AI explica que el gobierno chileno anunció una serie de medidas para devolver 33.000 hectáreas de tierra a las comunidades indígenas en el sur del país, pero el decreto aprobado en septiembre sobre los procedimientos de consulta y participación en decisiones que podrían afectarles directamente, no cumplía las normas internacionales.
La organización internacional denuncia que algunos proyectos de desarrollo a gran escala siguen poniendo en peligro los medios de subsistencia de las comunidades indígenas.
Grupos mapuches y simpatizantes, en la lucha por su derecho a la tierra, llevaron a cabo ocupaciones de fincas y se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad. Algunas de las protestas fueron reivindicadas por la Coordinadora Arauco-Malleco, partidaria de crear una nación autónoma mapuche.
AI resalta que las autoridades aplicaron en varios casos leyes antiterroristas y sobre seguridad nacional promulgadas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet incumpliendo su promesa de no hacer uso de tales leyes.
Recuerda también que el 12 de agosto Jaime Facundo Mendoza, un mapuche de 24 años, murió tras ser tiroteado cuando los carabineros desalojaron una finca en la localidad de Ercilla ocupada por unas 80 personas.
Durante 2009, Chile ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la Protección de Todas la Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Además, el Gobierno anunció su intención de reabrir la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para que se pudieran notificar casos de tortura y desaparición forzada no comunicados todavía
AI destaca que la Corte Suprema chilena declaró su propósito de acelerar la tramitación de procedimientos judiciales.
Según datos oficiales, entre enero y octubre, se condenó, juzgó o acusó formalmente a 69 ex agentes de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos. Sin embargo a finales de octubre, sólo se habían impuesto sentencias condenatorias en 179 de las 3.186 causas emprendidas.
En septiembre se formularon cargos contra más de 165 ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su implicación en la tortura y desaparición forzada de activistas políticos.
En su informe, AI resalta tres casos judiciales.
La Corte Suprema dictaminó en septiembre que las torturas perpetradas en la Academia de Guerra Aérea entre septiembre de 1973 y enero de 1975 constituían crímenes de lesa humanidad, delitos por los que sólo dos coroneles fueron condenados.
En Italia, comenzó en noviembre el juicio contra el fiscal militar Alfonso Podlech por la desaparición forzada de cuatro personas en la década de los años 70.
Seis personas fueron detenidas en diciembre después de que las nuevas investigaciones sobre la muerte en 1982 del ex presidente Eduardo Frei Montalva revelaran que no falleció por una infección sino que fue envenenado.
En su informe de 2010, presentado en Londres, AI subraya también los obstáculos en el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos en Chile, donde el aborto sigue penalizado, y alude al las dificultades para el acceso a anticonceptivos de emergencia.
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