Una querella en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago presentó la subsecretaría del Interior, tras detectarse irregularidades en los procedimientos para postular a los beneficios del Programa de Exonerados Políticos, hoy Oficina de Exonerados Políticos.
La querella es contra Julio Allendes Allendes, quien permanece en prisión preventiva por estafa reiterada por irregularidades detectadas en el uso de la Ley Valech, pero también extensiva a todos quienes fueron beneficiados con la trama montada por este sujeto.
Allendes había captado a exonerados políticos y luego a potenciales beneficiarios de la Ley Valech, a quienes les tramitó sus postulaciones, con documentación falsa.
"Él (Allendes) se contactaba con personas que podrían tener derecho a este beneficio y les decía que en su calidad de abogado del ministerio del Interior podía acelerar los trámites y lucraba con eso", reveló al Diario Austral de Temuco el subprefecto de la PDI Jorge Latorre, jefe subrogante de la Prefectura de Cautín, donde se destapó el caso.
El falso abogado cobraba tanto por postular, como por beneficio logrado, e inducía a sus clientes a contar una historia falsa sobre torturas para poder obtener los beneficios. En su oficina, ubicada en un edificio de calle Bandera en la capital, se incautaron sellos con timbres falsos del ministerio del Interior.
UBILLA: UN CASO “GRAVE”
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, calificó la situación como “grave”. “Hay aproximadamente mil quinientos nombres de personas que habrían recibido supuestamente la condición de exonerados con estas documentaciones falsas", dijo, a partir de los antecedentes de la investigación realizada por la PDI en la oficina de Allendes.
Ubilla concluyó que “aquel que hoy recibe los beneficios del Programa de Exonerado Político y que lo logró producto de su situación y con documentación original tiene que estar absolutamente tranquilo. En aquellos que no, que supuestamente se habría logrado este beneficio en base a documentación falsa, ya sea por acciones de terceros o por iniciativa propia, la Justicia tiene que determinar las consecuencias”.
El recurso de Interior apunta a los delitos de falsificación de documento público, falsificación de documento privado, falsificación de sellos, y usurpación de funciones
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