por Juan Pablo Cárdenas (Chile)
Es un lugar común afirmar que la política es sucia, pero lo cierto es que en todas las actividades humanas hay una cuota de indecencia y corrupción. Ya lo hemos comprobado en la repugnante actuación de algunos sacerdotes, en los turbios manejos del deporte, la actividad bancaria y tantas otras entidades que violan la confianza pública. Se dice, asimismo, que la política debiera ser la más noble de las tareas sociales, sin embargo lo que presenciamos es que esta actividad es la que nos ofrece actualmente los más graves escándalos contra el bien común y la estabilidad institucional.
La historia de Chile estuvo siempre salpicada de abusos de poder, enriquecimientos ilícitos, crímenes horrendos e incongruencias entre lo que se promete como candidato y lo que se realiza posteriormente desde el gobierno, el parlamento y los municipios. Pero después de la traumática dictadura castrense muchos pensamos que se abriría un período republicano en que el pueblo superara sus rezagos y nuestros representantes resultaran los más probos y con mejores condiciones para ejercer los nuevos liderazgos que el país necesitaba. Sin embargo, apenas instalada la Concertación en el poder, lo que se ha apreciado es el imperio del cuoteo partidista, la connivencia de los políticos con el poder económico, el afán de perpetuarse en los cargos y profitar de éstos en beneficio propio y de instituciones que rápidamente se desperfilaron ideológicamente. Deviniendo, en la práctica, sólo en componendas electorales y bolsas de trabajo fiscal.
Desde el gobierno de Patricio Aylwin se descubren irregularidades como el pago de sobre sueldos a quienes ejercían cargos de confianza, tanto como operaciones ilícitas de compra y venta de armas que corrompen a oficiales y políticos. Más adelante, vendría ese carnaval de irregularidades en las licitaciones públicas y la concesión de carreteras. Todo un episodio de despropósitos que tuvo tan a maltraer al gobierno de Ricardo Lagos como que tuvo que recurrir al apoyo de parlamentarios de oposición y algunos medios informativos para evitar su inminente caída. Quizás si el precio que pagó este rescate fue la sacralización pactada de la Constitución de Pinochet en que el propio Presidente le pone la rúbrica a una Carta Fundamental surgida de una espuria consulta popular en 1980. Una operación de salvataje que explica las políticas implementadas por el que estaba llamado a ser el gobierno más progresista de la Concertación, pero terminó en el aplauso unánime y estridente de las cúpulas empresariales, como en aquella sentencia de el ex senador socialista Carlos Altamirano en cuanto a que la administración Lagos había sido el "mejor gobierno de derecha de nuestra historia".
Sabemos que con Piñera no triunfó la derecha sino el malestar del país con 20 años de indecencias e incongruencias. Por cierto que su triunfo se explica, además, en los millonarios recursos propagandísticos de su campaña electoral. Claro: el país sospechaba de la enorme fortuna del candidato alcanzada en menos de dos décadas, pero su demarcación del pinochetismo y de los sectores más rancios de la derecha le permitió ganar en segunda vuelta, gracias además a un padrón electoral acotado en que casi la mitad de los potenciales ciudadanos ni siquiera se inscribe en los registros electorales.
Apenas instalado Piñera en La Moneda, el país pudo darse cuenta de cómo éste se ha dado maña para mantener el control de sus grandes empresas u obtener un buen precio de venta de sus acciones y títulos. Como ahora podemos apreciar que su propuesta de ingreso familiar digno se contradice y desbarata con un proyecto de reajuste de sueldos y salarios que le escatima a los trabajadores del país un mejoramiento efectivo de su poder adquisitivo. En un momento estelar para nuestras exportaciones en que la empresas se ufanan de recibir utilidades multimillonarias, sobrepasando en sólo 10 meses el 40 por ciento el balance del año anterior. En efecto, nos resulta incomprensible que a los trabajadores sistemáticamente se los deje fuera del crecimiento económico y que la gestión económica en todos estos años sólo haya hecho crecer la brecha económica y educacional entre ricos y pobres.
Por lo mismo, nos parece realmente inverosímil que con la abstención del Presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, el Gobierno haya logrado aprobar su proyecto de reajuste que sólo le otorgó a los empleados públicos un escuálido crecimiento salarial del 4.2 por ciento. En una incidencia legislativa que naturalmente nos hace sospechar de un nuevo episodio de corrupción; urdido, esta vez, en reuniones "privadas" del propio Andrade, con representantes del Gobierno y con la participación del Presidente de la CUT. Es decir, con el inefable Arturo Martínez, personaje oscuro de la Transición que año a año ha "negociado" las demandas laborales con las cúpulas políticas, cediendo siempre en desmedro de los trabajadores que dice representar. Dirigente apernado a un referente sindical que no representa siquiera al 10 por ciento del mundo laboral y cuya presidencia perenne siempre la obtiene del apoyo de las cúpulas partidistas que se enseñorean y se perpetúan en la CUT y sus minúsculas agrupaciones.
Hasta aquí sabíamos de la afición de muchos políticos por el dinero y por apoltronarse en la institucionalidad pinochetista vigente, pero la imaginación nunca nos llevo a concebir esta escandalosa operación Andrade, Martínez y Gobierno. Menos, todavía, cuando el conjunto de los parlamentarios de la oposición votaron en contra del precario reajuste de Piñera, incluidos los propios diputados socialistas que jamás sospecharon que su propio presidente de partido pudiera transar su voto al momento de votar. En el más frío cálculo de la correlación de fuerzas parlamentarias.
Como de todas las malas y amargas experiencias se pueden lograr lecciones, es posible que esta severa inconsecuencia estimule la disolución de un referente político que ya no tiene nada de ideológico ni programático, cuanto que para la opinión pública es expresión de lo más desvanecido de la política. La abstención de Andrade se suma a la actitud de otros concertacionistas y oficialistas que acabaron postrándose ante las grandes empresas mineras en la discusión parlamentaria que quiso fijarles un royalty digno por vaciar nuestras minas y privarnos de los recursos magníficos del cobre. Ocasión en que, también, entre gallos y medianoche, hubo parlamentarios que se dieron una bochornosa voltereta política.
De consolidarse de nuevo la impunidad y continuar la política en la misma rutina, sin duda podremos apreciar los recursos que recaudarán esos mismos personajes para las próximas contiendas electorales a fin de reelegirse y promover a sus cómplices. En esto de que no hay negocio más lucrativo que el de traicionar al pueblo y legislar en contra de los trabajadores.
*Fuente: Radio de la U de Chile
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