OPINIÓN
Actuar con transparencia y cumplir con las leyes es el “desde”, y tanto las instituciones públicas y privadas como nuestras autoridades y empresarios, deben manejarse sobre una base de integridad en la que no importe solo el qué, sino también el cómo.
“La confianza se gana con mil actos y se pierde con solo uno”. El conocido refrán popular, que se refiere a las relaciones entre las personas, también aplica a las instituciones. Los chilenos vivimos una crisis de confianza entre nosotros y hacia nuestras instituciones desde hace años. Un estudio de Ipsos, en 2022, concluyó que Chile es el tercer país de Latinoamérica donde menos se confía en la gente, pero que también se relaciona con la falta de confianza hacia las instituciones públicas y privadas del país.
Detrás de esto último se encuentra el desajuste entre el desempeño de estas y las expectativas que la opinión pública tiene de ellas. Cuando vemos por un lado que no hay respuesta a los problemas y necesidades más urgentes, como educación, salud, vivienda, y seguridad, y por otro lado nos seguimos enterando de casos de corrupción en instituciones cuyo objetivo es precisamente proveer dichas soluciones, la brecha comienza a ensancharse y el resultado es una caída progresiva en los niveles de confianza.
No por nada, en la última encuesta CEP, el 59% de los consultados sostuvo que la corrupción es “mucho o algo mayor” que hace cinco años, mientras que el 73% piensa que “mucha gente o casi todas las personas” que trabajan en el servicio público están involucradas en casos de corrupción. Escándalos como los casos Convenios, Audios y las irregularidades que se investigan en decenas de municipalidades a lo largo del país no han contribuido precisamente a revertir ese proceso.
Cuando una sociedad abona el terreno para que sus instituciones se debiliten y se hagan permeables a la acción de los corruptos, convirtiéndose en instrumentos al servicio del poder o de intereses particulares o grupales en lugar de los ciudadanos a los que están llamadas a representar, ha fallado en el combate a la corrupción. Y la consecuencia que de ello se deriva es un debilitamiento progresivo del sistema democrático.
No creamos que Chile es inmune a sufrir lo mismo. La encuesta del CEP reveló también que solo el 52% de los chilenos prefiere la democracia por sobre otras formas de gobierno, mientras que un sondeo de Criteria evidenció que, en tan solo cuatro años, el valor de nuestro sistema democrático se ha desplomado en 25 puntos. Los pilares sobre los que se sostiene nuestra democracia muestran grietas preocupantes.
Pero los casos flagrantes de corrupción que hemos conocido no son los únicos que contribuyen a ello. Existen situaciones que, si bien en el papel no son delitos, constituyen peligrosas áreas grises que –cuando no se manejan bien– también rebajan el muro de contención frente a las malas prácticas. Una licitación por $1.300 millones para adquirir 22 automóviles de alta gama para los ministros de la Corte Suprema fue aprobada mayoritariamente por los miembros del máximo tribunal y se dijo que estaba considerada en la Ley de Presupuesto 2024. Pero el Gobierno lo desmiente, las críticas arrecian por la falta de sintonía con la realidad del país, el proceso termina siendo objeto de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y la licitación queda sin efecto.
Un juez de Garantía se amparó en normas internacionales para ordenarle a Gendarmería conceder a 13 reos de alta peligrosidad recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad, algunos vinculados al Tren de Aragua, beneficios como videollamadas, no registrar las reuniones con abogados y una visita conyugal. La resolución quedó en suspenso luego que Gendarmería presentara un recurso de protección que fue admitido por la Corte de Apelaciones.
En los cheese and wine que organizaba el lobista Pablo Zalaquett, en los que ministros y parlamentarios compartían con empresarios, gremios y grupos de interés, las autoridades no cumplieron la ley al no declarar su asistencia en la Plataforma de Lobby, dando justificaciones débiles e insuficientes, con lo que vulneraron los deberes éticos y legales asociados a sus cargos.
Y así podríamos seguir con tantos casos más que se encuentran en áreas grises, donde las excusas son que “no va contra la ley”, pero en los que el sentido común y la transparencia terminan fallando y el resultado es un aumento de la desconfianza.
Actuar con transparencia y cumplir con las leyes es el “desde”, y tanto las instituciones públicas y privadas como nuestras autoridades y empresarios, deben manejarse sobre una base de integridad en la que no importe solo el qué, sino también el cómo, y que una determinada mala práctica no se justifique con el argumento de que la ley no la prohíbe.
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