El Octavo Juzgado de Garantía resolvió cerrar la investigación del denominado Caso Bombas y obligó al Ministerio Público a poner punto final a las diligencias que pretendía desarrollar y que hoy expuso al tribunal.
El parecer del juez Juan Escobar es que se estaban “vulnerando las garantías de los imputados” si es que se accedía al requerimiento de la Fiscalía de ampliar el plazo de la investigación en 60 días más.
“Existía un plazo prudente, superior al estimado por la ley de dos años. Todo imputado tiene derecho a ser juzgado en un tiempo razonable y rápido, más aún si se encuentra en privación de libertad”, sostuvo el magistrado.
En ese marco, el fiscal Víctor Núñez aseguró que respetarán la decisión de la justicia y que en los próximos 10 días presentarán la acusación formal en contra de los 15 imputados del proceso, por los delitos de asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos.
En todo caso el investigador dijo que “lo que haremos en este plazo es recoger las pericias que faltan para agregarlas a la investigación”, asegurando que no quedará incompleto el expediente a pesar de la gran cantidad de diligencias que hoy solicitaron, entre las que se incluían requerimientos a países como Estados Unidos, Holanda y Bolivia, de supuestos nexos ya sea de financiamiento o de traslado de material explosivo.
Para el defensor Mauricio Daza “hoy se ha cerrado una investigación que el Ministerio Público trató de dilatar innecesariamente. Tenemos la convicción de que la sentencia será absolutoria, porque es una investigación de más de cinco años, con personas detenidas por más de seis meses y los bombazos continúan en la ciudad de Santiago, a pesar de que se nos señaló que ésta era la asociación ilícita”.
La investigación comenzó
a tramitarse en 2006 por el fiscal Xavier Armendáriz de la Fiscalía Oriente. Sin embargo, a principios de 2010 el caso pasó a manos del Fiscal Regional Sur Alejandro Peña, luego que se criticara que no había avances. En agosto del año pasado se dio la captura de los actuales imputados. De ellos 10 han permanecido en prisión preventiva todo este tiempo y desde hace 32 días mantienen una huelga de hambre
en
protesta por el tiempo transcurrido sin tener un juicio oral.
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