Los tres funcionarios fueron imputados por el delito
de cohecho.
Pidieron dinero para anular una detención.
por Patricio Carrera
La Tercera
Un nuevo caso se sumó el lunes a los recientes escándalos que han tenido como protagonistas a funcionarios de Carabineros. En una audiencia fueron formalizados tres policías que, según el Ministerio Público, intentaron cobrar una coima. Esta denuncia se conoce a una semana de que seis efectivos fueran implicados en torturas a un indigente y de que otros cinco policías fueran detenidos y acusados de participar en un asalto y manipular evidencias.
Los tres efectivos pertenecen a la 39ª Comisaría de El Bosque. Se les levantaron cargos por cohecho luego de que, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente, intentaron cobrarle $ 3 millones a un sospechoso para dejar sin efecto una orden de detención en su contra.
Se trata del sargento Francisco Lepín y los cabos José Padilla y Ervi Cea, pertenecientes a la SIP de la mencionada unidad policial. Todos permanecen con prohibición de salir del país y no han sido dados de baja.
De acuerdo con la indagatoria de la fiscalía, el 21 de noviembre de 2007, mientras realizaban labores de patrullaje, los efectivos policiales interceptaron, en la comuna de El Bosque, a Enrique Cifras. El hombre mantenía una orden de detención pendiente, emanada desde el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el quebrantamiento de una condena por robo.
Los policías habrían subido al detenido a una camioneta para luego trasladarlo a la calle Rodrigo Briones con lo Blanco de esa comuna.
Según los antecedentes del Ministerio Público, en ese momento los funcionarios le pidieron a Cifras la suma de $ 3 millones, a cambio de no entregarlo a la justicia.
El sospechoso había aceptado la propuesta de los efectivos policiales, pero les pidió tiempo para reunir el dinero.
Los días transcurrieron y el hombre no cancelaba la suma. El 24 de diciembre de ese año, los efectivos policiales llegaron hasta el domicilio de Cifras, pero ahora para hacer efectiva la orden de detención. Así lo sostiene el Ministerio Público.
Angelo Sánchez, defensor de los tres funcionarios imputados, sostuvo ayer que las pruebas de la fiscalía son débiles, ya que solamente está el reconocimiento de Cifras, quien confirma el cobro de dinero por parte de los funcionarios policiales.
"No hay ninguna prueba relevante. Esto ocurrió en 2007 y el denunciante recién declaró este año", dijo el abogado, quien agregó que el reconocimiento se hizo mediante la exhibición de un set fotográfico, lo que, a su juicio, carecería de rigurosidad.
El fiscal Andrés Castellanos, a cargo del caso -que se inició en una investigación por tráfico, sostuvo ayer que la participación de los policías no está acreditada solamente por la versión del detenido. Dijo que hay testigos de la maniobra, escuchas telefónicas y evidencias, como las consultas que se hicieron a la base de datos de la policía de los antecedentes de Cifras.
Ayer, Carabineros informó que el sumario interno efectuado en contra de los funcionarios determinó que ese día no trabajaron y que no hubo irregularidades.
Dato surgió en escuchas a grupo de narcotraficantes
La investigación contra los efectivos policiales de la Comisaría de El Bosque, a cargo del fiscal Andrés Castellanos, se inició a comienzos de este año, cuando se hizo una revisión completa a las 62 mil escuchas telefónicas realizadas en la investigación en contra de la banda de narcotraficantes llamada "Los Guatones", que era integrada por 23 personas dedicadas a vender pasta base y cocaína.
En una de las escuchas, captadas a integrantes del grupo, se menciona la situación de Enrique Cifras, conocido por la banda, que necesitaba dinero en forma urgente para dejar sin efecto la orden de detención. La grabación fue analizada por Inteligencia de Carabineros y se determinó a quién pertenecía la voz al teléfono. Con este dato, se detectó que antecedentes fueron consultados desde la 39ª Comisaría de El Bosque.
Los efectivos son investigados para determinar si el caso del imputado se trató de un hecho puntual o si hay más casos en que hayan cobrado por dejar sin efecto alguna orden de detención pendiente.
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