Programa de derechos humanos del ministerio del Interior reabre conflicto en La Moneda por haber citado a los hermanos Labbé Galilea a declarar en el marco de la investigación de la Operación Colombo. Juristas le dan poca vida a este programa gubernamental
Fuente Cambio 21
El ministerio del Interior recibió nuevamente un balde de agua fría de parte del Programa de Derechos Humanos de la misma cartera. La última decisión de los abogados de pedir la citación a declarar del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, en el marco de la investigación de la Operación Colombo, se suma a una larga lista de desacuerdos.
Recordemos que el pasado 5 de julio declaró en esta misma causa, su hermano, el actual embajador de Chile en Panamá Alberto Labbé, quien tras el golpe militar desempeñó labores en la embajada de Chile en Buenos Aires.
El actual edil y coronel en retiro del Ejército tras ser interrogado por cerca de una hora por la jueza Raquel Lermanda, dijo que los militares "no podemos vivir tranquilos" y, según testimonios recogidos por diversos medios, salió "ofuscado" de la entrevista. "Los militares no podemos seguir así", dijo Labbé.
En la actualidad, en el área jurídica del programa trabajan 17 abogados. Trece de ellos vienen de la administración anterior y cuatro han sido contratados por la nueva encargada Rossy Lama.
Entre otras situaciones tensas que se han vivido entre el Programa y el ministerio está la ocurrida en mayo pasado cuando otro abogado pidió que interrogaran al subsecretario de Defensa, Oscar Izurieta, en el marco de la investigación de la muerte de Víctor Jara. En ambos casos no se informó a la ya mencionada directora del programa.
Y la lista suma y sigue. Los abogados del programa también en un momento manifestaron su apoyo a la labor realizada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), cuando estos recibieron críticas por parte del gobierno luego que dirigentas cuestionaran la efectividad de la cita que tuvieron con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda en junio pasado.
Otra de las situaciones que han desatado estas diferencias fue la reunión que mantuvo hace un tiempo la secretaria ejecutiva del Programa, Rossy Lama, con abogados de militares procesados por crímenes contra los derechos humanos, para conversar respecto de “cómo se les trataría”, en el gobierno de Sebastián Piñera.
"No quieren Derechos Humanos"
Definitivamente "no quieren Derechos Humanos", una situación que hace un mes confirmó en exclusiva a Cambio21 la ex funcionaria del Programa de Derechos Humanos, la abogada Javiera Aguirre, quien fue despedida a pesar que la profesional estaba con fuero maternal.
En conversación con este portal aseguró que ha notado que dentro del programa en el que trabajaba existía un ambiente no grato. "Hay tres compañeros que debieron renunciar porque existía un ambiente hostil y no era agradable trabajar así".
"Yo creo sinceramente que estas gestiones se están dando porque en el gobierno no le han tomado el peso a lo que es esto y están haciendo todo lo posible para que se acabe”, subrayó la abogada Aguirre. "Aquí existe un asunto de hostilidad que está impidiendo el objetivo del programa. Eso es lo que sucede en el fondo", afirmó.
En tanto el ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro, aseguró que no le extraña la situación. “Evidentemente hay una contradicción en lo que tiene que hace un abogado de derechos humanos y lo que debe hace la autoridad. Es incompatible”, dijo a Cambio21.
Agrega que aquí existe una rivalidad de los políticos de la derecha versus política de derechos humanos. “Aquí hay autoridades de gobierno que son lobos haciéndose pasar por hadas. Por nombrar algunos está Cristián Larroulet (ministerio Secretaría General de la Presidencia) y Joaquín Lavín (ministro de Educación) quienes participaron del gobierno de Pinochet y ahora son autoridad”, aseguró el abogado Luis Toro. Además dijo que “deduzco que esto es un problema para el gobierno porque a Piñera lo apoya la UDI y ellos participaron activamente en cargos muy importantes de la dictadura militar”.
En cuanto al futuro del Programa de Derechos Humanos dijo que “se están acomodando a lo que deben hacer, aunque va a haber un problema contradictorio evidentemente. Y lamentablemente este en un año más será expuesto a la extinción”.
Critican que aún no se haga parte en nuevas querellas
En tanto la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos ha criticado en reiteradas ocasiones la actitud del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior que -según señalaron- aún no han presentado ninguna querella en la causa.
"Nosotros denunciamos que a cinco meses del gobierno de Sebastián Piñera no se ha presentado ninguna querella por ejecutados políticos como lo mandata la ley", señaló a Cambio21 una fuente de la organización.
La misma fuente indicó que "al parecer tendremos que pedir a la justicia que investigue por qué ellos (el gobierno) no se ha hecho parte de lo que es su trabajo".
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