y no de "dictadura", e incluso en una declaración el 11 de septiembre pasado, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la UDI lo reivindicó como "inevitable", aunque también expresó su "condena sin matices a las violaciones a los derechos fundamentales" y el deber de "persistir en el camino de la justicia y la reparación" a las víctimas.

Durante el debate en Sala, el diputado Cristián Araya (Republicanos) y el exRepublicanos Johannes Kaiser hablaron a favor de la resolución, pero también usaron otro concepto para referirse a la dictadura e hicieron hincapié en que no ven voluntad política y judicial para identificar osamentas en custodia del Servicio Médico Legal.

"Durante el gobierno restaurador de las Fuerzas Armadas y de Orden se cometieron abusos, excesos y crímenes por parte de agentes del Estado. Es cierto. También es cierto que hay más de mil personas que fueron detenidas y cuyo paradero aún es desconocido. Todos los esfuerzos que sean necesarios para dar cristiana sepultura a las personas desaparecidas cuentan con nuestro total y más absoluto respaldo", dijo Araya, según recoge La Tercera.

Las palabras de los ultraderechistas molestaron a la diputada Lorena Pizarro (PC), hija del dirigente comunista Waldo Pizarro, detenido desaparecido en dictadura: "No tienen pudor. Se atreven a hablar de que no los queremos encontrar. No, señores. Desde el 90 que nos han tratado de canjear: verdad o justicia, los huesos o nada... No sean cara de palo. No vengan ustedes a hablar de nuestros muertos", recriminó.

Bajo la dictadura militar...

La resolución dice considerando que en Chile, “bajo la dictadura militar de Pinochet, en el período 1973-1990, se cometieron graves crímenes contra la humanidad entre las que se cuentan más de 2.000 ejecuciones sumarias, más de 1.000 desapariciones forzadas de personas y más de 100.000 torturas, según consta de Informes oficiales de organismos de Derechos Humanos”.

El proyecto de resolución fue presentado por el PS hace algunos meses, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno del presidente socialista Salvador Allende y que permitió la implementación de la dictadura de Pinochet. 

La resolución emplaza también al ministro de Justicia, Luis Cordero, para que, por su intermedio, realice las gestiones que sean necesarias ante la Corte Suprema a fin de que los jueces con dedicación exclusiva en materia de derechos humanos puedan contar con todos los recursos que sean necesarios para culminar sus investigaciones.