Periodista italiano residente en Chile becado por la UE fue expulsado del país por registrar movilizaciones sociales
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El día de ayer viernes 3 de febrero, Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta el domicilio en donde residía el periodista italiano Lorenzo Spairini, ubicado en pleno centro de Santiago, para tomarlo detenido debido a una orden de expulsión inmediata, dictada por el Intendente de Santiago, Claudio Orrego, firmada por él y por el Ministerio del Interior, no dando paso a ningún tipo de defensa o alegato.
El argumento empleado para dicha expulsión -y según reza la orden de expulsión- fue que Lorenzo “ha sido detectado en diversas actividades anti sistema, alterando el orden social del país y constituyendo de esta manera un peligro para el estado“.
El periodista se encontraba desde finales de octubre en Chile por una beca de la Unión Europea (UE) para observar procesos sociales, donde se le encomendó asesorar comunicacionalmente a una organización social o sindical. Para ello, presentó en su postulación a la organización sindical Armetrase, una asociación de trabajadores del Sename, a quienes les ha venido colaborando con la producción de material audiovisual para sus procesos organizativos, como huelgas y manifestaciones, tanto de ellos como otras asociaciones.
Su trabajo puede verse en el canal de YouTube de Armetrase.
Desde Armetrase, en conversación con Radio Villa Francia, denuncian que “este acto no solo como un atentado a la libertad de expresión, sino también contra los Derechos humanos, dando cuenta de una persecución y criminalización de los movimientos sociales“.
De este modo, el periodista fue detenido en su residencia y y llevado hasta el Cuartel de la PDI ubicado en calle Eleuterio Ramírez (Departamento de Extranjería y Migración), desde ahí logró avisar por “whatsapp” a la gente de la organización sindical de que lo estaban expulsando de Chile sin ningún tipo de apelación o proceso judicial, y posteriormente fue llevado a un cuartel en calle Salvador (comuna de Providencia) para ser llevado luego al Aeropuerto y ejecutar su expulsión del país.
Esta situación se suma a lo ocurrido hace una semana y media con tres jóvenes peruanos miembros del Taller de Estudios Anarquistas (TEA), quienes fueron detenidos -el pasado jueves 26 de enero- por la PDI, para ser expulsados del país solo “por ser anarquistas y peruanos”. Los tres jóvenes iban a participar en las “Jornadas Internacionalistas Derribando Fronteras” al día siguiente en Santiago.
La orden de expulsión se valió del Decreto Ley 604, creado en agosto de 1974, en plena Dictadura militar, el cual señala que no podrán ingresar al país quienes “propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno”, y para “los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado”.
En dicha oportunidad, el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, rechazó la acción y señaló que “un inmigrante, al igual que un nacional, tienen marcos regulatorios y leyes, pero a la vez tienen derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y pensamiento (…) Este tipo de artículos (Decreto Ley 604) obedecen a una lógica dictatorial y propio de la Guerra Fría y vulnera derechos fundamentales”.
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