Grave polémica por conflicto de interés de la intendenta Van Rysselberghe tras confuso remate de un fundo que será destinado a relleno sanitario. Su marido se lo adjudicó
Fuente Cambio 21
El polémico remate del fundo Curaco Alto, llegó nuevamente a la Corte Suprema. El predio pertenecía a la empresa Hera Bío-Bío y terminó en poder del esposo de la intendenta de la Región del Bío-Bío.
Nadie quiere rendirse en este caso, donde por una deuda de $500 mil, el fundo del Hera Bío-Bío, ubicado en Tomé y avaluado en $300 millones- fue rematado en sólo $21 millones- y el único oferente fue el empresario Mauricio Pavez, esposo de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe.
De ahí, la empresa recurrió a la Justicia para impugnar el remate y la inscripción del fundo a nombre de Pavez, causa que ganó, pero que luego la Corte Suprema revirtió, indicando que todo estaba en regla y que el terreno era legalmente del esposo de la funcionaria de gobierno.
Pero no fue la última batalla, porque Hera Bío-Bío recurrió a la Corte de Apelaciones de Concepción, cuestionando el trabajo del juez de Tomé, Sebastián Álvarez, quien no habría cumplido con las formas del proceso, como informar a la defensa de la empresa de la resolución de remate y por no publicar este en un diario de difusión masiva.
La Corte penquista estuvo de acuerdo con este argumento y ordenó retrasar la causa a casi fojas cero, anular el remate y sacar al juez Álvarez del juicio.
Ahora la defensa del Mauricio Pavez volvió a recurrir a la Corte Suprema, indicando que los ministros de Concepción no valoraron adecuadamente los antecedentes e insistiendo en que el remate está en regla.
Una larga historia
Todo comenzó por un juicio de límites entre los propietarios del fundo Curaco Alto de la empresa Hera Bío-Bío y una vecina. El proceso lo ganó la particular y el tribunal de Tomé ordenó a la empresa pagar las costas.
Ahí comienza la polémica, porque los directivos de Hera Bío-Bío aseguran que nunca fueron notificados de los $500.000 que tenían que pagar al abogado de la particular y como ese monto nunca se canceló, el tribunal ordenó el remate del fundo de 157 hectáreas.
La Corte de Apelaciones de Concepción estimó que el juez tomecino Sebastián Álvarez ha vulnerado de manera significativa la normativa y ha dejado en la indefensión a la empresa, por lo que ordenó dejar sin efecto gran parte de lo obrado por el magistrado y lo inhabilitó para seguir en el caso.
A través de este lenguaje jurídico, los ministros estiman que hay ilegalidades en el remate que permitió a Mauricio Pavez quedarse con el fundo Curaco Alto, caso que ahora debería ser asumido por la secretaria del Juzgado de Letras de Tome, Karina Luna, y si ella se inhabilita deberá sustanciarlo un juez o secretario civil de Concepción.
El conflicto de la Intendenta
Desde el interior de Hera Bío-Bío indican que han recibido advertencias desde su contraparte, advertencias relativas al futuro del relleno sanitario que pretenden construir en el disputado fundo, proyecto que les recordaron debe pasar por la aprobación de la Corema, organismo que, también le recordaron, es encabezado por la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe.
Sin embargo, desde la Alianza, el senador Víctor Pérez dijo que a pesar que una de las partes, el empresario Mauricio Pavez, es esposo de la funcionaria del gobierno de Piñera, “en ningún momento los tribunales han detectado irregularidades que involucren a personeros políticos”.
Tanto el senador Pérez como el diputado Juan Lobos, enfatizaron que para éste y cualquier caso, tendrán la misma actitud fiscalizadora.
El senador Alejandro Navarro conversó con Cambio21 donde afirmó que “me parece un abuso y delito de manejo de información privilegiada. Aquí hay una situación muy irregular. El cuñado del señor Pavez, el diputado Enrique Van Rysselberghe, se preocupó de fallar en contra del juez Ascencio para inhabilitarlo por cuatro meses, justamente el juez que falló en contra de su cuñado por el caso del terreno”.
“Estoy preocupado, porque se sancionó al juez que fue capaz de enfrentar a esta familia. El tema se ha vuelto complejo y se ha generado un tema político”, añadió el parlamentario.
“El terreno tiene un estudio de impacto ambiental aprobado, ahora si el esposo de la intendenta se queda con él, necesita otro estudio para poder concretar el proyecto de relleno sanitario y eso pasa por manos de su esposa, por lo que no debiera ser aprobado. La familia Van Rysselberghe está acostumbrada a hacer este tipo de cosas”.
“La intendenta tiene que limitarse en sus acciones. Han actuado con mucha impunidad. No es bueno para la región, ni para el país. Espero que se haga justicia”, puntualizó Navarro.
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