Sindicato Ínter empresa de Trabajadores que laboran para la Gran minería y ramas anexas.
SITECO.
RSU: 06. 01. 078
Señor:
Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile
PRESENTE
El Sindicato Interempresa de Trabajadores de la Gran Minería y Ramas Anexas, SITECO, respetuosamente se dirige a usted por medio de la presente, para solicitar su ayuda en virtud del interés demostrado a través suyo, por la conferencia que preside, para que en el Chile del Bicentenario, todos los habitantes del país participemos de la mesa fraterna que debiera ser nuestra nación.
En su calidad de Obispo de la Diócesis de Rancagua, ha conocido y actuado solidariamente en favor de trabajadores contratistas de Codelco, que laboramos en la División El Teniente, afectados por las deplorables condiciones laborales a que nos vemos sometidos por el régimen de subcontratación vigente en nuestro país. Como usted sabe, la inestabilidad laboral, la inseguridad frente a faenas de riesgo, los salarios mezquinos y escasa previsión social, nos han llevado en más de una ocasión a desplegar movilizaciones enérgicas, para obtener algunos avances y mejorías en nuestras condiciones de trabajo, que con certeza, son las mismas que aquejan a 2.200.000 trabajadores subcontratados en todo el país.
Debido a nuestras acciones en defensa de derechos tan sagrados como a la vida y la seguridad, presentes en el derecho al trabajo estable trato digno y condiciones adecuadas para su realización dentro de lo establecido incluso en el derecho universal consagrado por las Naciones Unidas y convenios suscritos por Chile con la comunidad internacional, muchos de nosotros, dirigentes sindicales, hemos sido perseguidos por distintos medios y de variadas formas, que han permitido a Codelco, echarnos de sus instalaciones, condenarnos a no volver nunca más a trabajar en sus yacimientos y faenas de todo el país y registrarnos en listas negras que comparte con todas las empresas de la minería nacional, con lo cual se nos cierran de por vida las puertas para obtener un trabajo en la industria en que la mayoría nos hemos desempeñado toda la vida y en muchos casos, como lo hicieron incluso nuestros mayores antes que nosotros.
Este es un drama que afecta a miles de dirigentes sindicales, pues muchas empresas amparadas por la escuálida justicia laboral vigente, ejercen la costumbre de descabezar los sindicatos cuando se están organizando o destruirlos cuando se muestran independientes de la empresa, y también elaboran listas negras con los nombres de dirigentes, delegados, organizadores y socios de ellos, las que se comparten entre las empresas de las diferentes actividades productivas, comerciales o de servicios en todo el país. Lamentablemente, Codelco, empresa de todos los chilenos, recurre a los mismos métodos de persecución y proscripción de trabajadores que defienden sus derechos y los de sus compañeros.
Frente a la situación descrita, que nos inflige un castigo inhumano, pues a la pérdida de nuestras fuentes laborales se suma la condena a errar indefinidamente en busca de empleo, sometidos a prolongados períodos de cesantía forzada u obligados a trabajar en labores que nada tienen que ver con nuestra formación y aprendizaje como trabajadores de la minería, le pedimos que la Conferencia Episcopal de Chile, solicite a las máximas autoridades del país la promulgación de una ley que corrija el injusto trato a que nos vemos sometidos miles de trabajadores cuando nos organizamos y luchamos por hacer valer nuestros derechos más elementales.
Tras la situación de cada dirigente sindical perseguido, hay una familia, muchas veces niños o adolescentes que estudian y ven afectada su situación familiar y consecuentemente su actividad escolar. También hay madres o padres ancianos que dependen de estos compañeros.
Recurrimos a usted con respeto y apelando al espíritu con que la Conferencia Episcopal abogó por un indulto general, fundado en la clemencia y misericordia, que beneficiase incluso, por razones humanitarias o de salud a personas que perpetraron crímenes de lesa humanidad, pues nos parece que los dirigentes sindicales y los trabajadores de Chile, culpables de organizarnos en sindicatos y movilizarnos por la defensa del derecho a ganarnos el pan dignamente, merecemos justicia. Si la Iglesia Católica y el gobierno entablaron un diálogo sobre una ley de indulto, que consideraba aceptable pedir los máximos beneficios para quienes cometieron los peores crímenes de la historia nacional, resulta de justicia mínima, abordar una ley que nos permita recuperar nuestros puestos de trabajo a todos los dirigentes sindicales perseguidos y despedidos por cumplir nuestro deber no sólo en beneficio individual, sino de otros trabajadores, nuestros hermanos.
Le pedimos encarecidamente señor Obispo y por su intermedio a toda la Conferencia Episcopal de Chile, examinar con urgencia esta enorme injusticia y elaborar una propuesta para que el gobierno o el Parlamento, discutan y promulguen una ley que nos devuelva los puestos de trabajo o aquellos que los compensen en las mismas empresas que nos echaron, a todos los trabajadores subcontratistas despedidos y sus dirigentes sindicales en similares condiciones y que se encuentran en listas negras. Que declare ilegal la elaboración, existencia, tráfico y utilización de listas negras que condenen a la cesantía a quienes organizamos, dirigimos sindicatos o impulsamos movilizaciones de nuestros asociados en defensa de nuestro derecho a salarios justos, a equipamiento y vestuario adecuado a las labores encomendadas, empleo estable, espacios y horarios adecuados para colación y aseo, pagos previsionales, bonos y gratificaciones, aviso oportuno e indemnización en caso de despido justificado, término del artículo 161 del Código del Trabajo y el fin del sistema de subcontratación, o cuando lo hacemos contra medidas arbitrarias de la empresa, lesivas para nuestros asociados. Tales listas negras representan un tipo de prontuario completamente inmoral y criminal, al margen de la ley, actuando como tribunales de Justicia paralelos. La actividad sindical es justa y legítima, sin embargo es perseguida por las empresas como el mayor de los crímenes, seguramente por afectar la principal divinidad de los empresarios: la ganancia.
Esperamos que esta petición sea acogida por la Conferencia y tenga la fortuna de generar una norma legal que resuelva la ignominiosa situación a que nos somete el modo de trabajo en régimen de subcontratación, pues nos impone condiciones salariales, contractuales y materiales, varias veces inferiores a las de los trabajadores de planta. Lo anterior, se veagravado por las prácticas dictatoriales de empresas y empresarios en contra de todos los trabajadores y de nosotros como dirigentes sindicales.
Este grave problema de carácter nacional nos hace afirmar que entre los sectores que viven de un sueldo en el país, cada familia tiene al menos a uno de sus integrantes trabajando en condiciones de subcontrato.
Esperamos que esta petición abra un debate sobre la materia, que convoque a todos los trabajadores más allá de nuestro sindicato.
Dejamos esta petición esperanzados en el esfuerzo y buena voluntad de la Conferencia Episcopal, pero concientes de que su destino final no sólo dependerá de ella.
Por nuestra parte, alentaremos la búsqueda de una solución definitiva a estos flagelos que nos golpean, conversando sobre ellos con más sindicatos, federaciones y confederaciones. Organizaremos todo tipo de jornadas de discusión, elaboración y movilización, hasta poner en movimiento a cientos de miles de trabajadores y si fuese necesario, llegar a realizar una huelga general por nuestro derecho al trabajo estable y digno.
Agradecemos la acogida que brinde a nuestra presentación, tanto usted en su calidad de presidente, como a los demás señores obispos que la integran, la Conferencia Episcopal de Chile.
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