La Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) consideró como una condena política las penas de cárcel impuestas contra los cuatro comuneros mapuche juzgados en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (635 kilómetros al sur de Santiago), por los delitos “de robo con intimidación y homicidio frustrado y lesiones”.
La lectura del fallo del Tribunal se efectuó este martes: “Héctor Llaitul, sindicado como líder de la Coordinadora Arauco Malleco, fue condenado a 25 años de cárcel, mientras que Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical recibieron sentencias de 20 años cada uno, quienes fueron acusados de haber atentado contra un fiscal chileno en el año 2008”.
La Coordinadora Arauco Malleco es una organización social que lucha por la reivindicación de los derechos territoriales y políticos de los indígenas.
El presidente de la Cchdh, Gonzalo Taborga, denunció que más allá de las acusaciones que pesan sobre los indígenas, la condena se dicta para silenciar a “los mejores representantes políticos del pueblo mapuche en su demanda histórica por la devolución de sus tierras”.
Igualmente, el grupo de abogados y familiares de los mapuche denuncian que se trata de una”violación de los conceptos fundamentales del debido proceso en un Estado democrático”, que “terminará dejando a Chile en una muy mala condición ante la comunidad internacional de los derechos humanos”.
Por su parte, Elías Paillán, periodista del Observatorio Ciudadano, calificó el juicio como “emblemático y sin precedentes”, porque durante tres meses la parte acusadora ha presentado pruebas insuficientes, y porque se aplicó la ley Antiterrorista, en circunstancias cuando no existían argumentos fuertes para ser aplicada.
Paillán recordó también que “las condenas se basan en testimonios de testigos secretos y protegidos, testigos de oído que entraron en evidentes contradicciones y falsedades”, y que, incluso, denunciaron torturas por parte de las autoridades.
Los familiares de los mapuche consideran dichas pruebas como inaceptables y han dejado saber que solicitarán ante un tribunal superior la nulidad de este juicio.
En tanto, Taborga denunció que, aunque el Tribunal dice que ninguno fue condenado por terrorismo, contra ellos “se aplicó una ley Antiterrorista, cuya propia naturaleza es antidemocrática, en el sentido que se gestó bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), precisamente para castigar a todos los disidentes del sistema”.
El abogado exigió al Tribunal de Cañete respetar los convenios internacionales suscritos por Chile, en los que se determinan una serie de instrumentos jurídicos y de concepciones de reconocimiento de la cultura y la sociedad étnica que caracteriza a la nación suramericana.
“Vamos a ver si los sentenciadores recuerdan aplicar el Convenio 169, que establece que las condenas tienen que ser proporcionadas a la forma cultural de percibir los fallos, entendiendo que ellos son otro pueblo dentro de la nación chilena”, afirmó.
La defensa de los comuneros expresó que la condena “sólo busca callar la lucha de los mapuche por sus derechos y en particular por la histórica reivindicación de sus tierras”. Los abogados informaron que este mismo martes recurrirán a la Corte Suprema para presentar un recurso de nulidad del proceso.
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