AgenciaUnoEl fiscal Centro Norte, Xavier Armendáriz, contrató a Alberto Ayala y ahora a José Luis Pérez Calaf como funcionarios de dicha repartición. El caso de este último genera controversia al interior del organismo, pues fue recientemente sumariado.
Una de las prácticas internas más criticadas en toda la historia del Ministerio Público ha sido la de las llamadas “sillitas musicales”, que históricamente han beneficiado a fiscales regionales que, luego de terminado el plazo legal que les corresponde (8 años, periodo durante el cual perciben una remuneración bruta mensual de 9 millones de pesos), eran reelectos en otras regiones, perpetuándose de ese modo en la institución, en circunstancias que cuando esta se creó, en 1997, el espíritu de la ley que le dio nacimiento buscaba todo lo contrario, al fijar al Fiscal Nacional y a los regionales la imposibilidad de ser reelectos por un nuevo periodo, teniendo en cuenta las importantes cuotas de poder que manejan.
Ha habido muchos casos que ilustran la forma en que se aprovechó el vacío que quedó en la ley y que les permitía ser reelectos en una región distinta, pero el ejemplo más impresionante de todos es el de Alberto Ayala, que fue Fiscal Regional de Antofagasta en dos oportunidades, pero además fue regional en las fiscalías Metropolitana Oriente y de Los Lagos. Cuando se terminó su último periodo, en 2023, fue contratado en la Fiscalía Centro Norte como abogado asesor a honorarios, labor por la cual hasta ahora percibe una remuneración bruta mensual de 2.757.240 mil pesos, según la página de Transparencia de la institución.
Sin embargo, en los próximos días Ayala asumirá una nueva función dentro de la misma Fiscalía Regional: la de jefe de Recursos Humanos, una unidad que tiene una remuneración más cercana a la que percibió durante sus 24 años como Fiscal Regional: 8.473.813 pesos. Por cierto, el año pasado, cuando el entonces Fiscal Regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, terminó su periodo, fue contratado en el mismo cargo en la Fiscalía Regional de Biobío.
La llegada de Ayala a la unidad de RRHH de la Fiscalía Centro Norte, dirigida por Xavier Armendáriz Salamero, es casi simultánea a la contratación en esta de otro viejo amigo del fiscal Armendáriz –como lo señala una fuente del Ministerio Público–: José Luis Pérez Calaf, quien acaba de terminar su periodo al frente de la Fiscalía Regional Occidente y que ahora se convertirá en abogado asesor de Armendáriz, con un grado 7.
Dos años más tarde, Pérez contrató a Armendáriz como jefe de la Unidad de Gestión e Informática (UGI) de dicha fiscalía, cargo donde este se desempeñó hasta 2018, cuando Jorge Abbott lo puso a cargo de la Fiscalía Centro Norte.
Todos estos movimientos han sido históricamente criticados por las distintas asociaciones de funcionarios que hay en el Ministerio Público, pero la contratación de Pérez Calaf ha crispado mucho los ánimos a nivel de funcionarios y las entidades que los representan, pues además de haber sido sancionado en el caso “Basura” por aplicar una salida alternativa a un imputado, sin contar con el informe técnico de la Fiscalía Nacional, Pérez Calaf fue recientemente objeto de sumario, ordenado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, debido a que cuando este le asignó la investigación penal en contra del ahora exfiscal Pablo Antúnez, acusado de maltratar a su esposa, se le pasó el plazo para presentar la acusación, con lo cual se entiende abandonada la investigación.
Tras ello, Pérez presentó un escrito pidiendo aplicar una decisión de no perseverar, pero la causa fue reabierta por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, ante una petición de la abogada de la víctima.
Ante ello, Valencia le quitó la causa a Pérez y se la reasignó a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien decidió que había méritos suficientes para formalizar a Antúnez, por lo cual pidió fecha para ello ante el tribunal. En forma casi simultánea, el Fiscal Nacional decidió destituir del Ministerio Público a Pablo Antúnez.
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