El posible fraude al Fisco que
funcionarios del Ejército habrían cometido y que ascendería a más de 100
millones de pesos, ha generado el debate por la independencia y
autonomía real que los tribunales militares tienen para investigar este
tipo de casos. Desde la fundación Ciudadano Inteligente piden que sea la
justicia civil la que aborde este caso, considerando que los
integrantes del Ejército son funcionarios públicos.
En el marco de la Ley de Lobby consideraron que este hecho, junto a otros ilícitos que se han investigado sobre posibles defraudaciones, confirma la necesidad de transparentar la agenda de los jefes de adquisiciones, dados los montos que administran y el ámbito en el que actúan.
Según la información, en el mes de abril de 2014 fueron detectadas irregularidades en el pago de facturas a terceros, por concepto de adquisición y contratación de servicios. En el supuesto ilícito se encuentran involucrados dos militares que ya estarían confesos y en prisión preventiva en calidad de autores, a disposición de la VI Fiscalía Militar.
La directora de Fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada aseguró que de acuerdo a su calidad de funcionarios públicos deberían recibir sanciones ejemplares, agregando que le preocupa que sean tribunales militares los que investiguen este tipo de delitos.
“Preocupa, no porque no sean tribunales independientes, pero si están conformados por personas de las mismas fuerzas militares, que a nosotros nos gustaría que fueran los tribunales comunes los que vieran estos delitos que son ejercidos por funcionarios públicos, como podría ser en cualquier otro servicio público. Ahora las adquisiciones siempre ha sido un tema al interior del Ejército, ha habido casos anteriores donde se habrían estado investigando posibles defraudaciones, entonces se entiende que dado los montos que manejan y el ámbito en el que ellos se mueven, es importante que los jefes de adquisiciones tengan una agenda de lobby transparente al igual que el Comandante en Jefe, por ejemplo”.
Junto con expresar su rechazo a este tipo de irregularidades, el Ejército señaló que se ordenó una investigación sumaria administrativa para determinar las responsabilidades, perjuicios fiscales y aplicar los castigos disciplinarios, independiente del juicio en tribunales.
También adoptaron medidas que incluyen la creación del departamento de Control y Fiscalización, para todo el proceso que involucran las adquisiciones.
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