Piden coordinación regional para investigar el Plan Cóndor
Organismos de Derechos Humanos harán una presentación conjunta en la justicia de los países afectados. Rechazo al papel de Washington.
La coordinación de la represión en los países de América del Sur conocida como Plan Cóndor ya no es noticia. Lo que si cambió en los últimos años fue que comenzaron a tramitarse procesos judiciales que investigan esos crímenes. La Argentina lleva la delantera en la investigación de los delitos cometidos por los militares de la región. Ayer, el ex centro clandestino de detención (CCD) Automotores Orletti, el anexo de la Cámara de Diputados y la sede de la Federación Judicial Argentina concentraron los reclamos contra la impunidad de los responsables de miles de detenciones y desapariciones ocurridas en Latinoamérica bajo la atenta mirada de los funcionarios del Departamento de Estado estadounidense.
Por la mañana, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel afirmó en el ex CCD del barrio porteño de Floresta que la coordinación de las estructuras represivas comenzó en la Argentina antes del 24 de marzo de 1976. Luego, los representantes de organismos de Derechos Humanos se dividieron la tarde entre el anexo de la Cámara de Diputados (donde sesionó el primer Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia) y la Federación Judicial Argentina. “Tal vez, lo que estamos construyendo en la región es la contraposición de lo que significó el Plan Cóndor”, sostuvo el diputado Remo Carlotto quien fue el anfitrión de la reunión realizada en el Congreso.
En la sede sindical, los representantes de los organismos de la región acordaron realizar una presentación conjunta en la justicia de sus países para investigar los crímenes de lesa humanidad de manera coordinada y un repudio a la denuncia del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, contra Pérez Esquivel.
Luego de la visita a Automotores Orletti, el Premio Nobel de la Paz denunció la continuidad del Plan Cóndor puesto en práctica por Washington con la vuelta de la Cuarta Flota de la Marina de los Estados Unidos y las bases militares de este país que amenazan a Ecuador, Bolivia y Venezuela. Además, advirtió sobre el riesgo que implica el discurso de los medios de comunicación respecto de la seguridad y la estrategia de utilizar los delitos comunes para generar un clima de desestabilización.
En el Congreso, periodistas, legisladores y representantes de organismos de Derechos Humanos de Chile, Uruguay, Paraguay, la Argentina y Brasil acordaron un próximo encuentro en Uruguay. En la reunión, el fiscal argentino que investiga los crímenes del Plan Cóndor, Miguel Osorio, aseguró que fueron más de 2700 los vuelos de la muerte realizados durante la última dictadura para “deshacerse” de los detenidos desaparecidos. “Estamos contraponiendo un plan de exterminio y de persecución de oponentes políticos a la construcción de unas sociedades democráticas, plurales, abiertas, diversificadas con un criterio de inclusión y de integración que desde nuestra perspectiva tiene un valor estratégico para la región”, afirmó Carlotto, quien además destacó la importancia de que los países unifiquen criterios y esfuerzos para investigar de forma conjunta las acciones represivas del Plan Cóndor. <
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