Sra. Lorena Fries Monleon
Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos
Presente
Estimada Sra. Directora;
Los abajo firmantes, somos familiares y amigos de Alejandro Ernesto Rodríguez Escobar, cédula de identidad 11.510.681-3, con estudios de Sociología en la Universidad ARCIS, orfebre, encuadernador y cocinero, ex preso político y ex militante del MAPU-Lautaro, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Detención Penitenciaria Santiago Uno, Módulo Uno de Máxima Seguridad, y desde el 21 de diciembre de 2010 -a 114 días de injusta prisión-, inició una huelga de hambre líquida de manera indefinida, en razón a la ilegalidad de la prisión que lo afecta y a la violación a las normas del debido proceso que lo afectan, lo que constituye una violación grave y flagrante a sus derechos fundamentales.
En efecto, Alejandro fue detenido el 30 de agosto de 2010, por la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI), acusado de participar de un delito que jamás ha cometido. El Cuarto Juzgado de Garantía le ha concedido la libertad en dos ocasiones, criticando las “pruebas” aportadas por el Ministerio Público, señalando incluso que los reconocimientos fotográficos y la rueda de detenidos son “completamente ilegales”. El juez Jorge Norambuena señaló que anteriores condenas sufridas en 1999 y 2000 no serían consideradas como antecedentes de “mala conducta” por su Juzgado, porque fueron dictadas por tribunales militares que no respetaron las garantías de un Estado democrático de derecho e invocó los convenios internacionales suscritos por el Estado de Chile en esta materia. El magistrado estimó “insuficientes e ilegales” las pruebas que la Fiscalía presentó e invocó la Convención Americana de Derechos Humanos. Más aún, el día que lo acusan del asalto Alejandro se encontraba trabajando en la empresa de fotocopiado Max Hüber, donde cumplía horario y marcaba tarjeta todos los días. De eso hay constancias y documentos.
El Ministerio Público en conocimiento de la ilegalidad de las pruebas rendidas y de lo absurdo de las imputaciones formuladas, y no obstante el tiempo transcurrido privado de libertad, persiste en inculparlo, todo lo cual obedece a la condición de ex militante y preso político, transformando el proceso penal en su contra en un montaje que no tiene otro propósito que escarmentar y perseguir a luchadores sociales, que alguna vez por su condición de militantes de movimientos de izquierda entraron en conflicto con la ley. Incluso en ese esfuerzo se le intentó vincular al “Caso bombas”.
Gendarmería ha señalado que no tiene derecho a visitas de sus familiares y amigos mientras esté en huelga de hambre, ni a visitas especiales de sus familiares aún proviniendo éstos de Coquimbo. Debe vestir como Gendarmería señala y no puede usar determinados colores y tipos de ropa, exigiendo a sus familiares la compra de implementos de vestir autorizados. A ello se suma la prohibición de consumir ciertos alimentos, frutas y verduras y, como si fuera poco, debe comprar al interior del recinto carcelario -una cárcel concesionada modelo- todo lo que necesita para su “estadía”. Alejandro se encuentra recluido en condiciones degradantes y denigrantes, con un régimen carcelario propio de un Estado represor y violador de los derechos fundamentales del ser humano.
La familia y la defensa de Alejandro han aportado las pruebas necesarias que acreditan su absoluta inocencia. El 30 de agosto cuando fue detenido en la comuna de Ñuñoa, él se dirigía a su lugar de trabajo. Le golpearon, fue esposado y conducido en un vehículo hasta su domicilio -un departamento de la Villa Los Presidentes-, donde los efectivos efectuaron un amplio allanamiento. Nunca se le dijo el motivo ni se me mostró orden alguna de detención ni de allanamiento. Le trasladaron hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones en Las Condes. Allí la PDI efectuó la rueda de reconocimiento con dos testigos del “asalto” en que le acusan haber participado. Le pusieron en la fila y “fue reconocido”. ¡Y cómo no!, si los otros en la fila eran personal de la propia PDI, que llevaba a cabo la supuesta investigación. Por esta razón -cosa insólita e inaudita- tanto testigos como policías se conocían de antemano. El asalto se habría cometido un año antes. Alejandro no contaba con ningún abogado como lo estipula la ley para estos casos. Todo fue viciado, como lo señaló el juez Jorge Norambuena. A pesar que el Cuarto Juzgado de Garantía le ha otorgado en dos ocasiones la libertad, ante las apelaciones interpuestas por la Fiscalía, la Corte de Apelaciones las ha revocado sólo por sus antecedentes vinculados a su condición de ex preso político.
Presentamos el caso de nuestro familiar y amigo ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitándoles vuestra intervención, a fin de que adopten todas las medidas que estimen pertinentes, especialmente que se interioricen del proceso penal llevado en su contra para que corroboren los vicios al debido proceso, realicen las denuncias que el caso amerite y que concurran a la brevedad posible a visitarlo, puesto que su vida corre serio peligro. Que igualmente interceden ante Gendarmería de Chile, para que restituya sus derechos a visita y otros, los que han sido conculcados arbitrariamente por la medida de protesta que adoptó, única manera de exponer la injusticia que se está cometiendo.
Familiares y amigos de Alejandro Rodríguez Escobar
aperezguerra@yahoo.es
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