PAÍSEn la primera de dos audiencias ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el titular de Justicia mencionó el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda como parte de la voluntad del Estado para abordar deudas históricas. Luis Cordero descartó “defensas corporativas”.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, lideró hoy la primera de dos audiencias del Gobierno de Chile ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, encargada de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el encuentro se resaltó el progreso alcanzado por el país en esta materia durante la última década, bajo tres administraciones gubernamentales.
Al recordar que Chile es parte de nueve Tratados de Derechos Humanos del Sistema Universal y casi la totalidad de los instrumentos del Sistema Regional de Protección, el jefe de la delegación se sometió a una serie de interrogantes por parte de un panel compuesto por 16 comisionados.
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado Puga, señaló: “Quisiera concentrarme en forma directa y resumida en los avances que el Poder Judicial ha realizado, partiendo por la reciente recepción que ha tenido el Pacto en la jurisprudencia en los tribunales nacionales. En concreto, desde el año 2014 a la fecha, la Corte Suprema ha dictado más de 1.500 sentencias en que se ha invocado, directa o indirectamente, este instrumento, en su mayoría relacionadas con asuntos penales y constitucionales”.
Asimismo, el senador Francisco Chahuán (RN) destacó: “La presencia de cada uno de nosotros el día de hoy es un ejemplo palpable del compromiso del Estado de Chile con el multilateralismo y los sistemas de protección internacional de derechos humanos que deben ser relevados. No es casualidad que el Estado realice un esfuerzo por comprometer a cada uno de los órganos que lo conforman para dar una respuesta uniforme e integral a la recepción y cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos”.
Entre los temas abordados con el panel se encuentran el proyecto de ley Antiterrorista, discriminación étnica en el sistema judicial, detenciones arbitrarias del pueblo Mapuche, derechos de las mujeres, aborto seguro, legal y eficaz, objeción de conciencia, discriminación hacia mujeres y personas LGTBIQ+, principio de igualdad, participación de las mujeres en cargos de poder, brechas salariales, violencia de género y embarazo adolescente, entre otros.
Se destacaron los avances y desafíos de Chile en los últimos diez años, como la consolidación de la institucionalidad de derechos humanos con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la instalación del Comité de Prevención de la Tortura, todo en base a recomendaciones y obligaciones internacionales.
La delegación, que tendrá una nueva audiencia este miércoles 6 de marzo, está compuesta por representantes de los tres poderes del Estado, incluyendo al ministro de la Corte Suprema Arturo Prado Puga, y el senador Francisco Chahuán, además de representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, las policías, los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría General de la Presidencia, Interior, la Defensoría Penal Pública y el Servicio Nacional de Medio Ambiente.
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